Pueblos mancomunados: ¿Beneficio común?

+ Empresas comunitarias, todo un poder fáctico

Parece una contradicción que los municipios de Santa Catarina Lachatao y Santa Maria Yavesia, integrantes de los Pueblos Mancomunados de la Sierra Juárez en Oaxaca, hoy manifiesten inconformidad con las empresas comunitarias que, podría pensarse, fueron creadas por ellos mismos para su beneficio. Sin embargo, su inconformidad es tan real, como la manipulación que unas cuantas personas han hecho de la bien aceptada figura del comunitarismo, como una forma de encubrir el saqueo y la postración de que han hecho a esas comunidades.

¿De dónde surge la mancomunidad de esos municipios? Históricamente, la unión de los pueblos de Amatlán, Lachatao y Yavesía, data de la época precolombina. Desde entonces, la solidaridad, el respeto y la justicia fueron valores que guiaron siempre sus relaciones y, según cuentan sus mismos pobladores, así sobrevivieron a los hechos violentos de la conquista, la Guerra de Independencia, la lucha por la Reforma, y la misma Revolución Mexicana. Los mancomunados se denominaron así porque, en efecto, eran uno.

Sin embargo, cuenta la historia particular de esas comunidades, que a mediados de los años 50s del siglo pasado, la comunidad de Yavesía solicitó su separación de la mancomunidad. Dicha comunidad señaló como propio un espacio de unas nueve mil hectáreas. Desde entonces, Yavesía enfrenta un litigio para legitimar su separación. Pero, esa misma solicitud de aquella época, fue el detonante para que el Estado mexicano reconociera, a través de una resolución presidencial, dictada en el año de 1957, la mancomunidad territorial de esos municipios.

Fue a partir de entonces que las tres comunidades, junto con sus agencias municipales, decidieron iniciar el proceso de explotación de los recursos naturales que contenían las más de 59 mil hectáreas que les fueron reconocidas en la resolución presidencial. Ante el reto de administrar y mantener su mancomunidad, los pueblos decidieron otorgar, a cambio de una contraprestación económica, la explotación de sus recursos forestales a la empresa Maderas de Oaxaca por un periodo de veinte años. Necesitaban, dicen, dinero para costear las gestiones que realizaban en la Ciudad de México, y también para defenderse de los intentos de separación de ese territorio común.

Sin embargo, al transcurrir esas primeras dos décadas, los Pueblos Mancomunados decidieron no continuar otorgando permisos para que terceros explotaran sus recursos forestales —fundamentalmente madera de pino y agua de los manantiales—, y decidieron constituir ellos sus propias empresas comunitarias, para ejecutar ellos mismos la explotación, obtener recursos y generar empleos que beneficiaran a sus habitantes. Ese fue el espíritu de las empresas de Pueblos Mancomunados, que hasta hoy subsisten pero que, sin embargo, hoy están lejos de cumplir las finalidades para las que fueron creadas.

PODER FÁCTICO

Hoy, son famosas dentro y fuera de Oaxaca las llamadas “Empresas Comunitarias de los Pueblos Mancomunados”. Son, a los ojos de la opinión pública y las organizaciones civiles que operan en el ámbito de lo políticamente correcto, un ejemplo de cómo una comunidad puede organizarse y obtener beneficios de sus propios recursos naturales. Sin embargo, para corroborar lo anterior, habría que hacerse varias preguntas.

¿Realmente los integrantes de los Pueblos Mancomunados han mejorado su calidad de vida a partir de esas empresas? ¿De verdad las ganancias que se obtienen de la explotación de los recursos naturales, llegan a todos los habitantes? Incluso, ¿son los pueblos los que controlan a las empresas, y no al revés? Al pasar esta situación por el sencillo tamiz de esas preguntas, queda claro que ese supuesto ejemplo de comunitarismo queda muy mal parado. Veamos si no.

Cuando se constituyó la empresa maderera, se estableció que su órgano máximo de dirección sería un Consejo de Administración, que estaría integrado por tres representantes de cada pueblo de la mancomunidad; también se estableció que dicho Consejo sería renovado totalmente, cada dos años. No obstante lo anterior, existen consejeros que llevan 25 años en funciones, y el administrador, Israel Santiago García, tiene 18 años al frente de la empresa.

¿Cómo lograr lo anterior? A través de la combinación de la abundancia de recursos que tienen a la mano, y de la manipulación que han hecho de los integrantes de los pueblos sirviéndose del poder económico que, se supone, debería ser de todos. En efecto, hoy la empresa maderera es un auténtico poder fáctico de la región, que lo mismo controla al Comisariado de Bienes Comunales, que a autoridades, y no se diga a comuneros.

Es una paradoja, en este sentido, que su Comisariado de Bienes Comunales, no tenga una sola oficina o despacho en las más de 59 mil hectáreas de terreno que tiene el mancomún. También es una paradoja que la empresa maderera no tenga reparos en hacer “préstamos” económicos a comuneros, a cambio de su apoyo en las asambleas comunitarias.

Es harto sospechoso, incluso, que aún con todos los cuestionamientos que hoy tienen las empresas por parte de las mismas comunidades, continúen firmando convenios millonarios con el Gobierno del Estado para la venta de sus productos, argumentando que con ello benefician a las comunidades indígenas que las constituyeron.

Ahora bien, siguiendo esa misma lógica, habría que preguntarse si realmente las comunidades se han visto beneficiadas por la explotación casi irracional de esos recursos económicos, en cuestiones como el empleo, la marginación, la pobreza, o el incremento en los niveles de desarrollo social. La respuesta, en ese sentido, tampoco es del todo provechosa para quienes explotan la madera y el agua de manantial de esas comunidades.

NADA CAMBIA

Hoy, los pueblos siguen igual que antes. No existen indicadores claros de que luego de casi tres décadas de explotación continua del agua y la madera, los índices de desarrollo hayan mejorado. ¿Y cómo podrían mejorar? Si de los pueblos sólo se extraen los recursos, pero éstos se transforman y se convierten en productos terminados en otras comunidades (del distrito de Tlacolula y de aquí mismo en la capital oaxaqueña). A lo mucho, allá, sólo dan empleo como talamontes. ¿Y el reparto de utilidades? Hace doce años que éste no ocurre. Y bien, mañana hablaremos del problema en particular que la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro, se ha encargado de enredar, para variar, quizá también para proteger sus intereses económicos.