Si hay retención, urge recurrir a vías legales
En los últimos meses, han ocurrido diversos pronunciamientos en relación a las presuntas retenciones de recursos que hace el Gobierno del Estado, de los fondos que el gobierno federal envía a los Ayuntamientos en Oaxaca. Del mismo modo, desde hace algunas semanas surgieron diversas “ofertas” de políticos en campaña, que invitan a los municipios participar en la construcción de un Presupuesto federal que los beneficie directamente. Frente a todo esto, existe un amplísimo margen de que las ofertas y las “gestiones” para obtener más recursos, no sean tan efectivas como parecen.
Para comprender el asunto a cabalidad, es necesario ir por partes. Desde hace meses, autoridades de diversos municipios de Oaxaca se han quejado fundamentalmente por dos razones: en la primera de ellas, porque ahora, a diferencia del pasado, sí tiene mucho que ver la filiación partidista de los integrantes del Cabildo, para la entrega de los recursos. Ésta se ha ido haciendo más selectiva, aunque en diversos casos la demora infinita en la entrega de los recursos también ha afectado a autoridades emanadas de los partidos integrantes de la coalición gobernante.
Éstas autoridades, aglutinadas de diversos modos, han tratado de utilizar las vías políticas para hacer valer el derecho que les corresponde. Siguiendo la lógica natural del poder, han buscado a los adversarios naturales del gobierno en turno, y hallaron eco entre los diputados federales del PRI, quienes desde algún tiempo abanderan esa causa. ¿Qué han hecho al respecto? Mucho, aunque con muy poca efectividad.
La razón es simple: los diputados tienen una influencia determinante en la confección del presupuesto de egresos, aunque por una razón por demás lógica de la división de poderes, éstos ya no tienen oportunidad de participar en la entrega o ejecución de esos recursos. La primera de las tareas le corresponde al gobierno federal, y la segunda a las instancias estatales o municipales que reciben los fondos y deben aplicarlo en las cuestiones para los que fueron autorizados.
¿Qué pasa si ese tránsito presupuestal se atora? En primera instancia, parece clara la necesidad de valerse de todas las vías institucionales para tratar de destrabar el problema. Eso es lo que las autoridades han hecho con los diputados: que las gestiones de éstos últimos —o sus pronunciamientos, o sus puntos de acuerdo, o sus llamados de atención al gobierno federal— sirvan para poner en evidencia la demora excesiva en las transferencias, y la presión y la denuncia legislativa, funja como acicate para eliminar tales cuestiones.
Hasta ahora, los diputados han hecho con decoro esa labor. Sin embargo, y a la luz de los hechos, el problema está aún lejos de terminar, y está quedando claro que la vía política es insuficiente. Ante la falta de soluciones prontas, y ante la persistencia de los problemas, es necesario que sean las propias autoridades municipales, acompañadas de todos los aliados políticos que deseen, utilizar ahora la vía jurisdiccional para lograr tales fines.
Deben explorarse esas vías, pues no hacerlo equivale a dejar todo a la voluntad política de quien debe entregar los recursos, y a la posible fuerza que tienen quienes desde alguna tribuna política o legislativa replican esa exigencia. Y queda claro que los tiempos actuales no están como para decidir el futuro de una comunidad echando una moneda al aire.
¿NUEVO PRESUPUESTO?
La vía alterna que todos han hallado es, según ellos, construir un presupuesto con un enfoque distinto, que permita a los Ayuntamientos tener mayores recursos sin que éstos últimos tengan que pasar por las manos del gobierno estatal. Todo eso suena muy bien, pero ¿de verdad es posible hacerlo?
En primer término, la planeación de los recursos no puede, ni debe hacerse, sin ton ni son. Es decir, no se le pueden llenar las alforjas de dinero a los ayuntamientos, para que luego éstos vean en qué se lo gastan. Así, lo mismo pueden aplicar sus recursos responsablemente, que robarlos, malversarlos, o simplemente destinarlos para generar una nómina abultada de trabajadores o salarios. Por eso, lo viable es que al incremento de recursos, venga indisolublemente aparejada la comprobación de la necesidad de la inversión, y de la forma en cómo ésta se llevará a cabo.
Pero además, existe otra limitación que los diputados federales —que hoy prometen tanto a los municipios— no ven, o no quieren ver: cada año, la mayoría de las Secretarías del gobierno federal ofrecen alrededor de 80 programas distintos, a los cuales pueden acceder los municipios para obtener recursos para su desarrollo, cumpliendo ciertos requisitos y reglas de operación.
Proporcionalmente, son pocos los municipios oaxaqueños que realmente tienen capacidad y la visión para acceder a esos fondos. La gran mayoría de los ediles no están dispuestos a pagar asesorías especializadas, ni a iniciar procesos de profesionalización, e incluso ni siquiera invertir una cantidad mínima de dinero en la confección de proyectos y expedientes técnicos, con los cuales pueda comprobar al gobierno federal la necesidad de recursos extraordinarios, y éste le permita el acceso a sus fondos para el desarrollo municipal.
Frente a todo esto, la pregunta debía ser: ¿Qué plan tienen los diputados federales de Oaxaca para beneficiar a los municipios del modo que hoy prometen? ¿Dispondrán la entrega de recursos a los municipios través de auténticos “cheques en blanco”? ¿Dispondrán la eliminación de las reglas de operación? ¿O tendrán la visión para verdaderamente proporcionar asistencia técnica a los municipios para que éstos accedan a recursos federales, y no para transarlos y/o hacer negocios a costillas de la sangría de sus ya de por sí nimios presupuestos?
COMPROMISO FICTICIO
Son indispensables manifestaciones expresas de compromiso social con los municipios. Diputados, delegados federales, funcionarios estatales y demás, deben dejar de ver los presupuestos municipales como la “caja chica” de sus intereses, y de verdad hacer algo por su desarrollo. Es inadmisible que independientemente de los gobiernos, las inversiones, las promesas o la atención federal, la gran mayoría de los municipios oaxaqueños sigan teniendo hasta las carencias más básicas. Ese no es sólo un problema de desatención o de falta de inversión: es también consecuencia de la corrupción y la voracidad que ha pesado sobre ellos. Y de eso, no hay político que, por estar libre de pecado, pueda tirar la primera piedra.
