Legalidad en Oaxaca: trato faccioso la quebranta

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+ Sección 22 y 59: ¿Conflicto interno del Sindicato?

 

Cualquier gobierno da una pésima señal, cuando hace público un trato desigual para quienes son pares. Eso es lo que hizo el pasado miércoles el Gobierno del Estado, cuando envió a elementos antimotines de la Policía Estatal, a desalojar a integrantes de la Sección 59 del SNTE que realizaban una protesta a las afueras del Palacio de Gobierno. Frente a los hechos, palidece cualquier aseveración relativa a la pluralidad y tolerancia del régimen gobernante.

Ayer, a través del noticiero radiofónico del periodista Humberto Cruz, el secretario Particular del Gobernador del Estado, Benjamín Robles Montoya, trataba de justificar la acción de la fuerza pública, argumentando que ésta se había solicitado ante la incursión violenta de integrantes de la Sección 59 del SNTE, liderados por Humberto Alcalá Betanzos, al Palacio de Gobierno, y ante los desmanes que los agremiados de esa facción sindical realizaban a las afueras del recinto.

Al mismo tiempo, el Periodista daba cuenta de señalamientos hechos por el mismo Alcalá Betanzos, quien denunciaba haber sido amenazado textualmente por el citado funcionario con el uso de la fuerza pública, si no cesaba la manifestación que realizaban los profesores disidentes.

Independientemente de quién tenga la razón, queda claro que juntos cometieron un acto grave que no sólo quebranta el Estado de Derecho y la supuesta vocación por la legalidad que dice tener el gobierno estatal, sino que además deja en claro que el grupo gobernante está dispuesto a todo, con tal de privilegiar a quienes, según sus ponderaciones, le provocan menos problemas. ¿De qué hablamos?

De que queda claro cuál es la lógica de la ponderación gubernamental: hace apenas una semana, miles de profesores de la Sección 22 no sólo atentaron —como cada año— contra el patrimonio edificado del Centro Histórico, sino que también arremetieron gravemente contra los derechos de miles de oaxaqueños que tienen algún tipo de relación con los espacios ocupados. Los maestros democráticos de la 22, además, impidieron las actividades en sucursales bancarias, centros comerciales, oficinas públicas, calles, carreteras y demás. Y nadie los molestó, y mucho menos los tocó ni con el pétalo de una rosa.

Menos de una semana después, ocurre otra protesta como muchas otras que suceden casi a diario en la capital oaxaqueña. La particularidad, sin embargo, es que ésta era de profesores del sector disidente a la Sección 22, que exigen reconocimiento político e interlocución al gobierno estatal, y que en el fondo exigían un trato similar al que se les da a sus contrapartes.

¿Qué hizo el gobierno estatal en cada circunstancia? En la primera, entabló todo tipo de mesas de negociación, guardó a la policía, toleró el quebranto a la ley, y hasta los insultos del magisterio democrático. Además, les dio una cantidad millonaria de dinero, y también prometió respetarles el privilegio de la negociación. Empero, a los segundos, sólo los recibió a garrotazos y los dispersó a través de la fuerza pública.

Es perfectamente comprensible que el gobierno estatal está buscando no tener problemas con la Sección 22, y que en esa lógica desdeña a la 59. Sin embargo, más allá de la fortaleza de unos y la debilidad de los otros, es una pésima señal que abiertamente se decida a tolerar a unos y a no hacerlo con los otros. Es un lujo que no se puede dar un gobierno que se jacta de tolerante y democrático. Y mucho menos de uno que dice procurar la reconciliación, y que busca que la ciudadanía le crea que gobierna igual para todos.

 

TOLERANCIA, ¿O QUÉ?

No se trata de que el gobierno estatal decida tolerar cualquier acción, venga del grupo de lucha social o sindicato que venga. Hacerlo sería tanto como hacer expresa su rendición y la renuncia a cumplir con el mandato popular que le fue conferido. Tampoco se trata de que a partir de ahora reprima cualquier acción de protesta. Esos son los extremos, y como tales debían ser desterrados de la conciencia del gobernante.

Del mismo modo, tampoco se trata de que a partir de ahora ninguna organización proteste, o que todas exigieran que se les respete su “derecho a manifestarse” independientemente de las acciones que realizaren. ¿Qué hacer entonces?

Por un lado, el gobierno estatal debía comenzar a entender que los enconos del pasado quedaron atrás, y que los compromisos asumidos con ciertos sectores o grupos deben cumplirse a pie juntillas, pero sin poner en riesgo la premisa de que, valga la redundancia, el gobierno gobierna para todos, y que la administración estatal no se trata ni de una facción, ni de un grupo ni de un partido político, ni de un gremio, al que se le tenga que tolerar incondicionalmente, y en el que sus adversarios tengan que ser perseguidos inopinadamente.

Frente a ello, no habría sido admisible que el gobierno estatal tolerara cualquier tipo de acción proveniente de la Sección 59, como tampoco lo es que sí lo haga, y lo acepte expresamente, cuando se trata de la 22. Del mismo modo, no se trata de que éste se ponga a entregar todo, a cualquier grupo, cuando éste vaya a plantarse frente al Palacio de Gobierno.

Creer lo anterior, equivaldría a pensar que todos los integrantes de tal o cual partido serían aporreados o tolerados a pie juntillas, y con ello debíamos también suponer la convalidación de actos de discriminación que, además de estar prohibidos por la ley, son abominables para cualquier gobierno que se jacta tanto de tolerancia y democracia, como el oaxaqueño.

¿Esta es una señal clara de que el gobierno estatal sólo tolerará a sus adversarios de riesgo, y perseguirá a los minoritarios? Esto significa, en palabras llanas, que bien podría entregarse a los poderes fácticos para mantener su estabilidad. Claro, sostenerla a cambio de quebrantar expresamente la legalidad y los principios rectores que hacen al Estado el Ente Soberano que gobierna y regular todas las conductas y actividades que ocurren dentro de su ámbito de competencia. ¿Para allá vamos? Es pregunta.

 

¿QUIÉN FUE?

Por cierto, de la “explicación” dada por Robles Montoya sobre la disuasión policiaca a los manifestantes de la 59 el miércoles pasado, se desprende que fue él quien solicitó el auxilio de la fuerza. ¿Y él qué legitimación legal habría tenido hacerlo? Debía recordar que, más allá de su protagonismo, su cargo formal no le da más atribuciones que las del control de su propia oficina. Cuidado con la formalización, y “normalización”, de ese tipo de excesos.

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