+ SNTE rebasó a los democráticos “por la izquierda”
Conforme pasa el tiempo, la resistencia de la Sección 22 del SNTE al reconocimiento de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), se va quedando sin sustancia. Con la manifestación de rechazo a un anexo técnico, a través del cual, dicen, los gobiernos estatal y federal daban ciertas pautas para la implementación de la ACE en la entidad, la Sección 22 da nuevos pasos para sostener su resistencia a las políticas educativas del gobierno federal, pero también está abriendo frentes al parecer irremediables en cuanto a la propia estabilidad salarial de una buena parte de sus trabajadores. ¿De verdad sabrán todos los profesores oaxaqueños, el costo que les implica a ellos mismos su resistencia a la ACE?
Este asunto no tiene que ver ni con la privatización de la educación, ni con la lucha de clases —dos justificaciones siempre esgrimidas por parte de la 22. Independientemente de quién la propone y qué fin político-partidista pudiera proponerse, en el ámbito estrictamente educativo la Alianza por la Calidad en la Educación busca poder medir el impacto que tiene la educación en la niñez y juventud mexicana, y el grado de eficacia que tienen los educadores en el desempeño de sus funciones. Lo curioso del asunto, es que es justamente a esos dos tópicos a los que más se resiste el magisterio de nuestra entidad.
En ese sentido, fundamentalmente la Sección 22 argumenta que la implementación de la ACE en Oaxaca equivale a iniciar el proceso de privatización educativa, lo cual afecta a sus derechos laborales, y lesiona la estabilidad y el desarrollo educativo de los alumnos.
Dicen también que la ACE no toma en cuenta las características particulares de una entidad como la nuestra (con un alto grado de pobreza, marginación, los aspectos culturales particulares de las comunidades indígenas, etcétera), y que por tanto cualquier medición que se intente hacer del impacto educativo, estará viciada de origen.
Y como ése resultado no será legítimo, señalan, entonces tampoco existe posibilidad de que a los profesores oaxaqueños se les premie o castigue en función de ello. Y del mismo modo, han llegado a asegurar que la ACE sería algo así como un tipo de plan homogeneizador de la educación, y que lo que haría sería socavar los aspectos culturales particulares de las comunidades que contextualmente no se encuentran dentro del entorno desarrollado de las zonas no rurales.
Esencialmente, esas son las justificaciones que ha encontrado la Sección 22 para desarrollar su llamado “plan educativo alterno”, y para exigir que tanto el gobierno estatal, como el federal, se los reconozcan como válido. Esos mismos argumentos les han servido para rechazar la ACE, aunque en el fondo esa aversión tiene mucho que ver con la distancia que marcan de cualquier iniciativa, cualquiera, que presente el Comité Ejecutivo Nacional de su sindicato, por ser ellos disidentes.
El problema es que su resistencia, focalizada en Oaxaca, no es suficiente para lograr ni el freno a la implementación de la Alianza por la Calidad de la Educación, ni para el reconocimiento del plan alterno que ellos dicen tener, pero que en el fondo no llega a ser sino un mero bosquejo de lo que ellos quisieran que fuera un verdadero plan educativo.
Y el problema contante y sonante es que, más allá de las posiciones partidistas, ideológicas, de política sindical e incluso en relación a los ámbitos de gobierno, los nuevos esquemas de estabilidad y desarrollo laboral están determinados por las reformas educativas recientes, ocurridas en el ámbito nacional. Ahí es donde la situación deja de ser tan romántica y determinada por la fuerza de la Sección 22, y se inscribe en el ámbito de un asunto que pronto impactará a miles de profesores… en sus bolsillos.
ARGUMENTOS AGOTADOS
Quienes conocen los documentos base de la ACE, aseguran que en el planteamiento de fondo ésta no dista de los posibles planteamientos “alternos” que pudieran proponer cualquier sección magisterial o grupo disidente. Esto es, que la Alianza por la Calidad en la Educación sí reconoce que la educación de debe impartirse en un ámbito de respeto y reconocimiento a la pluriculturalidad y diversidad que tiene nuestro país; que cada entorno sí debe ser considerado particularmente. Y que los profesores deben adecuarse a las circunstancias particulares de la sociedad en que se desenvuelven para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. ¿Para qué?
Para que de ese modo los ámbitos de gobierno puedan determinar los programas de mejora salarial de los profesores. Particularmente, el programa de Carrera Magisterial también fue reformado en el ámbito nacional, y éste estipula que los profesores inscritos, o que se inscriban a ese programa, deberán cumplir de manera indispensable con programas de evaluación anuales, bianuales o trianuales, y que será sólo a través de ese mecanismo como podrán ir incrementando su nivel salarial.
El quid de todo esto, sin embargo, no está en ese punto. Sino que el programa de Carrera Magisterial a nivel nacional —regla que incluye a Oaxaca, aunque la Sección 22 insista en desconocer la ACE— establece que todos aquellos trabajadores docentes que ya estaban inscritos en el esquema anterior, y que deseen no sólo incrementar, sino conservar el nivel salarial y de reconocimiento a la Carrera Magisterial que ya habían alcanzado, necesariamente deberán también hacerse parte de ese proceso de evaluación.
Pocos lo saben, pero los nuevos lineamientos de la Carrera, establecen que de no haber procesos periódicos de evaluación, esos profesores que ya tienen niveles importantes de salario podrán no sólo perder el estatus actual, sino incluso llegar de nuevo a la plaza básica con la que iniciaron su desempeño como docentes.
¿Cómo subsanarán eso en Oaxaca, si hay maestros en la entidad que, con motivo del rechazo a la ACE, llevan ya varios años sin evaluación de Carrera Magisterial? ¿Qué hará la Sección 22 cuando inicie el trabajo de guillotina a esos jugosos salarios?
TIC, TAC, TIC, TAC
Ese no es un asunto local. Y por sus resistencias políticas e ideológicas, podrían perjudicar a la élite magisterial (muchos de ellos parte de la dirigencia, aunque muchos otros verdaderos educadores que se esforzaron por prepararse e incrementar su nivel de Carrera Magisterial) que podrían ver fuertemente mermados sus ingresos. Un asunto que no ventilan. Pero que está amenazante, como una bomba de tiempo.
