+ ¿Por qué someter a concurso aplicación del reglamento?
Tanto el secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, como el comisionado de la Policía Estatal (SSPE), César Alfaro Cruz, debían explicar bajo qué lógica decidieron someter a concurso el nombramiento de Director de Tránsito del Estado. Tal decisión no sólo parece ser desatinada, sino hasta riesgosa, en una institución que históricamente ha tenido más problemas de credibilidad, operatividad y honestidad frente a la ciudadanía.
En efecto, en abril pasado la SSPE emitió una convocatoria a través de la cual invitaba a todos los elementos de las corporaciones estatales (Policía Estatal, Bancaria, Tránsito del Estado, Fuerzas Estatales de Apoyo y Seguridad Regional), que tuvieran el rango de suboficiales, que acreditaran estudios de bachillerato, y que comprobaran haber aprobado los exámenes de control de confianza, a que concursaran para obtener el cargo de Director de Tránsito del Estado.
Ésta, que parece una decisión basada en la lógica de decidir “democráticamente” y de cara a la sociedad el destino de una corporación policiaca, en realidad tiene muchos puntos oscuros que, evidentemente, no han sido aclarados. Y es que, independientemente del cambio de gobierno, las prácticas de corrupción, el tráfico de influencias, y la falta de confiabilidad que han reinado en esa institución, siguen estando ahí. Ese es el problema de fondo.
Frente a todo eso, habría que preguntarse cuál fue la razón por la que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado permitió que se sometiera a concurso la titularidad de una corporación sobre la cual él tiene el mando y la facultad de nombrar y remover a su Director; por qué permitió que se convalidara que esa corporación tuviera como principal mando a un efectivo con rango de suboficial y sólo con estudios de bachillerato; y por qué decidió no antes hacer algo para cortar de tajo tanto las deficiencias de la corporación, como la galopante corrupción que ya es tradición en ella, y pretende perpetuarse.
Tránsito del Estado, como las demás corporaciones policiacas del gobierno estatal, se encuentran operativamente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; empero, siendo parte de la Administración Pública del Estado, ésta también es responsabilidad del Gobernador del Estado, en cuanto a su integración y funcionamiento.
En ese sentido, no queda claro por qué esa Dirección sí se sometió a concurso. Y por qué, si realmente existe ese espíritu democrático y de apertura e inclusión, no antes también se sometieron a concurso las plazas de Secretario de Seguridad Pública, y de Comisionado de la Policía Estatal.
Frente a todo eso, queda claro que uno de los problemas de fondo es que no existe verdadera claridad ni en la fundamentación —legal y administrativa— del concurso, ni en el proceso, y mucho menos en cuanto a la confiabilidad del elemento estatal que en estos mismos días puede convertirse en Director de Tránsito, sin verdaderamente tener el conocimiento de sus responsabilidades más allá del solo empirismo, ni la confianza de los mandos superiores, y quizá tampoco la confiabilidad requerida para garantizar que desempeñará su encargo con honestidad y responsabilidad.
MAL PRECEDENTE
Era ya hasta “tradicional” saber que, por ejemplo, la asignación de patrullas, motopatrullas, zonas de vigilancia, cargas u horarios de trabajo, estaban siempre determinadas en la Dirección de Tránsito no por los méritos o las aptitudes de los agentes, sino por el pago de “cuotas”. Tener una patrulla, una motocicleta o una “buena zona” para vigilar, costaba a los agentes cierta cantidad de dinero diaria que tenían el deber de entregar a sus superiores a título de renta, y que obtenían como producto de la extorsión a los automovilistas.
Algo similar ocurría con la asignación de las delegaciones de Tránsito en el interior del Estado. Éstas también eran asignadas no a los agentes de mayor confianza, sino a los que tenían mejores aptitudes para obtener dinero sucio a cambio de la aplicación, o no aplicación de la ley y el reglamento de tránsito, en las regiones del Estado. Las delegaciones eran asignadas a cambio de un monto económico inicial, y después sostenidas a cambio de la entrega de rentas mensuales. Así funcionaba esa corporación desde siempre, y hasta hace muy poco tiempo.
¿A poco todo eso fue erradicado con el simple cambio de gobierno? Son tan pocas las posibilidades de que todo eso hubiere dejado de ocurrir, partiendo del solo hecho de que la corporación lleva ya más de seis meses sin titular; que, al igual que otras corporaciones como la Policía Auxiliar, ha sido relegada y desatendida; y porque ahora, sospechosamente, se pretende someter a concurso para entregarla a una persona que —sin afanes de menosprecio— puede tener poca o nula experiencia administrativa, un bajo perfil académico, y escasos conocimientos no sólo sobre las tareas actuales de la corporación, sino sobre los requerimientos para estar acordes con los retos y las necesidades del futuro cercano.
Además, si el concurso pretendía ser verdaderamente abierto al escrutinio, y de cara a la sociedad, ésta debió haber sido también incluida no sólo como posible participante, sino también como parte del Comité que decidirá el futuro de la corporación.
¿Cómo procurar una evolución para este tipo de tareas, cuando ni siquiera es requisito que los participantes cuenten ya no con estudios o conocimientos comprobables específicos sobre urbanismo y vialidades, sino con cualquier tipo de formación profesional? ¿Cómo pretender explicar esa decisión, cuando los indicios de corrupción son altos, y con su supuesta apertura más bien parece que desean que todo eso permanezca, se convalide, y además, quede en familia?
Si verdaderamente existe voluntad por procurar un cambio positivo, parece que en la Secretaría de Seguridad Pública tienen extraviada la brújula. La ruta seguida, parece ir exactamente en el sentido contrario a lo que pretenden aparentar.
DESTINO PREDECIBLE
Dentro de la corporación, aseguran que la designación del próximo Director de Tránsito podría definirse entre el actual director operativo, Juan Reyes Corpus, y otro agente “allegado” al comisionado Alfaro. El comandante Corpus, dicen, sería la comparsa para legitimar el “concurso”, y así nombrar a quien desde un principio quisieron impulsar de la SSPE para mantener el estado de cosas, ahora a su favor. Todo un teatro. Ver para creer.
que bien que destapas la cloaca en transito como en tantas “intituciones del Estado adrian, me parece positiva tu critica, habra que ver que nueva acitud toma el nuevo gobierno, porque parece que siguen en funciones mas “notables funcionarios publicos de la administracion anterior, y como dices bien ver para creer…..