Contraloría: el recurso político se enfrenta a la viabilidad legal

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+ Investigación, menos ruidosa que los anuncios

 

Como recurso estrictamente mediático, y de impacto político, los anuncios sobre el hallazgo de evidencias de corrupción en la gestión previa, son de excelentes ganancias y legitimación para el gobierno en turno. Sin embargo, como medio estrictamente legal para hacer justicia y llevar a la cárcel a ex funcionarios corruptos, no parece ser tan ganancioso ni tan sencillo de manejar en el corto y mediano plazo.

Por eso, y por el efecto búmerang que todo esto puede tener, los anuncios de la Secretaría de la Contraloría del Estado, deben hacerse —y tomarse— con todas las reservas posibles, para que no termine siendo más costoso, para todos, el remedio que la enfermedad.

Ya en varias ocasiones, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, ha hecho anuncios sobre los hallazgos que la dependencia a su cargo ha realizado, en las revisiones que se hacen al último tramo de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Ayer mismo, la Contralora hizo uno más, en el que estableció que el monto del quebranto patrimonial detectado, asciende ya a más de tres mil millones de pesos, y que por él se investiga el desempeño de 32 funcionarios de la administración anterior.

Anuncios como éste, entendidos en su sentido estrictamente político, continúan respondiendo a la dinámica de legitimación del gobierno actual, y la revisión del anterior, como uno de los elementos de diferenciación y ajuste de cuentas que el electorado que votó a favor de ellos, desea ver.

Más allá de cualquier tema legal, lo que el gobierno estatal está también tratando de hacer, es establecer el parámetro común de que el régimen anterior fue corrupto, y que el actual hará justicia al respecto. En ese sentido, anuncios como éstos invariablemente se convierten en un foco de atracción para la mirada de la opinión pública, que casi por naturaleza desea ser parte de este tipo de juicios que responden a la dinámica descalificar-legitimar, respecto a los gobiernos saliente y entrante, respectivamente.

Empero, en esto el gobierno estatal debe ser cuidadoso en extremo. Esto porque si bien es cierto que hoy anuncia la investigación a una treintena de ex funcionarios —muchos de ellos de jerarquía estrictamente administrativa, y sujetos al control y la potestad de quienes podrían ser los verdaderamente responsables del quebranto— y se habla de un monto ya más o menos específico, ello no significa ni que los 32 ex funcionarios tengan necesariamente que ir a parar a prisión —y ni siquiera que enfrenten un proceso judicial—; o que los faltantes de comprobación de que se habla, vayan a ser los que finalmente resulten —luego de agotar todos los procedimientos administrativos y judiciales— como concepto de quebranto patrimonial al Estado.

Esto bien puede ser un efecto bumerang porque, como en todos los casos en los que se encuentran involucrados procedimientos jurídicos y leyes que norman tanto la actuación como la fiscalización de los servidores públicos, la revisión, la solventación, la declaración de faltantes, las declaratorias de quebranto patrimonial y los castigos a que se hacen acreedores, están todos sujetos a normas específicas que deben ser respetadas. En este sentido, la aplicación de la ley no debe verse ni como una venganza ni como un ajuste de cuentas.

¿Y todo eso qué tiene que ver? Mucho: que a partir de ahora, y más con los anuncios hechos, el gobierno estatal está obligado, en el marco del derecho, a verdaderamente comprobar que todos los montos, y todos los involucrados —de los que incluso ya dio nombres— verdaderamente tuvieron relación con los presuntos quebrantos.

Si no consigue hacerlo, legal y legítimamente, quedarán mal parados ante la ciudadanía, que seguramente ahora estará esperando que ese monto de 3 mil 787 millones de pesos, o más, sea lo declarado como quebranto patrimonial, y esos 32 ex funcionarios, o más, sean llevados a prisión.

 

LARGO TRECHO

En una visión política, y no legal, de las cosas, eso podría esperarse: que los más de 3 mil millones de pesos, hasta ahora descubiertos, como posible quebranto, fueran los que finalmente terminaran comprobándose a los 32, o más, ex funcionarios involucrados. El problema para el gobierno en estos deseos de justicia, es que ésta es menos sencilla de lo que parece. Y para verdaderamente declarar que todo eso es el saldo final a las auditorías a la administración anterior, deben agotar ciertos pasos y procedimientos que aún ni siquiera se han iniciado.

¿De qué hablamos? De que lo primero que debe ocurrir, son los procedimientos administrativos respectivos, en los que se les debe dar garantía de defensa y prueba a los señalados como responsables, para que éstos tengan oportunidad de solventar y acreditar las acusaciones de quebranto, desviación o no comprobación del destino de recursos públicos, que se les finca.

Si agotados esos procedimientos no se logra hacer una comprobación completa de los faltantes, entonces sí puede procederse a la declaratoria de quebranto patrimonial, a través de la cual se le da vista al ministerio público para que, en base a las indagatorias administrativas, se le puedan iniciar las Averiguaciones Previas correspondientes, y se establezca algún tipo de posible responsabilidad penal. Y será hasta entonces, cuando los hasta entonces involucrados, tengan que enfrentar un procedimiento que podría llevarlos a prisión, si ante los órganos jurisdiccionales no se acredita su inocencia.

Hasta donde se sabe, a los involucrados en estos posibles desfalcos, no se les ha dado oportunidad de defensa ante la Contraloría. Más bien, el claro ánimo de todo esto, es dar parte al Ministerio Público simultáneamente a como se realizan las investigaciones, para llevar a prisión lo antes posible a más ex funcionarios.

El riesgo de todo esto, se encuentra en la debilidad de los procedimientos, y la premura con que los están llevando a cabo. Y todo eso, que les redituará en el corto plazo importantes ganancias políticas, en el mediano plazo podría convertirse en el principal foco de cuestionamientos por actos de persecución política, o de uso faccioso de la justicia. Todo puede ser. Aguas.

 

¿PUEDES O NO PUEDES?

Más bien, ¿los priistas habrán ya reparado que esa frase marcó el inicio de la persecución de la que hoy son objeto? Y así cómo quieren no generar enconos internos, y proponer una “política de altura”. De risa.

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