+ Legalidad debe ser una oportunidad, no una traba
Qué graves resultan, frente a una lectura seria y con rigor jurídico, las declaraciones de la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, en las que se lamenta por las “trabas” que, dice, pusieron los diputados de la LX Legislatura para impedir que se les castigara con rigor por los actos de corrupción que habrían cometido.
Textualmente, la Secretaria de la Contraloría dijo: “Se curaron en salud [los priistas] y los diputados de la LX Legislatura, que fueron mayoría, modificaron las leyes para evitar que sanciones por diversos delitos como la corrupción tuviera severos castigos (…) Una de esas modificaciones consistió en que para iniciar un proceso de presunta corrupción, tenían que presentar un dictamen de auditoría, misma que se lleva varios meses en realizarse, cuando anteriormente, ese proceso no era necesario, pues sólo se presentaban las querellas”.
Esto, que políticamente puede entenderse quizá hasta de forma “aceptable” (porque lo que está denunciando es que el grupo gobernante priista en la administración anterior, previó las posibles sanciones y por eso se modificó la ley a su conveniencia), en el terreno de lo jurídico son inaceptables. ¿Por qué?
Porque, en términos llanos, la Secretaria de la Contraloría habría deseado que el camino para proceder penalmente en contra de los ex funcionarios corruptos, fuera más sencillo. Es decir, que requiriera de menos pasos y menos cuestiones a comprobar jurídicamente, para meter a la cárcel a los involucrados.
Frente a todo eso, habría que preguntarse qué visión de la justicia tiene la contralora Woolrich Fernández y, sobre todo, qué idea tiene de lo que deben ser los procesos judiciales, y las garantías de certeza y legalidad con las que todos los ciudadanos —independientemente del partido en que militen o el gobierno para el que trabajen o hayan trabajado— deben contar.
En realidad, más allá de cualquier carga política, queda claro que, quizá por esta circunstancia específica, la contralora Woolrich sería partidaria de que las querellas aún pudieran presentarse sin necesidad de acreditar perfectamente los perjuicios a las arcas públicas, y sin haber agotado las posibilidades de corroborar el quebranto patrimonial que habría cometido todo aquel funcionario, o ex funcionario, al que se pretendiera juzgar de acuerdo al artículo 217 BIS A del Código Penal del Estado.
¿Por qué es preocupante una postura de esta naturaleza? Porque queda claro que la secretaria Woolrich, aún con su experiencia política y buen nombre como profesional del derecho, no ha alcanzado a entender que la dependencia a su cargo no es, ni tiene por qué ser, una instancia de consigna, y mucho menos un órgano parcial, respecto del cual no se tenga la certeza de que actuará objetivamente y no sólo como órgano que acusa anticipadamente y hace juicios sumarios a las personas.
Como bien se sabe, la Secretaría de la Contraloría, substancia procedimientos administrativos, que por muchas de sus características, tienen la forma de juicio. Y si bien es cierto que es la misma Contraloría la que detecta irregularidades y formula acusaciones, también lo es, que es ese un órgano que ejerce atribuciones materialmente jurisdiccionales, y que por ello, cuando menos debe dar garantías de audiencia, certeza y legalidad a quienes son señalados (con el objeto de que tengan oportunidad de defenderse y solventar las observaciones que se le formulan), para luego dictar resoluciones apegadas a lo que en derecho y justicia corresponde, y no al interés político de su gobierno o partido.
SE DERROTA SOLA
En efecto, pareciera que con sus declaraciones, la contralora Woolrich Fernández se está derrotando sola anticipadamente. Esto porque en lugar de ver como una oportunidad de demostrar eficacia contundente, y probar con todo el rigor del derecho, la metodología y la ley que los ex funcionarios señalados por presuntos desvíos, en efecto incurrieron en las responsabilidades que se les acreditan, está asegurando de antemano que ciertas “trabas” puestas a propósito en el Código Penal, le impiden meter a la cárcel, ya, a quienes según ella ya son responsables de quebranto patrimonial al Estado.
En realidad, la contralora Woolrich parece actuar como abogada postulante con un alto grado de interés político, y no como servidora pública, ¿Qué para ella lo verdaderamente importante es meter ya a la cárcel a quien se deje, para luego comprobar si en realidad fue responsable o no de los delitos que se le imputan? ¿Qué es ella una ciudadana del siglo XXI, o es una representante de la Santa Inquisición en los tiempos actuales?
Esto debiera preocupar a todos, independientemente de los afanes partidistas que siempre se pretenden encontrar en cualquier forma de análisis o cuestionamiento. En realidad, por la propia estabilidad de la justicia, y la legitimidad y fuerza con la que está actuando la administración estatal, debieran estar preocupados por comprobar con todo rigor, y sin dejar lugar a objeciones, que verdaderamente ocurrieron los desfalcos, y que sin ninguna duda son responsables las personas a las que ya señalaron —y estigmatizaron—, sin antes haberles dado oportunidad a que comparecieran y se defendieran dentro de los procedimientos correspondientes.
Con esa visión, corta e inquisitiva, en la que niegan toda oportunidad de defensa a los implicados, y pretenden tomar la delantera con el ocultamiento de todos los procedimientos, lo único que están haciendo es viciar de fondo, tanto jurídica como políticamente, las acciones que llevan a cabo.
No dar las garantías legales a los implicados, significará el fracaso jurídico de sus procedimientos. Y hacerlo ocultando datos, acusando sin contar con todos los fundamentos, y doliéndose porque los priistas “se curaron en salud” para modificar las leyes, sólo los llevará a deslegitimar, y arrancar todo viso de credibilidad y legitimidad, a las acciones que pretenden llevar a cabo.
MANEJO INADECUADO
Incluso, el gobierno estatal debía ser mucho más cuidadoso en la forma en cómo maneja, en el terreno de lo mediático, todas estas acusaciones y procedimientos que prepara. Aunque dicen que es justicia, cada vez es más claro que administran el problema, y lo vuelven tema cada que la circunstancia política lo amerita. Eso, finalmente, no les deparará nada bueno si es que lo que en realidad desean, es hacer justicia.
