Estado-magisterio: discusión sobre la reforma educativa, ¿comenzará a correr en carriles distintos?

Con la instalación de la LXIV Legislatura federal comenzó a correr la cuenta regresiva para conocer tanto el destino de la reforma educativa actual, como las nuevas directrices que marcarán el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los grupos a los que están consultando, para sustituir la actual reforma por un proceso de evaluación distinto al actual. Aunque la consulta y los foros educativos están en proceso, el espacio vacío que está dejando la incógnita sobre el destino de la reforma educativa del gobierno saliente, ha comenzado a generar rutas distintas en los derroteros posibles, que muy probablemente terminen enrareciendo —o descarrilando— la posibilidad de una segunda reforma educativa aprobada y aceptada en consenso.

En efecto, desde hace algunos días comenzó la realización de los foros relacionados con la realidad educativa. Dichos foros, fueron convocados por el Presidente Electo para definir el rumbo de la política educativa del próximo sexenio que sustituirá a la reforma educativa. “El propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio”, dijo el propio López Obrador, cuando habilitó una página web (http://porunacuerdoeducativo.com) en la que se establece que cualquier persona puede subir su propuesta sobre qué camino debe de tomar la siguiente reforma educativa, que será tomada en cuenta.

Según la convocatoria a dichos encuentros de discusión sobre el futuro de la educación en el país —uno de esos foros nacionales se realizará en las instalaciones de la UABJO, en Oaxaca—, esto ocurre por el compromiso de construir una verdadera transformación educativa, y argumentan que para ello es necesaria la participación de la sociedad; para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural”. Estos foros son organizados por el equipo de transición en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; serán en total 32 (uno por estado) y se prolongarán hasta el 29 de octubre.

Esos foros han tenido el contenido esperado. Por ejemplo, según información del encuentro celebrado hace algunos días en Puebla, se dijo que los participantes –trabajadores de la educación— plantearon al próximo Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación, homologación de pagos para los docentes de los estados y evaluación apoyada por capacitación. Éste prometió que en la próxima administración federal habrá apertura a la participación social y no habrá más reformas educativas sin diálogo de todos los involucrados: maestros, tutores, alumnos y expertos.

De acuerdo con la información, Moctezuma Barragán también dijo que otras cuestiones que planea hacer la próxima administración, son un plan educativo incluyente, fortalecer las Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional, revalorar al magisterio y respetar su autonomía, proveer de alimentos a las escuelas de educación básica marginadas, suspender cuotas para mantenimiento de las escuelas, garantizar que estudiantes no sean rechazados de las universidades públicas, brindar becas a estudiantes de nivel medio superior y superior de escasos recursos, entre otras estrategias.

CAMINOS DISTINTOS

Lo hemos apuntado aquí, y es algo bastante claro: tanto el SNTE, como su expresión interna disidente, la CNTE, tienen un consenso claro respecto a qué se debe eliminar de la reforma educativa. Ambos sectores coinciden en que el problema central se encuentra en la evaluación al personal docente, y concretamente en el hecho de que la consecuencia de esa evaluación pueda llegar a ser el cese del trabajador cuando repruebe cierto número de evaluaciones en forma consecutiva.

A pesar de que parece haber cierta claridad en ese sentido, lo cierto es que la disipación que existe respecto al tono y las propuestas que se están socializando en los foros educativos —que hasta ahora no han dejado ver que el gobierno electo tenga un derrotero y una propuesta definidos para socializar con los sectores a los que se les está consultando, y que más bien parece que los foros serían una especie de “buzón de quejas y sugerencias” pero con formato de encuentro de la sociedad— en cualquier momento puede motivar que la radicalización de las posiciones, o de las “propuestas alternas”, marque un rumbo distinto al posible para la evolución de esa reforma.

Pues, tal y como lo hemos apuntado, lo único que no podrá ocurrir es la cancelación lisa y llana de la reforma actual, pero sin la sustitución de otra redacción que garantice constitucionalmente el derecho a la educación de calidad que ya tienen los niños y jóvenes mexicanos que se instruyen en escuelas gubernamentales.

En esa lógica, vale la pena repensar las posturas que han mantenido tanto el SNTE, como la CNTE, respecto a la “reforma de la reforma” en materia educativa, y los riesgos que implican las posiciones radicalizantes que eventualmente podrían tomarse en el camino rumbo a la modificación de la Constitución federal y las leyes que actualmente rigen la evaluación educativa.

A este respecto se ha referido el investigador en temas educativos Carlos Ornelas, quien recientemente apuntaba en Excélsior (https://bit.ly/2oyFBoy) lo siguiente: “parece que los militantes de la CNTE, que alguna vez estuvieron enojados con el presidente electo hoy le dan el sí, pero con ciertas condiciones. En el otro lado, sin quedarse atrás, el SNTE también quiere que se olviden sus mohínas y regresará al carril de subordinación corporativa ante el nuevo jefe; claro, con algún provecho.

En este punto es donde radica el peligro de que una discusión, aparentemente consensada sobre la eliminación de los efectos de la evaluación docente, se desvíe a otros temas que no podrían establecerse en la ley. Pues Ornelas apunta las exigencias de la CNTE: “Líderes representantes de varias facciones de la CNTE se reunieron en la Cuidad de México el sábado 25 de agosto. Tras horas de discusión, acordaron desplegar un “Manifiesto a la Nación”, en el que exigen al Presidente electo: 1) abrogar la matriz constitucional de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias; 2) desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 3) eliminar al Servicio Profesional Docente; 4) desechar el Nuevo Modelo Educativo; 5) frenar la Reforma en Normales; 6) acabar con la autonomía de gestión; 7) prescindir del Sistema nacional de información y gestión educativa; 8) desmantelar al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo y regresar el control de la nómina a los estados; 9) finiquitar los programas de Escuelas al Centro, Escuelas al CIEN y Escuelas de Tiempo Completo; y, 10) que el próximo gobierno federal repare los daños, resuelva las consecuencias y costos provocados por la aplicación de la ley educativa.

DISCUSIÓN SIN VÍAS POSIBLES

El SNTE, por su parte, sostiene un conjunto de propuestas abstractas que más bien parecen encaminadas a que el nuevo régimen les permita seguir siendo el sindicato cogobernante que siempre han sido. Lo que preocupa, en el fondo, es la inconsistencia del gobierno electo, que no deja claro hacia dónde se pretende conducir la discusión. Ello permitirá la apertura de carriles paralelos en los que esta discusión podría terminar en las fauces del radicalismo o el detrimento de los derechos de quienes sí merecen —independientemente de cómo— educación de calidad en las escuelas de gobierno.

Por desánimo y apatía, hoy los electores son impermeables a las propuestas y los debates

Si algo parece relevante del tercer debate entre candidatos presidenciales —más allá de las pingües y ambiguas propuestas y argumentos esgrimidos por los participantes—, realizado y transmitido anoche en cadena nacional de televisión, es que a estas alturas el elector promedio ya es impermeable a cualquier tipo de propuesta o argumento que intente cambiar la opinión o tendencia del voto. Pareciera que nada de lo que dijeron los aspirantes podrá cambiar el resultado electoral. Nada, a pesar de que el espectáculo fue deplorable, rampante, ordinario y nada constructivo para la mejor democracia y el mejor gobierno al que todos se supone que aspiramos.

En efecto, la noche de ayer se llevó a cabo el tercer y último debate entre candidatos presidenciales, que organiza el Instituto Nacional Electoral. Los temas a discutir fueron crecimiento económico, pobreza y desigualdad; educación, ciencia y tecnología; y salud, desarrollo sustentable y cambio climático. En dicho encuentro no hubo sorpresas mayores: como en los anteriores, los aspirantes presidenciales ofrecieron pocas propuestas, muy pocas cifras, y una ausencia casi total de argumentos concretos para abordar cualquiera de los tres ejes planteados para la discusión.

Acaso, lo más relevante no fueron las acusaciones de Ricardo Anaya contra Andrés Manuel López Obrador, o los desmentidos de José Antonio Meade sobre los números que ofrecían sus adversarios, al apelar a su experiencia en la administración pública y particularmente por su paso en dos ocasiones por la titularidad de la Secretaría de Hacienda. Fuera de eso, y para sorpresa —y desilusión— de los mexicanos, lo más relevante fue exactamente lo que no ocurrió: que, para bien o para mal, el desempeño de cualquiera de los aspirantes presidenciales lograra cimbrar al electorado, y que eso fuera un factor para una variación en las tendencias electorales.

En esa lógica, y como antecedente de contexto, vale la pena considerar el hecho de que en ningún momento de la presente campaña presidencial —desde su inicio, en las precampañas de noviembre pasado— se han movido las tendencias electorales. Pareciera, pues, que tanto los debates como las campañas proselitistas y las actividades de todos los candidatos, no han servido sino para consolidar una tendencia que hoy pareciera que podría ser la misma independientemente de que hubieran existido o no los periodos de proselitismo electoral.

Esto es patético porque justamente la contienda electoral está hecha para el contraste de ideas —y la toma de decisiones, a partir de ello—, y no para las tendencias inerciales determinadas por un electorado que parece haber decidido anticipadamente y con independencia del desempeño de los candidatos. Anoche, esto fue lo que más quedó claro. ¿De qué hablamos?

CANDIDATOS VACÍOS Y ELECTORES IMPERTURBABLES

De que, en esencia, ya no parece haber forma —y parece que en toda la campaña no la hubo— de cambiar la tendencia del voto. Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio, se mantuvo en un cómodo primer lugar en las preferencias electorales, que no se ha movido a pesar de la nulidad que ha sido como candidato.

En esa lógica, vale la pena explicarse: durante toda la campaña —y a pesar de los 12 años que lleva como candidato continuo— López Obrador no ha sido un abanderado presidencial capaz de articular propuestas viables y posibles, sino que ha sido un político manteniendo una inercia favorable a través de la alimentación al público con lugares comunes, arengas, proclamas y ambigüedades, que a cualquier elector crítico y razonable le parecerían impropias de alguien con tanta popularidad y respaldo ciudadano como el que tiene Andrés Manuel.

Ahora bien, en su propio contexto Ricardo Anaya Cortés es también producto de la apatía ciudadana. Luego de todos los escándalos de corrupción en que se le ha involucrado, y ante la existencia de pruebas concretas que demuestran su poca capacidad de sostener su honestidad, cualquier otro candidato presidencial, en cualquier otra democracia más o menos conformada como la nuestra, no habría tenido cómo sostenerse.

Anaya lo ha logrado no porque sea inocente o porque lo respalde un sector importante de la población, e incluso tampoco gracias a las sólidas militancias panista y perredista que se supone que lo avalan. En realidad, Anaya se ha sostenido como candidato presidencial gracias justamente a que a la mayoría de los electores le resulta intrascendente o poco atractivo exigirle la renuncia a su candidatura presidencial. Por eso, el Anaya actual es también producto de la indolencia ciudadana, y no de su capacidad para denunciar la persecución del gobierno federal o la malversación de recursos públicos en su contra.

Algo similar le ocurre a José Antonio Meade. No ha sido mal candidato; todos reconocen que es cualquier otra cosa, menos un improvisado, y aún así no ha sido capaz de crecer electoralmente. ¿La razón? Que a la ciudadanía no le interesa escucharlo ni respaldarlo, simplemente porque es el candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional y la alianza que siempre los ha acompañado. A pesar de todo, Meade parece ser un candidato intrascendente de origen porque la ciudadanía no tiene ganas ni siquiera de conocer qué propone ni cómo podría enfrentar algunos de los problemas nacionales. De nuevo, pareciera que su agonía como candidato es resultado de una decisión anticipada de los ciudadanos, a quienes no les interesa ninguna propuesta ni tampoco los perfiles personales, porque todo fue decidido anticipadamente, y porque parece que no existe —nunca exisitó en esta campaña— la posibilidad de una idea que generara una conexión o sinergia positiva entre el elector y el ciudadano.

Al final, también Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, es resultado de eso mismo. A pesar de ondear la bandera de una candidatura presidencial independiente —algo que se antojaba imposible hace apenas pocos años— y de ser un candidato dicharachero y ocurrente, a muchos electores parece justamente no gustarles —y por eso su resistencia y/o negativa a manifestar cualquier tipo de apoyo al neoleonés— que Rodríguez Calderón no tenga partido. No le han cobrado sus ocurrencias, ni sus propuestas disparatadas como la de cortarle las manos a los corruptos. Incluso, tampoco le han cobrado la incongruencia de dejar tirado un gobierno estatal para ir tras otro cargo. Al Bronco le cobraron en general, la osadía de salirse del sistema. Y eso es lo que lo tendrá hasta el final en el sótano de las encuestas.

IMPERMEABLES

¿Esto qué demuestra? Que hay electores impermeables. Que a esos electores no les interesan las propuestas ni el desempeño de los candidatos. Que, en la generalidad, hay una decisión anticipadamente tomada. Y que ese podría ser el destino manifiesto de una nación que, en estos días, se estará jugando mucho más que la elección de su próximo Presidente.

Encarar la desaparición forzada de personas, será uno de los temas ineludibles para el próximo gobierno

Dentro de las muchas referencias que a estas alturas de las campañas presidenciales, los ciudadanos ya tenemos sobre la vaguedad de las propuestas y planteamientos de los candidatos, hay uno de enorme sensibilidad por el que prácticamente se ha pasado por alto: la de la necesaria justicia que debe procurarse a los miles de desaparecidos que hay en el país, y particularmente a quienes reclaman la comisión del delito de desaparición forzada de personas. No sólo se trata de los 43 de Ayotzinapa, sino de todas las personas que siguen sin justicia y sin consuelo en México, al no tener ni siquiera certeza de dónde se encuentran los restos de sus desaparecidos.

En efecto, los desaparecidos constituyen uno de los temas más sensibles y dolorosos para la nación mexicana. Por nación debemos entender el conjunto poblacional que comparte coincidencias sociales y políticas, y que es quien le da sustento y legitimidad a las potestades del Estado como ente soberano. En México, una de las situaciones recurrentes en el marco de violencia y criminalidad que ha azotado al país en los últimos tiempos —más allá de la llamada guerra contra el crimen organizado—, ha sido la denuncia relacionada con la desaparición de personas, sin pasar por alto que en no pocos casos se acusa y se responsabiliza al propio Estado por la comisión del delito de desaparición forzada de personas.

En este sentido, uno de los casos recientes más emblemáticos es el de la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues más allá de cualquier proclama o consigna política o electoral —que hoy abundan—, lo que es cierto es que el Estado mexicano no ha tenido la disposición suficiente para investigar a fondo no sólo la forma en la que esos jóvenes fueron detenidos y desaparecidos, sino también a los responsables. Junto a ello, una de las cuestiones que debiera apremiar al propio Estado —sobre todo, de cara al futuro en el que hoy todos los aspirantes presidenciales prometen justicia y bonanza—, tendría que ser la relacionada con el reconocimiento de su responsabilidad institucional en estos hechos, y con la reparación respectiva.

Ahora bien, la Corte estableció que el delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica (Tesis aislada. Registro: 2007426. Septiembre de 2014. Semanario Judicial de la Federación).

Incluso, al establecer la Corte dicho criterio, dijo también que el legislador estableció que en el caso de las autoridades jurisdiccionales, éstas tienen el deber de proveer de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido una demanda de amparo, “pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad —como lo es la desaparición forzada de personas—, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional”.

ES EL ESTADO

Lo que sigue es comprender por qué si no fue el Presidente Enrique Peña Nieto quien ordenó o toleró la detención-desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y que si incluso tampoco fueron otros funcionarios estatales de primer nivel como el entonces gobernador guerrerense Ángel Heladio Aguirre Rivero, de todos modos —como dice la proclama, repetida hasta el cansancio por los detractores del actual gobierno, aunque quién sabe qué digan si el 1 de julio gana su candidato— sí fue el Estado.

Sobre este punto, apuntaba Alonso Madrazo (http://bit.ly/1tygiLH) que en el debate público y en las redes sociales se dice, por algunos, que el presidente Enrique Peña Nieto es el culpable por los lamentables hechos de Ayotzinapa. En este punto particular, Madrazo se atrevía a decir con total seguridad, que esta conclusión era errónea.

“Para que Enrique Peña Nieto sea responsable individualmente por los hechos de Ayotzinapa, su conducta tendría que encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 del Estatuto de Roma que, en general, dispone que un individuo será criminalmente responsable si se acredita que fue el que cometió, ordenó, facilitó o que contribuyó en la cristalización del crimen internacional. Por lo anterior, me parece casi imposible sostener un argumento en el cual se trate de atribuir responsabilidad individual a Peña Nieto, sin perjuicio de la responsabilidad que probablemente pudieran afrontar otras autoridades involucradas directamente con los hechos que han conmocionado al país.

Ahora bien, por otro lado, si estamos en un supuesto de responsabilidad estatal, la pregunta podría ser la siguiente: ¿es atribuible al Estado mexicano la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa? O, de manera breve, ¿fue el Estado? La respuesta es un categórico sí.

De acuerdo al derecho internacional es necesario que existan dos elementos para que se considere que haya responsabilidad internacional estatal: Artículo 2: Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado. Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.

Ahora bien, en el artículo 4º se define que conducta es atribuible al estado. Artículo 4: Comportamiento de los órganos del Estado. 1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado.

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Frente a todo esto, quedan algunas preguntas: ¿Independientemente de quién gane la presidencia, habrá voluntad para comenzar el proceso de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado por las desapariciones forzadas? ¿Habrá capacidad y disposición para investigar estas graves violaciones, caiga quien caiga? En este punto tan sensible, la agenda debe abandonar su carga partidista y electoral, y situarse como uno de los puntos que más lastima y agravia a los mexicanos, y que por ese solo hecho no puede continuar con la política de apatía y menosprecio que ha seguido hasta ahora.

Después de la elección del 1-J, ¿será el principio del fin de los partidos en México?

La falta de claridad y congruencia en los planteamientos y decisiones básicas de los partidos políticos en México, contribuye a la gestación de una crisis que podría ser de dimensiones mayúsculas. Independientemente de la efervescencia electoral, y de la forma en que se están confrontando los candidatos en busca de la conquista del voto popular, lo cierto es que los partidos y las ideologías atraviesan por una crisis profunda de identidad y de credibilidad. ¿Será que después de la elección presidencial veremos desaparecer a los partidos actuales y, quizá, el surgimiento de nuevas organizaciones políticas?

En efecto, en todo el país hay una situación bipolar entre partidos y candidatos: mientras los primeros agonizan en sus respectivas crisis de legitimidad y de congruencia, los candidatos parecen ser los primeros contribuyentes a esa crisis de fondo. Es cierto que la elección presidencial crea un clima artificial de ánimo y revitalización de las fuerzas políticas, gracias a las campañas y al enorme derroche de recursos —públicos— que éstas traen aparejado.

No obstante, después de la jornada electoral, cuando se sepa quién ganó y quiénes perdieron la elección presidencial, y cómo se compondrá el nuevo mapa legislativo y de los gobiernos de las entidades federativas, de manera irremediable ocurrirá el cobro de facturas y las purgas al interior de los partidos, que bien podrían terminar —cada una en su propio contexto— con la desaparición de las fuerzas actuales.

Afirmar lo anterior tiene su fundamento en la crisis moral que enfrentan los partidos hoy en día, así como en los ajustes de cuentas internos que ocurren cuando se gana, pero sobre todo cuando se pierde el poder político. Si repasamos la situación actual de los partidos, veremos que, en sus respectivas circunstancias, no distan mucho unos de otros. Veamos.

El Partido Revolucionario Institucional, por un lado, vive una crisis profunda basada en que, primero, no tiene un candidato propio; segundo, en que está pagando por los excesos cometidos por muchos priistas —el Presidente, funcionarios federales, gobernadores, legisladores, etcétera— durante este breve retorno al poder presidencial; y tercero, porque no ha sido ajeno a la profunda crisis ideológica que afecta a todos los partidos, lo que reiteradamente lo sujeta a vaivenes respecto a la forma en que concibe y enfrenta problemas y temas sensibles frente a la ciudadanía, máxime con su candidato que parece más cercano a la derecha, que a las posiciones de centro izquierda, de las que se supone que el PRI ha sido garante durante décadas.

De hecho, como marca frente al reconocimiento de la gente, el PRI está padeciendo los resultados de gestiones gubernamentales desastrosas, así como también de no haber comprendido que el ejercicio del poder público no podía ser el mismo en la actualidad, que como fue en los años del régimen de partido hegemónico, en donde la ciudadanía tenía una participación limitada, y en donde había una suerte de resignación sobre la forma en que la clase política ejercía sus funciones incluso excediéndose, sin que eso impactara en cuestiones electorales, que también eran controladas por el aparato gubernamental.

Ahora bien, el Partido Acción Nacional vive un desmoronamiento material que ahora no se ha podido ver en una dimensión real, también gracias a que el proceso electoral ha sido una especie de analgésico frente a una infección que lo tiene amenazado de muerte. ¿Por qué? Porque, por un lado, el PAN nunca pudo estabilizarse luego del ajuste de cuentas interno derivado de la pérdida de la Presidencia de la República en 2012. Más bien, del pleito entre panistas salió beneficiado un vivales (Ricardo Anaya) que con traiciones y acuerdos cupulares se quedó con la dirigencia nacional del partido, y luego lo alió con sus adversarios para esta elección presidencial.

Evidentemente, no se puede hablar de la crisis panista sin tocar la que particularmente vive el PRD. Ambos partidos están totalmente desnaturalizados gracias a que trabaron una alianza pragmática, sin principios y sin derroteros definidos. Su candidato presidencial común, Anaya, dice que está en contra de temas como la legalización de la mariguana o los matrimonios igualitarios, con lo que formalmente pisotea la ideología de su aliado. Lo más lamentable es que el PRD está políticamente desfondado (gracias a Morena y a Andrés Manuel López Obrador), e ideológicamente está vacío, ya que luego de ser el principal garante de la izquierda en México, hoy son una comparsa vil de sus contrapartes, en una elección en la que, ni siquiera ganando, podrían conseguir algo de supervivencia frente a sus inconsistencias de fondo que la ciudadanía les viene cobrando desde hace varios años.

EN MORENA TAMBIÉN

Está equivocado quien crea que no va a ocurrir un cisma al interior de Morena, incluso ganando la elección presidencial. Si el resultado es derrota, ese partido quedará desfondado si Andrés Manuel cumple la promesa de no volver a ser candidato presidencial —lo cual es posible por la sola cuestión de la edad—, pues en Morena nada tiene más valor y en nada están mejor anclados que en la figura del tabasqueño. Sin él, quién sabe si el destino y la aceptación de ese partido siga siendo la misma en los siguientes años.

¿Y si ganan la elección? Andrés Manuel ha reiterado sostenidamente que todos los acuerdos que ha ido trabando tienen como objetivo el 1 de julio. Después, ha dicho, todos los que se incorporaron a Morena pueden regresarse a sus partidos y filiaciones políticas de origen. ¿Qué significa eso? Que no habrá una cohesión política donde tampoco existe ninguna otra identidad más que la de ganar una elección. Al final, eso abre la posibilidad tanto a que esos espacios se mantengan a partir de la búsqueda de intereses comunes —lo cual es posible—, como también a que exista un proceso de segregación de los aliados actuales, o de desencanto al interior de Morena.

Ocurrirá, si ganan la elección presidencial, que Andrés Manuel no querrá compartir el poder que llegaría a tener, porque es una condición casi natural del poder político la concentración y la resistencia a dividirlo. Menos en una persona como Andrés Manuel. Por eso, es también posible que aún en la victoria, Morena sufra desagregaciones importantes en el corto o mediano plazo, y que también se vaya clarificando el hecho de que no es un partido de izquierda, de que su principal figura política tampoco tiene convicciones respecto a ello, y que por eso haya quienes decidan irse a buscar —o a fundar— otras opciones políticas en las que sí exista identidad.

CRISIS COMPARTIDA

Al final, queda el hecho de que casi independientemente de cómo se resuelva la elección presidencial, a partir del día siguiente todos los partidos vivirán momentos de incertidumbre, porque entonces es cuando iniciará la resaca de su pragmatismo, de su desarraigo, y de la falta de identidad que los tiene, a todos, al borde del colapso.

AMLO demuestra poca consideración por los principios esenciales de la Constitución

 

A pesar de que en México existen algunos principios constitucionales básicos, que se supone que toda persona interesada en la vida pública debería conocer, respetar y ponderar, sigue sorprendiendo que haya quienes aspiran al máximo cargo político del país —la presidencia de la República— y no conozcan, o no respeten la Constitución. Es el caso del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que insiste en sugerir nombres para cargos públicos en los que se supone que el Titular del Ejecutivo federal no debe incidir, o para los cuales existen impedimentos constitucionales basados en principios históricos.

En efecto, en enero del presente año López Obrador presentó una propuesta de quién, según su consideración, debería ser el Fiscal General de la República, el Fiscal Anticorrupción, y el titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. En el planteamiento, para Fiscal General de la República, López Obrador dijo que la terna estaría conformada por Eva Verónica de Gyves Zarate, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz Vázquez.

Según Andrés Manuel, en la Fiscalía Anticorrupción, nombramiento que lleva dos años pendiente en el Senado, propondría a María de la Luz Mijangos Borja, Diana Álvarez Maury y Ricardo Peralta Saucedo. Mientras que la terna para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la integrarían María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y José Agustín Ortiz Pinchetti.

Dichas propuestas, fueron de entrada objetadas bajo dos argumentos sustantivos. El primero, respecto a que no existe aún la declaratoria expresa de entrada en vigor de la reforma constitucional, que establece el tránsito de la actual Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la Nación. El segundo, que es aún más importante, radica en el hecho de que según las reglas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es una facultad de inicio del Presidente de la República emitir una terna para la elección de quienes ocuparán esos cargos.

¿Qué dice la Constitución? El apartado A del artículo 102 de la Constitución federal, establece que la Fiscalía General de la República será un órgano constitucional autónomo; que el Fiscal General durará nueve años en el encargo, y que será designado confirme a las reglas siguientes: I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a dichas reglas. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.

  1. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.

III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.

¿El resumen? Que la facultad inicial de proponer a los prospectos para Fiscal General, es del Senado; que el Presidente sólo puede hacerlo cuando la cámara alta no cumpla con su facultad; que, sólo cuando se haya cumplido el requisito del Senado para la presentación de la lista de 10 candidatos, el Ejecutivo puede presentar una terna de entre los previamente designados; y que sólo así podrá ser designado el Fiscal, además del establecimiento de un sistema de contrapesos frente a la posibilidad de que tanto el Senado como el Ejecutivo no cumplan en tiempo con sus deberes.

En este caso, ¿cómo queda la “previsión” de AMLO sobre sus ternas para Fiscales? Como una demostración de desconocimiento o de desprecio a lo que dice la Constitución.

OTRO EJEMPLO

Ayer, López Obrador volvió a la carga contra la Constitución. Afirmó que ‘le gustaría’ que el padre Alejandro Solalinde presida la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y también sostuvo que le gustaría que el activista Javier Sicilia, estuviese en la comisión. “Me gustaría, nada más que la ley no lo permite y ellos no aceptan, que el padre Solalinde fuera el encargado de los derechos humanos y que Javier [Sicilia] estuviese en la comisión, ayudándonos para encontrar a los desaparecidos”.

Luego, Andrés Manuel justificó su deseo: “Quiero el apoyo de gente buena, gente con buenos sentimientos, nosotros en esencia lo que buscamos es que se lleve a la práctica la máxima filosófica que viene de lejos desde antes del cristianismo, queremos que se aplique el amor al prójimo, luchamos por el bienestar material y el bienestar del alma. queremos justicia, queremos felicidad, queremos amor”, dijo.

Todo eso puede ser aceptable. El problema es que, de nuevo, la Constitución federal no establece la posibilidad de que el Presidente de la República proponga o nombre al Titular de la CNDH o a los integrantes del Consejo Consultivo. Al respecto, el sexto párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional, establece: “La CNDH tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores (…) La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. Luego se establece que el Titular de la Comisión será electo con el mismo procedimiento que los integrantes del Consejo.

DESPRECIO

Aún así, hay un escollo más grave: para el ejercicio de cualquier cargo público en México, la Constitución establece la prohibición de ejercer cualquier tipo de ministerio religioso. Y, de hecho, en el artículo 40 de la Constitución, se establece que uno de los principios bajo los cuales está estructurado el Estado mexicano, es el de la laicidad; con lo cual —lo acepta Andrés Manuel, aunque no parece importarle mucho— sería imposible que un personaje como el cura Alejandro Solalinde pudiera ser titular de la CNDH. ¿Qué refleja todo esto? Que, o el tabasqueño desconoce la Constitución; o que aún conociéndola, le profesa tanto desprecio, que por eso no se detiene al tratar de pasar por encima de sus disposiciones.

¿Cómo tendría que discutirse una potencial “contrarreforma educativa”, luego del 1-J?

Hasta el momento parece que todas las miras están puestas en el día de la jornada electoral del 1 de julio próximo, como si esa fuera la fecha cumbre para el país. Lo será sólo durante ese día. Sin embargo, el resultado de esa jornada electoral será decisivo para los pasos que deba dar el próximo Presidente de la República, a partir no del 1 de diciembre, sino del día siguiente de los comicios. En un escenario posible, en el que pudiera triunfar Andrés Manuel López Obrador, vale la pena analizar algunas de las coordenadas que serían indispensables para la discusión de una posible contrarreforma educativa.

En efecto, parece claro que ni el primer debate entre candidatos presidenciales ocurrido el pasado domingo, ni cualquier otro de los hechos conocidos hasta el momento, ha tenido la capacidad de cambiar la inercia de las preferencias electorales. En todas las mediciones, Andrés Manuel López Obrador se encuentra no sólo a la cabeza, sino también muy por delante de sus más cercanos competidores. Ante ello, se ve cada vez más claro cómo comienzan a entrelazarse los intereses del Partido Revolucionario Institucional, y los de la alianza PAN-PRD para tratar de detener al tabasqueño.

En respuesta a ello —es decir, como grupos no sólo a favor de López Obrador, sino interesados en el cumplimiento de sus promesas si llega a la Presidencia— existen algunas expresiones políticas que parecen surgir no sólo con miras a la elección del 1 de julio, sino para los procesos siguientes.

Uno de esos grupos, que aparece con fuerza en Oaxaca, es el Frente Estatal Popular Progresista, el cual está compuesto por personas provenientes de distintos gremios y actividades productivas —entre varios otros grupos, integrantes de la Sección 22 del SNTE,  o el ex diputado local Jefté Méndez— y que ha sostenido que tiene como primer objetivo el cuidado y la defensa del voto a favor de López Obrador el día de la jornada electoral; pero que desde el inicio parece ser uno más de los sectores que podría, y debería, sumarse a la enorme discusión nacional que asimismo debería surgir, a partir de la propuesta de modificar o eliminar la reforma educativa de la Constitución federal.

De hecho, tal parece que esa discusión será necesaria independientemente de si llega o no a ganar López Obrador la Presidencia de la República. La razón de fondo radica en que de todos modos el esquema de evaluación docente necesita cambios, y que esos cambios invariablemente tratarán de ser empujados por todos aquellos grupos que hoy están viendo los primeros efectos de la reforma educativa, y que no tardarán en manifestarse frente al nuevo gobierno para exigir los ajustes que podrían ser necesarios.

Parece entonces que al margen de que López Obrador llegue a la Presidencia, de todos modos abrió una especie de caja de pandora relacionada con la reforma educativa. No habrá forma, independientemente de quién gane la Presidencia, de detener a innumerables grupos tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y de otras expresiones minoritarias y que pudieran surgir al interior del gremio magisterial nacional, que quizá antes de que termine el año planteen a la nueva administración federal, o una reforma integral, o un replanteamiento, e incluso una contrarreforma, relacionada con la educación pública y con la forma en que ésta se evalúa.

Será un tema de la mayor trascendencia, el cual es necesario ir viendo desde ahora.

CONDICIONES SOCIALES

Existe una especie de coincidencia disimulada entre diversas expresiones magisteriales, respecto a la evaluación docente. Esa coincidencia, hasta ahora poco vista, apunta al hecho de que la evaluación fue confeccionada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, sin considerar que son muchos factores sociales los que influyen en el aprovechamiento de los niños que reciben educación pública, y que al mismo tiempo de implementar procesos de evaluación, era necesario también impulsar mecanismos de regularización para los trabajadores de la educación en todo el país.

Esto parece algo menos complejo de lo que es. Según esa visión, para lograr resultados verdaderamente aceptables en una evaluación docente es necesario que existan las condiciones mínimas de aprovechamiento para todos los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas. Ello, dicen, no sólo implica que puedan acceder a clases todos los días, sino también que cuenten con alimentación mínima, un entorno familiar y comunitario seguro, y una infraestructura educativa que les permita cubrir sus necesidades básicas.

El problema, señalan, es que a lo largo y ancho del país hay miles de escuelas que no tienen ni la infraestructura indispensable. Es decir, no tienen pisos de cemento firme, no tienen muros y techos sólidos, no tienen agua potable, energía eléctrica, drenaje, sanitarios y áreas mínimas de esparcimiento. Si muchas escuelas del país no tienen eso, muchas más no cuentan con lo necesario para potenciar el aprovechamiento de los educandos a través de materiales educativos, tecnología, e incluso los libros y los materiales que son indispensables para las actividades cotidianas.

Si todo eso está del lado social, también reconocen que el Estado debería considerar más las condiciones en que se ha formado el magisterio desde hace años. En las escuelas normales del país se han anidado vicios que hoy impactan en la preparación mínima de los maestros. Por esa razón, no todos los profesores del país son capaces de aprobar dignamente la evaluación, y a muchos de ellos ni siquiera les son suficientes los cursos de actualización que se les ofrecen para poder superar una primera calificación reprobatoria.

En el fondo, sostienen, es positivo que el Estado quiera evaluar la calidad de la educación. Pero debería hacerlo no en un escenario fantasioso, sino considerando la realidad de la educación en el país. Esa realidad debe considerar que hay millones de niños que llegan a la escuela con hambre; que las condiciones en las que reciben instrucción son inadecuadas, riesgosas e insalubres, y que los profesores —no todos, pero sí muchos— tienen también deficiencias estructurales en su formación como docentes, que primero deben ser corregidas antes que evaluadas.

DISCUSIÓN INMINENTE

Al final, esta será una de las discusiones que muy posiblemente ocurran independientemente de quién sea el próximo Presidente de México. Queda claro que esa visión no es ni radicalizada ni entreguista, pero quizá sea una de las posturas más razonables respecto a por qué sí debe ser revisada la reforma educativa. No para derogarla sino más bien para hacerla más acorde a la realidad de la mayoría de las escuelas, de los maestros, y de los niños mexicanos.