Guerra anticrimen: la ilegalidad no es una prioridad

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+ País inmóvil: todos se quejan pero nadie cambia

 

Uno de los temas que más se le ha reprochado al presidente Felipe Calderón Hinojosa desde que inició la guerra contra el crimen organizado, es que haya dispuesto del uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública.

Se le reprochó porque se decía, con razón, que el Ejército Mexicano no está preparado ni es su función la de policía; se le censuró también porque éstos carecían del marco jurídico adecuado; incluso, se le señaló por excederse en las atribuciones que le daba la Constitución federal respecto a los alcances y límite de las fuerzas armadas. Propios y extraños criticaron lo anterior, sin ver que en realidad México enfrenta un problema grave por la criminalidad; o lo hicieron sin reconocer que más que reproches, o junto con ellos, el país también requiere de soluciones.

La lucha del gobierno federal contra el crimen organizado, formalmente inició en diciembre de 2006. Desde entonces, el presidente Calderón dispuso que el Ejército patrullara las calles el país y realizara ciertas labores de control de la criminalidad, que hasta entonces, y por atribución constitucional, se encontraban en manos de fuerzas policiacas federales, estatales y municipales.

¿Qué labores se encomendaron al Ejército? Se le encargaron labores de patrullaje, de vigilancia, de interacción con la sociedad, de control e incluso de ejecución de órdenes judiciales. Todas esas, son labores de corporaciones policiacas. Y ante la falta de una regulación específica, pero una necesidad apremiante de utilizar el mayor grado posible de fuerza en las acciones de seguridad pública, de todos modos se dispuso que el Ejército realizara esas funciones.

Uno de los cuestionamientos fundamentales hacia esa decisión, radicaba en señalar que al no tener las fuerzas armadas, atribuciones constitucionales y/o legales para realizar ese tipo de tareas, muchas de sus actuaciones resultaban ser anticonstitucionales.

Lo grave no era sólo que los militares actuaran al margen, o excediéndose de su ámbito de atribuciones, sino que además sus intervenciones eran parte de expedientes judiciales en proceso, que luego pasarían a ser sometidos al control de jueces y magistrados, y que ahí ellos juzgarían no sólo los hechos señalados, sino también la calidad en la actuación de quienes, en nombre del Estado, aplicaron la fuerza o limitaron la libertad de los procesados. Ahí fue donde se trabó un conflicto que hasta el momento no tiene posibilidad de ser destensado.

¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ejército no tiene fe pública para actuar en casos de flagrancia, ni tiene reconocidas las facultades constitucionales como para realizar las labores que le toca a la policía, como cuestiones de vigilancia, investigación e incluso de presencia en las calles en tiempos de paz.

El gobierno federal, a través de la PGR, comenzó a toparse con fracasos reiterados, cuando se dio cuenta que muchos de los expedientes judiciales en los que intervenía el Ejército como autoridad ejecutora, eran sancionados por los jueces de control constitucional, y las actuaciones echadas abajo.

Por cuestiones de constitucionalidad, delincuentes que probadamente habían infringido la ley, eran liberados y declarados inocentes porque quien les ejecutó cierta orden no tenía la legitimación legal necesaria para llevar a cabo esa tarea. Ese, que es un problema mayor, ha tratado de ser corregido sin que hasta ahora haya éxito. Y en buena medida no lo ha habido, porque replantear los alcances del ejército también se aparece como el principio de una peligrosa tentación autoritaria para quien ejerce el poder, que tampoco es saludable para nuestra democracia.

 

¿PONDERAR? ¿CÓMO?

Este debía ser un ejercicio de ponderación: es decir, de plantear un escenario en el que se ampliara el marco de actuación del Ejército, para hacer más sólidas sus intervenciones en tareas de seguridad pública, y no seguir siendo víctima del fracaso que constituyen sus actuaciones eficaces, pero al margen de la ley. Este escenario, habría que contrastarse con el hecho de que el partido gobernante podría, a partir de esas atribuciones, cometer excesos en contra de la población civil o sus adversarios políticos, en nombre del cumplimiento de una supuesta guerra anticrimen que en realidad sería selectiva. ¿Cómo empatar estas pretensiones?

La primera cuestión, trató de hacerla el gobierno federal a través del envío de una propuesta de ley de seguridad pública, en el que ensanchaba el marco de acción de las fuerzas castrenses. Los partidos de oposición, sin embargo, frenaron la posibilidad de aprobar dicha norma, bajo el argumento de que darle más atribuciones en materia de seguridad al Presidente, equivaldría a seguir satisfaciendo su sed de violencia, y a ensanchar la capacidad de operación de un Ejército que en cualquier momento podría cometer excesos, e incluso usurpar el poder en nombre del control de la seguridad pública o nacional.

Es cierto que se deben limitar todas las tentaciones autoritarias. Pero a la par de ello, ¿cómo enfrentar un problema real, que ocurre todos los días en las calles, que hace vulnerable no sólo al Ejército sino a toda la lucha anticrimen que libra el gobierno federal, y que también necesita ser resuelta?

Ante esta realidad sólo quedan dos caminos posibles: primero, sacar al Ejército de las calles, con el riesgo de desbordamiento de la criminalidad que todo esto implica; o mantenerlo a costa del riesgo de que se les sigan cayendo las investigaciones que la autoridad civil consigna al Poder Judicial Federal, por la falta de atribuciones de los soldados. En cualquiera de los casos, quien pierde es el Estado de Derecho y la exigencia ciudadana de no más impunidad.

El caso más reciente es el del empresario Jorge Hank Rohn. Pronto saldrán a la luz pruebas firmes de que el Ejército se excedió en sus funciones, y ello podría poner en libertad a un individuo que quizá sí haya cometido delitos.

 

PARA NINGÚN LADO

Así es como, en el fondo, está nuestro país. Pareciera que sus necesidades son tantas como las de un auto desvencijado; pero sus posibilidades de movilidad son tantas como las de un vehículo sin ruedas, y sin impulso alguno. Como no se le quiere “premiar” al Presidente, se frena la ley; y éste, ante la falta de regulación, se excede. Esto sólo en México ocurre. Y el problema es que en esa vorágine, somos los ciudadanos, y es la legalidad y la seguridad, quien paga todos los platos rotos.

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