+ Diputados lo repudiaron como Secretario de Gobierno
A pesar de que se jacta de ser uno de los principales operadores políticos del Gobierno del Estado, Benjamín Robles Montoya no tiene buena aceptación en el Congreso del Estado. Los cuestionamientos que hoy se vierten en su contra —por haber sido designado como coordinador general de los Módulos de Desarrollo Sustentable sin haber solventado el deber legal de presentar el título o cédula que lo acredita como profesionista—, no resultan ser sino la segunda parte de una historia de repudios que comenzó a tejerse justo en el momento en el que los mismos diputados locales primero cuestionaron, y finalmente terminaron aceptando a Irma Piñeyro Arias como secretaria General de Gobierno, en diciembre pasado.
Esta historia, de la que aún poco se ha hablado en la escena pública local, ilustra a la perfección la censura sistemática que sigue pesando sobre Robles entre prácticamente todas las representaciones legislativas en el Congreso, a pesar de que éste ha tratado de convertirse, por todos los medios posibles, en el “interlocutor idóneo” entre las fracciones parlamentarias y el Gobierno del Estado “para generar consensos”.
Hoy los diputados están a punto de darle un segundo portazo a Robles. ¿Segundo? Si éste es el segundo, entonces ¿cuál fue el primero? Todo se explica a partir de las decisiones tomadas, en diciembre pasado, por el Congreso local, para ratificar a Piñeyro como secretaria General de Gobierno. ¿Qué pasó entonces?
Hagamos un ejercicio de memoria. El 1 de diciembre pasado, justo después de la toma de posesión de Gabino Cué Monteagudo como gobernador del Estado, se dio un anuncio sorpresivo: su ex adversaria en la reciente contienda por la gubernatura, Irma Piñeyro Arias, era presentada como secretaria General de Gobierno.
En el camino, Piñeyro había dejado no sólo a Robles Montoya, sino también a otros personajes que también se referían para el cargo como Celestino Alonso Álvarez o Alberto Esteva Salinas. Aunque el nombramiento fue polémico, nadie lo cuestionó al ser ésta una facultad constitucional del Gobernador del Estado.
El problema real, y el primer repudio a Robles por parte del Congreso, llegó apenas seis días después: cuando por disposición constitucional, se procedió a la ratificación de Piñeyro en el cargo referido, la fracción priista cuestionó el hecho de que ésta no hubiera presentado los documentos que la avalaban como licenciada en Sociología, cuando esto es requisito establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para que, por mandato constitucional, pueda ser ratificado por la Legislatura del Estado.
¿Qué ocurrió entonces? Que entre los días seis y ocho de diciembre pasados, mientras se decidía en el Gobierno del Estado si se sostenía a Piñeyro como secretaria de Gobierno a través del apoyo de las fracciones parlamentarias integrantes de la Coalición de Gobierno, también se sondeó la posibilidad de que fuera presentado Robles Montoya como candidato alterno a la General de Gobierno.
Aunque para entonces no se sabía que éste tampoco contaba con título profesional —igual que hasta ahora, él aseguraba sí tenerlo, aunque nadie lo había visto—, al recibir la noticia de que Robles podría sustituir a Piñeyro, fueron las mismas fracciones coaligadas las que primero se manifestaron en contra.
Repudiaron duramente a Robles. Y fue a partir de eso (y no de una solicitud expresa de dispensa por parte del gobierno estatal, a quien tampoco le interesaba mucho defender a su funcionaria) que los propios diputados coalicionistas confeccionaron y consensaron, a través de forzadas figuras legales, la “dispensa” en la presentación del título universitario que otorgaron Irma Piñeyro para ratificarla como Secretaria General de Gobierno.
SEGUNDO REPUDIO
Dice la fracción III del artículo 14 de la recién promulgada (el 1 de diciembre de 2010) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que para ser titular de una Secretaría o de los Ór-ga-nos-Au-xi-lia-res de la administración pública estatal, se requiere “contar con al menos título, cédula profesional o equivalente”.
A su vez, la fracción II del artículo 19 de esa misma ley, reconoce expresamente como órgano auxiliar del Gobernador del Estado, a la Coordinación General de Módulos de Desarrollo Sustentable. Es decir, que por mandato de esa norma, Robles Montoya de nuevo necesita ser profesionista titulado para poder ostentar legítimamente el cargo.
Frente a todo esto, podría haber una objeción: el artículo 88 de la Constitución Política del Estado, establece que sólo los Secretarios de Despacho deben ser ratificados por el Congreso del Estado. Y si siguiendo el Principio General del Derecho que dice que “donde la ley no distingue, no se debe distinguir”, entonces puede deducirse que ésta no tiene posibilidad de no ratificar a Robles en su encargo, y por lo tanto éste puede ocuparlo a pesar de no contar con los requisitos que exige la ley.
En apariencia esa es la solución a este entuerto. Sin embargo, de nuevo cae una pesada responsabilidad y compromiso moral y político tanto en el Ejecutivo, como en el Legislativo. ¿Por qué? Primero, porque se supone que, espontáneamente, el Gobierno del Estado debe cumplir con una ley que esta misma administración gobernante, impulsó y promulgó. No hacerlo sin necesidad de esperar a la coacción o el cuestionamiento, equivale a quebrantar el Estado de Derecho que ellos mismos dicen defender.
Pero también esto queda en responsabilidad del Legislativo: aunque no tienen facultad de ratificación, sí le pueden exigir al Ejecutivo, a través de un pronunciamiento de carácter político, que cumpla con lo establecido por la Ley Orgánica referida.
Queda claro que frente a las últimas demostraciones de “relación democrática” entre el Ejecutivo y el Legislativo, todo (lo negativo) puede esperarse. ¿Habrá responsabilidad en unos y otros para pronunciarse al respecto? ¿O es que unos y otros convalidarán otro quebranto más a las normas que ellos mismos crearon?
ECONOMÍA UABJO
Finalmente, los alumnos de la escuela de Economía de la UABJO rompieron con su directora, Ana Luz Ramos Soto, a quien acusan de diversas irregularidades, excesos y actos de corrupción. Sería buen momento para que el rector Rafael Torres, pusiera su atención en economistas sólidos integrantes de esa Escuela, como Eduardo Rodríguez Montero o Armando Pérez Delgadillo, para dirigirla. ¿Le importará? Ya veremos.
