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+ Administración hace grandes conflictos sindicales
Desde hace varios días, trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, protestan por una presunta “reubicación forzada” que pretende hacer de ellos el Gobierno del Estado. Queda claro que aún cuando la razón del conflicto se encuentra en una disposición de la nueva Ley de Seguridad Pública, la situación se ha agravado por los errores de las Secretarías estatales en la implementación del contenido de la ley, y por la insistencia de esas mismas dependencias por tratar dicho conflicto —que ni siquiera alcanzar a ser un tema de carácter laboral— como un asunto político.
Para entender a cabalidad este asunto, es necesario ir por partes. En primer término, la recién aprobada ley de seguridad pública, establece bases sobre lo que debe ser el modelo policial concebido no sólo por la administración estatal, sino fundamentalmente por el gobierno federal.
Como la gran mayoría de los recursos económicos que invierten los gobiernos estatales en materia de seguridad pública provienen de la Federación, entonces es el gobierno federal quien establece ciertos lineamientos que deben cumplir las corporaciones locales para seguir accediendo a mayores montos de dinero federal destinado para los rubros relacionados. Y uno de los requerimientos fundamentales que impone la Federación a los gobiernos estatales para conseguir esos recursos, tiene que ver con la certificación del personal que se encuentra directamente involucrado en las tareas relacionadas con la seguridad pública.
Ahí es justamente donde, curiosamente, se fija la litis dentro de esta innecesaria y politizada disputa entre el gobierno estatal y sus trabajadores sindicalizados. ¿Por qué? Porque uno de los artículos transitorios de dicho ordenamiento, establece que los trabajadores de base adscritos a la SSPE podrán adherirse al régimen administrativo que contiene esa norma, cumpliendo con los requisitos establecidos y aprobando los exámenes de control de confianza correspondientes.
Dicha posibilidad se abre, según parece, debido a que la norma establece que el personal que cuente con certificación de confiabilidad, tendrá mejor salario y prestaciones que los actuales basificados, aunque habrá de ser considerado como personal de confianza. Empero, la contraparte de la norma indica que los empleados que decidan no certificarse, habrán de ser reubicados a áreas no prioritarias para las labores de seguridad.
De esa disposición se desprenden varios puntos importantes. El primero de ellos, es que la norma no establece disposiciones obligatorias para el personal de base, sino que más bien les abre una posibilidad para que ellos la tomen o no.
El segundo punto importante, es que de antemano todo el personal de base rechazaría adherirse a ese esquema, si ello implicara la pérdida sus derechos y conquistas sindicales, para pasar a ser tratados como personal de confianza, con las vulnerabilidades que esto conlleva.
Hasta hoy, ni la SSPE ni la Secretaría de Administración, han fijado un criterio claro sobre cuál podría ser el tratamiento que darán a esa disyuntiva, e incluso si existirá la posibilidad de que los derechos laborales del personal de base pudieran quedar suspendidos temporalmente, pero a salvo, mientras desarrolla funciones propias del contenido de la Ley de Seguridad Pública.
Como hasta hoy todo ha sido un desastroso enredo entre esas dos Secretarías, lo único que han conseguido es que sobre ese tema, aparentemente ajeno a cualquier controversia, se monten los intereses propios de un sindicato que está próximo a renovar su Comité Ejecutivo, y de diversos grupos opositores que intentan ocupar cualquier conflicto potencial para generar inestabilidad en un gobierno estatal, que sólo ha demostrado su alto grado de inexperiencia, e ineptitud, en el manejo de asuntos como éstos.
SECRETARÍAS ENREDADAS
Ante la inconformidad de los trabajadores de base de la SSPE (que como todos los empleados sindicalizados del gobierno estatal, confunden maliciosamente el término de “inamovilidad”, añadiendo a la posibilidad de no ser despedidos, la del hecho mismo de no poder ser movidos ni siquiera del escritorio o del espacio físico en que laboran), la Secretaría de Administración no supo conducir ese asunto hasta que, como les ha ocurrido en muchos otros casos, se les salió de control.
¿Por qué Administración no pudo conducir ese asunto? Porque aún cuando la explicación sobre los alcances de la Ley de Seguridad Pública parecen bastante claros, obvios e inofensivos para el personal basificado, ni la Secretaría de Administración ni la SSPE encontraron la interlocución adecuada para atajar la efervescencia de los trabajadores.
Y como casi siempre ocurre, algunos representantes sindicales con intereses en generar conflictos para posicionarse electoralmente entre sus correligionarios, aprovecharon la desinformación que reina en sus compañeros sobre el alcance de la norma, así como la incapacidad de la autoridad para manejar un tema como éste, para generar el conflicto que en cualquier momento podría llevar a paros de actividades, toma de oficinas gubernamentales, o a protestas públicas por parte de los empleados de base de la SSPE.
Ante la inconformidad, la Secretaría de Administración pretendió que fuera la Secretaría General de Gobierno la encargada de resolver el asunto, como si éste fuese un conflicto político y no una discordancia interna entre el gobierno estatal y sus trabajadores de base. Pero pronto salió a flote el hecho de que este asunto debe conducirse por los cauces adecuados y no seguir magnificando un asunto que debe resolverse de una forma adecuada y bien dimensionada.
ADMINISTRACIÓN ¿EFICIENTE?
Y es que en el fondo, lo único que debe quedar bien constatado es el alcance de la ley, que no va más allá de lo antes dicho. Sin embargo, ahora el problema verdaderamente importante para el gobierno estatal consistirá en separar los conflictos, y hacer ver a los basificados que el conflicto de fondo no está en la norma, sino en el interés de algunos grupos al interior del sindicato, por generar conflictos —como ya los han creado últimamente en varias dependencias— para posicionarse políticamente y tratar de ganar la dirigencia sindical, que estará en disputa dentro de muy poco tiempo. Pero dados los antecedentes, este será un reto mayor para una Secretaría de Administración que ha demostrado todo, menos capacidad para manejar asuntos como éste.
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