Socavar órganos electorales, tendencia actual
Qué bueno que el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Alberto Alonso Criollo, tenga la voluntad de no permitir que los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, sean quienes se repartan los cargos que aún faltan de designarse en ese instituto. Qué mal será, esta sea una mera intención sin fuerza, o que ante los intentos por objetivizar y transparentar las designaciones, y hacerlas al margen del interés de los partidos, éstos pretendan socavar no sólo al Titular, sino al órgano electoral mismo.
Actualmente, existe en México una peligrosa proclividad entre los partidos políticos por socavar a los integrantes, procedimientos y fines del Instituto Federal Electoral. Desde 2006, y sostenidamente, unos y otros se han encargado de cuestionar el trabajo del órgano electoral, y difundir con estruendo las fallas o deficiencias que éste comete.
Desde su reorganización, pasando por los cuestionamientos actuales, y la resistencia cómplice de todos los partidos representados en el Congreso federal, por designar a los tres integrantes que hoy faltan en el Consejo General, lo que parece encontrarse en el fondo es un ánimo por socavar integralmente al órgano, en aras de lograr que éste sea replanteado y renovado completamente —por enésima ocasión—, como si fuera éste el único responsable de la democracia de baja calidad que hoy tenemos.
Si bien recordamos, desde 2006 las fuerzas políticas nacionales pactaron, aún en contra de la Constitución, la renovación del Consejo General del IFE, pues políticamente todos consideraban que éste, encabezado entonces por Luis Carlos Ugalde, había sido uno de los factores fundamentales de la inestabilidad y la incertidumbre electoral vivida luego de la jornada electoral federal de aquel año. Todos, sin excepción, acusaron y cuestionaron al IFE por no tener la capacidad de estar a la altura del momento, y la potencial crisis institucional que potencialmente podía desbordarse en el país.
Tras la renovación —que parecía ser el remedio de fondo a la inconformidad de la partidocracia—, se pensó que todos los cuestionamientos acabarían. Si desde el periodo de Luis Carlos Ugalde había ya visos claros de un mero reparto partidista del Consejo General y las posiciones importantes del Instituto, con la nueva integración, procedente de 2007, todo eso quedó perfectamente claro: cada partido tuvo posibilidad de impulsar a “sus” consejeros, y ante eso, todos habrían estar conformes con la actuación de un órgano hecho ya no por ciudadanos, sino por consejeros con evidentes débitos partidistas.
El problema es que eso no ocurrió. Independientemente de quién o cuál sea la causa o el responsable de la comisión de sus errores y actos de corrupción, lo que queda claro es que nada se ha hecho hasta el momento por reforzar a un Instituto que hoy va en caída libre. Fundada e infundadamente, hoy el IFE es blanco de todos los cuestionamientos, campañas de descrédito y deméritos posibles, que no hacen sino debilitarlo en sus cimientos. Hoy, teniendo el proceso electoral presidencial a la vuelta de la esquina, lo que en el fondo todos los partidos quisieran es ver un nuevo Instituto, plantado ya sobre nuevos cimientos… aunque quién sabe si esos cimientos fueran verdaderamente constructivos para la democracia, o bien útiles para sus intereses particulares.
INSTITUTO EN RIESGO
Oaxaca tiene su propio contexto. Y aunque de fondo el consejero Presidente, Alonso Criollo tiene razón, y debía ser la postura natural de un individuo que encabeza nada menos que al órgano representante de la participación e integración ciudadana en los asuntos políticos del Estado, lo cierto es que él debe tener mucho más que voluntad para lograr los objetivos que se plantea.
En primer término, el Consejero Presidente del IEEPC no debe pasar por alto que el primer gran cuestionamiento que pesa sobre su gestión, y sobre la integración actual del Instituto, es que éste fue constituido en base a un mero reparto de cuotas. Independientemente de que haya sido o no legal la integración, lo que estuvo a la vista de todos es que dicho procedimiento fue llevado a cabo en base a una abierta —aunque no por ello transparente— negociación entre las fuerzas políticas aliadas al gobernador Gabino Cué; que hubo también, en aquella sesión, operadores del Gobierno del Estado; y que incluso hubo acuerdos previos, y potenciales cooptaciones —lo cual rompe con la esencia fundamental de un órgano dialogante, convincente y deliberativo, como lo debiera ser un Poder Legislativo— a integrantes de las fuerzas de oposición.
Ahora bien, e independientemente de la forma en cómo fue integrado el Consejo General del IEEPC, lo siguiente que debe quedar claro —y esto rebasa la esfera de competencia del consejero Alonso Criollo, aunque no por ello deja de ser de su incumbencia—, es si los partidos políticos, y el Gobierno del Estado (que fue parte material, aunque indebida en la integración), tienen verdaderamente voluntad política para permitir que el IEEPC tenga cierto grado de independencia (¡Cierto grado de independencia!) y le sea permitido nombrar a los funcionarios electorales sin la participación de quienes decidieron la conformación del Consejo General.
Si el consejero Presidente Alonso Criollo de verdad tiene el respaldo de los grupos políticos que decidieron su arribo al IEEPC, éste tiene entonces una gran oportunidad de dar pasos hacia delante en la conformación de un órgano electoral fuerte, legítimo e independiente del poder público.
Si no —y más sabiendo de la visceralidad e irresponsabilidad de las fuerzas políticas, que no saben anteponer el interés general, al suyo en particular—, de lo que seremos testigos será de un proceso lento y tortuoso a través del cual todos comenzarán, desde el Legislativo y desde las oficinas del gobierno estatal, a socavar al IEEPC para tratar de conseguir, en última instancia, su deslegitimación y la urgencia de su renovación, para erigir un nuevo órgano que sí sirva a sus intereses.
¿DEMOCRACIA CONSTRUCTIVA?
Ese escenario, posible como todos, ciertamente abonaría a reordenar los equilibrios de poder; pero en nada ayudaría a la construcción de una mejor democracia. Ojalá, por eso, que el consejero Alonso tenga razón en sus dichos y, como se dice coloquialmente, todo lo que diga lo sepa de cierto. Si no, lo que veremos será lamentable para el futuro político de Oaxaca.
