Desalojo magisterial: todo pasó para que nada cambiara

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+ Cinco años después, S-22 y APPO al margen de reformas

 

Hace exactamente cinco años ocurrió el hecho que encendió el conflicto magisterial y la revuelta social que ocurrió en Oaxaca. De dicho episodio, se desprendieron varias de las demandas sociales y políticas que finalmente se coronaron el 4 de julio de 2010, cuando la mayoría de los oaxaqueños decidió que el PRI dejara de gobernar la entidad, para pasar a un régimen “de transición”, que hiciera las reformas democráticas pendientes. Hoy, a un lustro de distancia, habría que preguntarse cuál es la situación real de esas demandas democráticas y banderas de lucha porque aún cuando parece lo contrario, se ve que hoy los actores y las demandas fundamentales están al margen del régimen gobernante.

Haciendo un ejercicio rápido de memoria, debemos preguntarnos qué ocurrió hace cinco años. Pues bien, la madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía. Tanto la Sección 22, como la APPO, establecieron, en abstracto, todo ese conjunto de demandas, que además fueron su parapeto y justificación durante el tiempo que duró el conflicto y en los años posteriores.

Sólo que hoy, cinco años después, debíamos preguntarnos en qué estado se encuentran ya no esas reformas en abstracto, sino en específico, que se demandaban y que se supone que fueron cumplidas con la reciente reforma constitucional; pero sobre todo, debíamos preguntarnos en dónde se encuentran hoy aquellos actores fundamentales del movimiento que dio legitimidad, fuerza y motivos al grupo político que hoy gobierna Oaxaca.

 

¿Y LOS PROTAGONISTAS?

Aunque poco se recuerda, el movimiento magisterial y popular que había encabezado la revuelta social de 2006, perdió toda capacidad de interlocución con el gobierno federal —que entonces acababa de ser asumido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa— cuando éste le exigió (a la Sección 22 del SNTE, y a la APPO), que presentaran sus respectivos proyectos de reforma integral al sistema jurídico local, como condición para continuar las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación.

Era claro que luego de, a principios de 2007, habían sido cumplidas buena parte de las demandas planteadas para la distensión del conflicto en Oaxaca, ahora se debía pasar al terreno de las modificaciones estructurales para dar un nuevo cauce democrático al gobierno de la entidad. Sólo que nadie, desde las trincheras del movimiento popular, pudo o quiso articular un proyecto que estableciera las coordenadas de esas reformas democráticas que, en abstracto, se habían exigido hasta el cansancio.

Fue por eso que, a partir de entonces, por un lado el gobierno de Ulises Ruiz tomó como suyas las banderas de la reforma del Estado, y realizó un proceso de modificaciones que dieron la apariencia de democratización, aunque todos los cambios constitucionales fueron realizados para su propia protección y beneficio.

Y también fue por eso, que desde la trinchera político-partidista opuesta, el grupo del ahora Gobernador del Estado recogió todas las banderas del conflicto del 2006, para legitimar su aspiración de llegar al poder, y para dar cierto contenido a su razón de ser como posible gobernante.

En realidad, los grupos protagonistas del conflicto quedaron por completo marginados de la reforma. En 2010, buena parte del voto ciudadano se dio por exclusión: es decir, no a favor de la causa opositora, sino en contra del priismo. Por eso, no se sabía bien a bien qué rumbo tomaría ese nuevo gobierno. Y tampoco hoy se sabe si las reformas realizadas eran las que se planteaban cuando ocurrió el conflicto, o si éstas fueron las que concibieron los protagonistas reales y convencidos (es decir, los ciudadanos y grupos verdaderamente convencidos, porque también los hubo) de aquellos episodios.

En todo esto, algo que queda claro es que tanto la Sección 22 como la APPO son actores y grupos que se encuentran al margen de los procesos que se desarrollan en la entidad. Ellos pusieron las banderas, para que otros las aprovecharan. Y así, en esas condiciones, queda claro que el 2006 combinado con el 2010, y visto a la luz de las reformas constitucionales ejecutadas, puede ser todo menos el triunfo real del movimiento popular en Oaxaca.

 

ADIÓS, ZENÉN…

Por cierto, ayer hizo pública su renuncia el ex diputado y ahora ex subsecretario de Asuntos Indígenas, Zenén Bravo Castellanos. Él, que fue un ferviente profesor appista, y defensor del actual régimen, ahora dice que se va del gobierno porque nada ha cambiado. Grande su descubrimiento.

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