Federalismo en México: es urgente reconocer que vamos muy mal

Conago

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Recientemente, la Conferencia Nacional de Gobernadores planteó una propuesta de reforma a la Constitución federal, para elevar a rango constitucional ese organismo de diálogo e intercambio entre mandatarios estatales. Aunque la propuesta parece positiva para el fortalecimiento del intercambio y los equilibrios entre los ámbitos de gobierno estatal y federal, sería necesario que junto con esa propuesta se hablara de otras que, en paralelo, equilibraran también el poder e influencia de los Gobernadores y que fortaleciera rubros como el de la rendición de cuentas.

En efecto, Gobernadores de seis estados y el Jefe de Gobierno capitalino presentaron la semana pasada una propuesta para que a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se le reconozca como institución. Ello, en el Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a los estados de la Federación y del Distrito Federal. En nombre de la Conago, su presidente, Mariano González Zarur, gobernador de Tlaxcala, hizo la propuesta ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, quienes únicamente se limitaron a señalar que dicha propuesta tendrá que ser socializada entre los integrantes del Congreso de la Unión, y sometida a un dictamen de las comisiones de estudio legislativas que correspondan.

Y es que en un primer plano, elevar a rango constitucional la Conago, parece algo necesario, aunque evidentemente lo primero que tendría que ocurrir es el establecimiento de una reglamentación específica, con fuerza de ley —no necesariamente constitucional—, que normara y formalizara los trabajos de ese espacio de diálogo e intercambio entre gobernadores, que hoy está dotada únicamente de fuerza política derivada del peso específico de sus integrantes, pero que en términos llanos carece de vida propia.

Sólo que incluso en este escenario hay cuestiones de hecho que deben ser tomadas en cuenta. Una de ellas fundamental, se centra en el hecho de que hoy los gobernadores de las entidades federativas no necesariamente son un ejemplo de equilibrio de poder y de ejercicio democrático de sus funciones. De hecho, son de las figuras más cuestionadas por la forma en que han utilizado a su conveniencia la laxitud que existe en la relación entre los poderes federales y los locales, así como la ausencia de funciones de control más estrictas entre ambos.

Ello, evidentemente, ha generado más desequilibrios que avances en cuanto al ejercicio de las funciones públicas de los gobernadores, y ha generado también cuestionamientos que no han sido lo suficientemente atendidos por quienes tienen la encomienda de ajustar las leyes a la realidad nacional. Por eso los Gobernadores en general hoy parecen pequeños virreyes que al no tener contrapesos externos —desde los poderes federales— y tener al mismo tiempo dominado su escenario interno —pues en México todos los gobernadores son más fuertes por definición frente a los demás poderes estatales— pueden lo mismo cumplir cabalmente con sus funciones que sobrepasar, a plena luz del día, sus funciones para neutralizar cualquier viso de oposición.

PROBLEMA DEL FEDERALISMO

El federalismo mexicano está trazado por dos rutas paralelas. Una es la del llamado federalismo disfrazado de centralismo; y el otro es el del llamado “feuderalismo”. Ninguno de los dos es parte de una democracia y un gobierno saludable como al que se supone que aspiramos los mexicanos.

El federalismo centralizado es nocivo porque éste sólo ha atendido a la concentración del poder por parte del Ejecutivo Federal, en detrimento de las entidades federativas. Esta forma fáctica fue la que predominó durante toda la época del priismo hegemónico, y sólo fue desterrada políticamente (pues en los asuntos fiscales del país, el federalismo sigue siendo tan débil, que por eso la federación continúa cobrando casi la totalidad de los impuestos que generan ingresos a las arca nacionales) luego de la alternancia de partidos del año 2000.

Por su parte, el feuderalismo es lo contrario. Este tiene que ver con las libertades excesivas que consiguieron los ejecutivos de los estados luego de la alternancia de partidos del año que comentamos. A través de esa figura también fáctica, las entidades se convirtieron en territorios que sólo dependen de la federación en términos del ingreso, pero que se resisten a rendir cuentas como deberían, y en los que los gobernadores dedican gran parte del tiempo a frivolidades, a tratar de entrometerse en los asuntos políticos que no son de su incumbencia, y a traficar con los recursos económicos que debieran estar destinado al desarrollo de las entidades que gobiernan.

En esa lógica, hasta hoy no había existido una definición clara sobre si los gobernadores priistas seguirían asumiendo sus libertades como hasta ahora; tampoco ha habido definiciones de si el nuevo Presidente buscará convertirse en el hombre fuerte de su partido no sólo en el ámbito federal sino también en los estados gobernados por las siglas que él representa; o si finalmente terminarán compartiendo un poder en el que todos se respetan a partir de la dinámica de no tocarse ni cuestionarse.

Ese parece ser el mensaje que está enviando la Conago al Presidente de la República, cuando el portavoz de la propuesta de constitucionalizar a ese organismo, viene de un Gobernador emanado del PRI. Parece, pues, que la idea es que México continúe con ese federalismo chueco con tal de que los poderes tanto del Presidente como de los Gobernadores entren en colisión.

Hoy en día, el Presidente lo que menos necesita es entrar en una ruta de choque con los mandatarios estatales. Y éstos parecen estar aprovechando la ocasión para fortalecerse ya no sólo en los hechos, sino ahora también en la Constitución. Ojalá esto no sea la creación de un Frankenstein que convierta en juez y parte a los gobernadores, y que no incremente sus capacidades sino su poder corruptor. No hay razón para pensar que algo así no pudiera ocurrir.

¿PROHIBIDO?

Algunas voces, como la del panista Juan José Rodríguez Pratts, reiteradamente se han pronunciado en contra de la legalización de la Conago, bajo un argumento que aunque puede ser rebatible, sí tiene lógica. Dice que ello sería inconstitucional, bajo la premisa de que el artículo 117 señala que “los Estados no pueden, en ningún caso: Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”.