Migrantes: por qué el gobierno disimula

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+ Tres niveles de gobierno, atiendan casos

 

Dedicado a la memoria de mi

padre, a 11 años de su fallecimiento.

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, vino ayer a Oaxaca a hacer lo que debió hace mucho: atender, personal y preocupadamente, las denuncias sobre abusos cometidos en territorio mexicano en contra de los migrantes y transmigrantes; lo mismo ocurre con el gobierno de Oaxaca. Y algo más o menos similar debía ocurrir con los gobiernos municipales involucrados, que siempre han hecho oídos sordos a esta problemática.

La migración y transmigración en México (que se diferencian una de la otra, por la migración de nacionales hacia el norte, en la primera acepción; y la internación que hacen personas provenientes de naciones ubicadas al sur de la frontera mexicana, con el objeto de llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica, en el segundo de los términos), son dos fenómenos que tienen varias décadas ocurriendo de forma continuada.

Junto con esos fenómenos, también son ya añejos los abusos que cometen todos aquellos que tienen posibilidad de aprovecharse de la vulnerabilidad de esos hombres, mujeres y niños, que van en busca del tristemente célebre —para nosotros— “sueño americano”. Si todo esto siempre ha ocurrido, ¿por qué entonces hasta ahora el gobierno mexicano se preocupa por la situación de esas personas, y decide tomar acciones para tratar de erradicar vicios hondamente arraigados?

La respuesta, parece obvio, no se encuentra en cualquier tipo de interés genuino por atender la problemática, sino más bien por la presión de la opinión pública, y por la necesidad de legitimarse como un régimen que atiende los derechos humanos… al menos en esa vertiente.

México, como es bien sabido, se encuentra inmerso en una profunda lucha criminal, en la que él mismo ha cometido una cantidad infinita de errores y excesos, que hoy le están costando mucho en cuanto a la preservación de su imagen. Aunque en el fondo la guerra contra el crimen organizado constituye una iniciativa loable y ciertamente incuestionable para todo gobierno democrático, también lo es que esto le ha originado una serie de problemas que en mucho tienen que ver con el respeto a los derechos humanos.

Y es que así como es incuestionable la guerra anticrimen, también es imposible de negar que en esta carrera el gobierno ha pisoteado en más de una ocasión el Estado de Derecho, las garantías de las personas, y ha trastocado también los cimientos sobre los que se funda la gobernabilidad. Y por eso mismo, hoy la opinión pública le cuestiona muchísimo —quizá más que cualquier otra cosa, y sólo comparado con la pérdida de la paz— el hecho de que no exista un mayor grado de respeto a los derechos humanos.

¿Qué tiene que ver esto con los migrantes? Esto se entrelaza, por el solo hecho de que uno de los blancos más vulnerables y recurrentes tanto de criminales como de agentes corruptos del Estado, son precisamente los migrantes. Éstos son una carne de cañón perfecta, que sirve como fuente inagotable de recursos para quien pueda explotarlos; y que sin embargo, ni por convicción ni por nada han sido atendidos por las fuerzas de seguridad, más que para también hostigarlos, vejarlos, traficar con ellos y, en el mejor de los casos, deportarlos.

CHOQUE DE VISIONES

Habría que pensar qué hacer con los migrantes. Ciertamente, en este punto chocan frontalmente la visión legalista, que dice que al tener una situación ilegal, el Estado no puede hacerse cargo de los migrantes y transmigrantes que cruzan la frontera de México sin documentos, o que intentan llegar al límite norte para alcanzar Estados Unidos, con aquella que dice que independientemente de cualquier calidad que pudiera tener, éstos son personas y se encuentran tutelados por las leyes mexicanas, así sea en cuanto a algunos derechos fundamentales determinados.

¿Qué hacer con ellos? Lo que sistemáticamente ha hecho el gobierno federal, es negarlos, menospreciarlos y, por si fuera poco, ocultarlos. Los ha negado, porque largamente ha dicho que tal problema es un mito, que las fronteras mexicanas son seguras y que el territorio mexicano también lo es; los ha menospreciado, porque al no ser un “mercado” político ni electoral importante —es decir, la atención del problema no se traduce en votos o en capitales determinados denominados “ciudadanos”, porque aquellos no lo son— tampoco ha habido voluntad por hacer algo para remediar o al menos dar atención a la problemática.

Y los ha ocultado, porque incluso cuando masivamente se dieron a conocer las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos de que eran objeto, y de los abominables actos que cometían en su contra los grupos criminales, primero optaron por ceñirse a su visión legalista, a través de la cual dijeron que no podían ser responsables por quienes estaban, de sí mismos, fuera de la ley.

Luego, cuando se dieron cuenta que la sociedad mexicana era ya mucho más sensible a los temas relativos a los derechos humanos, decidieron atender la problemática. Hasta ahora, sin embargo, sólo han tomado algunas medidas cosméticas que sin embargo están lejos de arreglar el problema de fondo. ¿Cómo hacerlo?

Podrán darle una solución más o menos viable, cuando entiendan que la legalidad no está peleada ni con la confiabilidad y mucho menos con el respeto a los derechos humanos. La cuestión no es que dejen o no entrar a todos los migrantes, o que los protejan (asemejando quizá algún cierto tipo de apología del delito), sino que entiendan que independientemente de cuán amplio sea el flujo migratorio, ellos deben procurar tener una institución honesta encargada de la migración, a agentes confiables, y generando también condiciones de seguridad no sólo para los migrantes, sino para toda la población.

Desterrando a los grupos criminales, acabaría colateralmente con la mitad de los abusos de que son objeto los migrantes; la otra mitad, la erradicarían limpiando de verdad el Instituto Nacional de Migración, y poniendo tras las rejas a todos los agentes corruptos que hoy lucran con ellos.

SENSIBILIDAD MAGISTERIAL

¿Este asunto le preocupará a un grupo tan encendido de lucha social como la Sección 22 del SNTE? Ellos dicen luchar por las causas de los grupos desprotegidos. Esta es una de esas causas. ¿Por qué entonces repudiar la visita del secretario Blake Mora? Queda claro que sólo les importan sus intereses. Y nada más.

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