Excesos tarde o temprano cobran factura
Nombramientos hostiles como los de Alberto Alonso Criollo como consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, o más recientemente el de Carlos Altamirano Toledo como titular de la Auditoría Superior del Estado, con claridad demuestran que, independientemente del régimen o partido que gobierne, en Oaxaca sigue vigente la máxima autoritaria de que, cuando es posible, el poder debe ser utilizado al punto del exceso para que nadie dude de él, aunque después se carguen con los cuestionamientos —y las consecuencias— por esas arbitrariedades.
En efecto, hoy queda claro que el comportamiento del Gobernante actual, no ha variado en mucho del que ha sido el “tradicional” de todos los anteriores mandatarios: una vez que tuvo el poder en las manos, éste, como aquéllos, decidió utilizarlo en toda la extensión de la palabra, sobrepasando con ello todos los límites morales y democráticos que, además de encontrarse expresamente contenidos en las normas relativas a la división y las fronteras entre poderes, también debían ser respetados espontáneamente por las personas de poder, con razonable voluntad de utilizarlo dentro de los límites permisibles.
Si analizamos los casos en particular, podremos ver que dos de los ejemplos más relevantes de esas prácticas, se encuentran en los respectivos nombramientos y las prácticas de que han hecho objeto los gobernantes… a los órganos —y sus titulares— que se encuentran encargados justamente de los aspectos torales de nuestra democracia. Veamos si no, yendo específicamente a las decisiones tomadas por los dos últimos gobernadores respecto del Instituto Electoral y del Órgano Fiscalizador del Poder Legislativo.
En su tiempo, el gobernador Ulises Ruiz decidió, políticamente, ratificar en el cargo de consejero Presidente del IEE a José Luis Echeverría Morales. Éste había sido el árbitro en la cuestionada contienda electoral en la que él obtuvo el triunfo en el año 2004. Y fue decisión del Gobernador, y de nadie más, que éste permaneciera en su cargo.
Así, ante la orden del Jefe Político, los entonces diputados locales —que son los que formalmente tienen la potestad de la elección de quienes integran ese órgano— cumplieron con las formas legales y “democráticas” de su ratificación, y el Instituto Electoral siguió siendo un órgano pretendidamente ciudadano, aunque por completo domado a los designios del Poder Público.
El segundo de los ejemplos, mucho más reciente, es sin embargo, tanto o más ilustrativo que el primero. El gobernador Ruiz creó instancias como el Instituto de Acceso a la Información, o la Auditoría Superior, como consecuencia del conflicto magisterial y popular ocurrido en 2006. La creación de éstos, no fue hecha a voluntad, sino más bien orillado por una cascada de circunstancias que estuvieron a punto de separarlo de la gubernatura.
Con esto, su administración —y su proyecto de gobierno— trataron de darse un baño de democracia, y pensaron que hasta les alcanzaba para presumirla: decían que ellos habían creado las instancias más modernas de fiscalización y control del poder, y que eso automáticamente los hacía un gobierno más plural y abierto al escrutinio de la gente.
Sin embargo, en el caso específico de la Auditoría Superior, el gobernador Ruiz nombró a su entonces cercana colaboradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza. Ésta había sido procuradora de Justicia y candidata a diputada local plurinominal por la alianza de partidos entonces gobernante en Oaxaca (PRI-PVEM). Su nombramiento, que no garantizaba nada de independencia ni de certeza ni de objetividad en el desarrollo de las funciones, de entrada hizo palidecer cualquier posibilidad efectiva y legítima de que el gobierno “presumiera” la creación de esas instancias, si al frente de ellas había colocado a personajes afines que respondían fielmente a sus mandatos e intereses.
¿Qué tienen en común esos dos ejemplos? Que en ambos, el poder no se ejerció responsable, sino excesivamente: el Gobierno del Estado podía haber colocado a personajes ciertamente cercanos a sus intereses (o cuando menos no enemigos del régimen), pero con cierta legitimidad para ocupar los cargos. José Luis Echeverría y Lizbeth Caña, fueron sin embargo, sendas demostraciones excesivas de poder.
Sus respectivos nombramientos fueron, más que decisiones responsables, sendas constataciones —y demostraciones de fuerza— que, sin embargo, finalmente no sirvieron de nada, porque éstos no resistieron, ni de la forma más mínima, el tamiz del cambio de régimen gobernante.
LA HISTORIA SE REPITE
Hoy, de nuevo, los nombramientos de Alonso Criollo y de Carlos Altamirano fueron, más que decisiones responsables y basadas en el interés público, sendas demostraciones excesivas de cómo se ejerce con fuerza el poder, y de cómo el Gobernante puede demostrar a todos que, incluso por vías “democráticas”, él hace lo que le place —o le conviene— en instancias que, se supone, están ajenas a su ámbito de competencia.
Dentro de seis años, a lo mucho, veremos cómo de nuevo se repite la historia: si el gobierno estatal no es retenido por el ahora grupo gobernante, al inicio de la nueva gestión —y quizá ante una nueva exigencia ciudadana de democracia y “cambio”— tanto el Gobernador como los diputados integrantes del Congreso, no tardarán mucho en defenestrar a los ahora “garantes” de la democracia ciudadana y de la fiscalización objetiva.
Veremos, también, cómo propios y extraños cuestionarán los excesos de los gobernantes actuales, y pugnarán también por que ocurra un nuevo proceso de democratización de esos órganos. La historia de esos órganos y personajes, por su propio origen, está escrita desde ahora. De nuevo no pasarán por el tamiz del cambio de gobierno, y de nuevo serán tachados de todo lo que ahora mismo éstos tachan a sus antecesores.
Finalmente el problema no es de los titulares actuales o los anteriores: en el fondo, el problema se encuentra en la forma en cómo se ejerce el poder, y cómo los gobernantes se obnubilan y olvidan sus compromisos democráticos. Ya lo veremos.
ÓRDENES, ¿ORDENADAS?
Una cosa es que la contralora Perla Woolrich haya solicitado a la Procuraduría General de Justicia, y al Poder Judicial del Estado, la emisión de las órdenes de aprehensión a 32 ex funcionarios estatales, y otra que éstos las hayan finalmente librado. ¿Qué se sabe de esto último? Poco. O nada. Es decir, que realmente lo que continúa es el enorme circo mediático que han hecho de esto.
