La Ley Educativa no resolverá el problema, sólo lo cambiará de manos

Ley Estatal de Educación

+ Congreso, lleno de pretextos para evadir un camino que tiene más retos


Según el presidente de la Comisión Permanente de Educación en la LXII Legislatura estatal, el diputado perredista, Jesús López Rodríguez, está “listo” el dictamen de la nueva Ley Estatal de  Educación para ser presentado al Pleno. Dice, sin embargo, que ese dictamen enfrenta varios problemas relacionados con el consenso entre las fracciones parlamentarias. Y lo que no reconoce —o no quiere hacerlo— es que una vez que se apruebe la ley educativa, ellos mismos seguirán teniendo muchos problemas que deberían enfrentar desde el dictamen, y no en posteriores amparos o controversias constitucionales, que ya están anunciadas.

En efecto, según el diputado López Rodríguez, que el dictamen no ha podido ser llevado a la agenda legislativa debido a que “no tenemos mayoría ni en comisiones unidas y estamos entrampados legalmente”, dijo en una nota publicada por TIEMPO en su edición del pasado sábado. En este sentido el presidente de la Jucopo, Félix Serrano Toledo, acusó como responsable del retraso legislativo a la fracción parlamentaria del PRI, “que solo ha buscado valer su propio interés político”.

Dijo además —y hay que ver con cuidado esta explicación— que “nos hemos entrampado en temas de índole político con respecto a la ley educativa que nos han impedido trabajar con las comisiones unidas para un dictamen conjunto; existen 2 dictámenes, uno que lo firmarían siete y otro que lo firmarían ocho, pero esos tampoco han pasado al pleno”,  explicó Serrano Toledo.

¿Qué significa esto? Que en realidad no hay un consenso total respecto a lo que pueda ocurrir con la nueva ley educativa, y que el diferendo es por cuestiones políticas que, según las propias explicaciones ofrecidas por el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no han pasado por ningún tema técnico, y tampoco por el tamiz de la posible constitucionalidad y convencionalidad de los dictámenes, que son cuestiones fundamentales que los propios legisladores tendrían que estar resolviendo de antemano para no generar un Frankenstein legislativo que en el futuro inmediato le siga dando problemas a la entidad con el manejo educativo.

Y es que resulta que lo único que se puede explicar —en caso de que sea cierto lo que dice Serrano Toledo— es que la fracción priista es quien no quiere participar en las discusiones, que además no quiere firmar ninguno de los dictámenes y que por ende no hay un consenso. Concretamente, se habla de conveniencias, pero no de una oposición basada en la improcedencia o inviabilidad de los proyectos de ley que están contenidos en los dictámenes.

Así, lo que podría ocurrir es que, de llegar uno de los dos dictámenes al pleno legislativo para su aprobación, la LXII Legislatura sólo transformaría el problema que hoy tienen los diputados por la falta de ley, en uno de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas. En uno de los frentes estaría el propio gobierno federal atacando la constitucionalidad de la ley educativa aprobada en Oaxaca a través de una nueva controversia constitucional; y por el otro, se hallarían con la propia Sección 22 que intentaría recurrir o a amparos, o a pactar con el régimen que una minoría legislativa (sería paradójico que esa minoría fuera priista) atacara la nueva ley mediante una Acción de Inconstitucionalidad. Las rutas ya están marcadas.

Y el problema es que el Congreso parece no alcanzar a prever ninguna de esas dos posibilidades.

ACCIONES VENIDERAS

Si el Congreso emite una ley educativa, la que sea, entonces en automático provocará el sobreseimiento de la controversia constitucional que el gobierno federal presentó hace casi un año en contra del Poder Legislativo de Oaxaca, ya que ésta tenía por objeto combatir la omisión legislativa. Es decir, que habiendo ya una ley no habría materia para continuar ese juicio.

¿Qué pasaría? Que, seguramente, de inmediato el gobierno federal trataría de ir a combatir los posibles preceptos que pudieran ser considerados como inconstitucionales. Eso lo haría a través de una nueva controversia constitucional, ya no atacando la omisión de emitir la ley, sino el hecho de que su contenido no se ajusta a lo que establece la Constitución de la República. Ello sería, de entrada, un cuestionamiento de fondo al trabajo legislativo del Congreso de Oaxaca, que es el responsable de emitir una norma apegada al orden constitucional, y que entonces se reputaría que no cumplió con dicha encomienda.

Ahora bien, en otro frente, paralelo a éste, los integrantes de la Sección 22 —profesores de ascendencia indígena, que demostraran pertenecer a una etnia, por ejemplo— buscarían que se declarara inconstitucional la ley emitida, a partir de un argumento que hoy es ampliamente aceptado por los tribunales federales de control constitucional: se dolerían contra la ley, en la vía de amparo, porque ésta no pasó por el consenso de los pueblos indígenas. Esto porque el derecho a la consulta (establecido en el Convenio 169 de la OIT) dispone que se debe consultar a los pueblos indígenas cuando se tomen medidas legislativas que incidan en su vida cultural, social o política, y en este caso el Congreso no lo hizo.

La Sección 22 ya tiene perfectamente delineada esta ruta. Ellos fueron quienes hicieron los 37 foros regionales, y fueron quienes supuestamente generaron el consenso que tiene el proyecto de ley que está reflejado en los dictámenes del Congreso local. Lo interesante es que en este caso ellos mismos están reconociendo que su trabajo no sería válido, y hasta pareciera que por eso delinearon una ruta de trabajo aparentemente equivocada en la forma del consenso, para luego tener las bases para ir a combatir el contenido de la norma (que no se ajusta a sus intereses) a través de un mecanismo como éste.

Incluso cabría la posibilidad de que una minoría legislativa pidiera la revisión constitucional de la ley educativa. Esa es una arista interesantísima que vale la pena ser analizada por separado, en nuestra entrega de mañana.

SEDESOL

Los funcionarios federales encargados del trabajo social deberían tener más cuidado en su función. El delegado de Sedesol en Oaxaca (que es hermano del Secretario de Organización del CEN del PRI) organiza eventos, en tiempos electorales, a los que viene la secretaria Rosario Robles, y en los que sienta en primera fila a candidatos a diputaciones federales por ese partido. ¿De plano es tanta la desesperación? ¿O es que se les agotó la prudencia y el pudor? Son preguntas.