Ruiz Cerón: La PGJE choca con la realidad

 

+ Amparos evidencian fallas en justicia local

 

Ayer, el Juez Octavo de Distrito, con sede en esta capital, notificó la concesión del amparo y protección de la justicia federal, al ex coordinador de Transporte del Gobierno del Estado, Gonzalo Ruiz Cerón. El resultado de este último Juicio de Garantías no sólo tiene con un pie afuera de prisión al ex Funcionario, sino que además pone en evidencia —y eso es lo más grave— la parcialidad, o ineficacia —o ambas—, de la justicia local.

En efecto, la sentencia de amparo notificada ayer a la defensa de Ruiz Cerón, establece que la protección de la justicia federal fue concedida al quejoso de forma “lisa y llana”, frente a las actuaciones del juez penal que le dictó el auto de formal prisión.

¿Qué significa esto? Que la justicia federal reconoce violaciones de fondo a las garantías del recurrente (Ruiz Cerón) y por tanto ordena que la autoridad responsable (el Juez Segundo Penal) revoque la actuación citada, debido a que no existen elementos suficientes para comprobar los elementos que debieran acreditar el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad del procesado.

Este fallo, además, deja en una posición harto compleja a las instancias locales, tanto de procuración, como de impartición de justicia. ¿Por qué? En primer término, porque este es el tercer amparo que le es concedido a Ruiz Cerón de forma lisa y llana. Además, porque en cada uno de los amparos, los jueces federales que conocieron los respectivos Juicios de Garantías, hallaron inconsistencias graves en la acreditación de los elementos que son base de la acción penal.

E incluso, porque esto bien podría poner en evidencia tanto la ineficacia de los funcionarios estatales responsables de procurar e impartir justicia, e incluso que, en efecto, éstos utilizaron indebidamente la vía de los procedimientos penales para llevar a cabo ajustes de cuentas de orden político.

Con todo esto, queda necesariamente en entredicho la actuación del procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López. La razón es clarísima: ¿cómo podrá ahora explicar que tres procedimientos distintos, en los que se persigue la presunta comisión del mismo delito a la misma persona, y que son de vital importancia y legitimidad política para el gobierno que representa, fueron declarados inconstitucionales por jueces de garantías?

Pero además, ¿Frente a los tres amparos lisos y llanos concedidos por la justicia federal a Ruiz Cerón, cómo puede hoy explicar el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que encabeza el magistrado Alfredo Lagunas Rivera, que sus jueces emitieron sendas órdenes de aprehensión en contra de Ruiz Cerón, habiendo admitido como correctas las respectivas averiguaciones previas consignadas por la Procuraduría del Estado; habiendo  considerado que sí cumplían con los requisitos que establece la ley penal vigente, y que por tanto los elementos que aportaban eran suficientes para ordenar la privación de la libertad del sujeto antes citado?

El asunto, según parece, va más allá de la sola disputa entre grupos políticos, y hoy comienza a lastimar —como lo habíamos previsto— a un sistema de procuración e impartición de justicia, que fue desnudado por los tribunales federales.

Y es que, frente al resultado de las actuaciones, lo que se pone en duda ya no sólo es si Ruiz Cerón es responsable, sino también si la Procuraduría y el Poder Judicial del Estado son órganos eficaces en la realización de su trabajo, y si de verdad actúan bajo criterios de objetividad e imparcialidad, o si siguen siendo —como en el pasado— brazos ejecutores de las venganzas entre grupos políticos.

 

RUIZ CERÓN, ¿QUÉ SIGUE?

La posible excarcelación de Gonzalo Ruiz Cerón, contrario a lo que aseguraban ayer algunos medios informativos locales, no necesariamente sería “en cuestión de horas”. Aún faltan por resolverse dos recursos de revisión interpuestos por la Procuraduría General de Justicia del Estado ante los Tribunales Colegiados de Circuito, por los respectivos fallos emitidos por los jueces de garantías. ¿Qué significa eso?

Significa, en palabras sencillas, que fue la Procuraduría Estatal la que se inconformó con los fallos emitidos por los Jueces de Distrito, en los que conceden la protección de la justicia federal a Ruiz Cerón.

No obstante, hoy la litis de esos recursos se encuentra fijada por los Tribunales Colegiados de Circuito, no sólo respecto al fondo de los asuntos, sino primeramente en determinar si es que, en efecto, el Ministerio Público del Estado tiene la legitimación activa para interponer recursos en un juicio de garantías, en el que la instancia inconforme por naturaleza debía ser el Ministerio Público Federal.

Quienes conocen estos procedimientos judiciales, aseguran que esa cuestión será la primera que habrán de resolver los magistrados federales respecto a este asunto, para luego entrar al estudio en sí de los recursos referidos, y determinar si éstos son procedentes o no.

Por eso, de entrada no parece posible que la liberación de Ruiz Cerón sea sólo cuestión de horas. Deben resolverse los dos recursos ya presentados en contra de los dos primeros fallos que conceden el amparo, y a la par de ello debe verse si es que la PGJE interpone un nuevo recurso ante este tercer amparo.

No obstante, la resolución que tenga el primero de los recursos presentados por la Procuraduría Estatal, será determinante para el curso que siga este asunto. Si los Tribunales Colegiados reconocen la legitimación de la PGJE para inconformarse en estos asuntos, entonces habrá que esperar a que se resuelvan cada uno de ellos, y hasta entonces se sabrá si Ruiz Cerón continúa o no privado de su libertad.

Por el contrario, si en este primer caso se falla en contra de la PGJE, entonces habrá un precedente claro que marque el rumbo de los demás recursos. Por eso, mientras ello se resuelve, las instancias estatales involucradas seguirán en suspenso, viendo si el llamado “preso del sexenio” se les va de las manos por las inconsistencias de sus actuaciones.

 

AJUSTES NECESARIOS

Como quiera que sea, tan luego se resuelvan estos asuntos —en el sentido que sea—, el Gobierno del Estado debe hacer ajustes en las instancias que fueron responsables de estos procesos que están a punto de caerse. Además de quedar mal, por ineficaces, están dejando ver la forma en que pudieron haber utilizado a la justicia para otros fines. Y eso, para un gobierno que se dice democrático, es inadmisible.

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