+ Hacer valer la ley: el ejemplo y no un destello
Qué bien que, el Gobierno del Estado, finalmente se decidió a hacer valer la ley, y no permitir que manifestaciones populares quebrantaran el derecho de libre tránsito de la ciudadanía. Pero qué mal que el Gobierno del Estado se decidiera a hacerlo de forma tan selectiva, desproporcionada y tardía.
Pongamos el asunto en perspectiva: ¿Qué se pensaría de una madre que le permite todo tipo de libertades, excesos y hasta faltas de respeto a sus hijos mientras se encuentran en la intimidad del hogar, pero que los reprende duramente —quizá hasta de forma desproporcionada— cuando se encuentran visitas presentes en casa? Eso es exactamente lo que le ocurrió al gobierno.
El lunes por la mañana, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, se ufanaba de haber hecho valer la ley, al implementar un operativo para liberar las vialidades en la zona de Ciudad Universitaria, y detener a casi una veintena de manifestantes que intentaban bloquearlas con unidades del transporte urbano que antes habían secuestrado. Entre los detenidos se encontraba el propio secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, Agustín Hernández Monroy.
Y aunque en un primer momento la acción fue bien tomada por la ciudadanía que en ese momento recobró la posibilidad de transitar libremente por esa zona de la capital oaxaqueña, lo cierto es que la acción policiaca luego derivó, primero, en más protestas y movilizaciones por parte de los universitarios inconformes que habían sido replegados por la fuerza pública, justo en el momento en que se realizaba, aquí mismo, una serie de eventos conmemorativos del 66 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas; y segundo, en el cuestionamiento relacionado no sólo con el uso de la fuerza, sino también con el momento y las circunstancias de la acción policiaca. ¿De qué hablamos?
Hablamos de que, en el primero de los puntos, la SSPE actuó sin tomar en cuenta la opinión de la dependencia encargada de la política interna del Estado. Por eso, la acción policiaca no sirvió sino para salvaguardar momentáneamente el derecho de terceros, pero a costa de enrarecer aún más un conflicto que ya de por sí tiene mucho de absurdo, dañino e irracional para miles de estudiantes universitarios.
No obstante, el cuestionamiento más de fondo radica en dos cuestiones: primera, que si ya se dio una primera manifestación oficial de no permitir que las manifestaciones afecten a los derechos de terceros, ahora se debe seguir actuando en esa misma lógica frente a todos los grupos que, casi a diario, pretenden tomar por asalto —o lo logran— las principales arterias viales de la capital oaxaqueña.
Y segunda: que si esa es una verdadera determinación general del Gobierno del Estado frente a todos los grupos, entonces debe dejar de tener actuaciones selectivas, y sólo en los momentos en que los ojos del mundo han volteado a Oaxaca —por alguna celebración, fiesta o conmemoración, como la del lunes pasado—, para verdaderamente convertir esa actuación en una regla general que aplique frente a todos los grupos que intenten poner en riesgo la gobernabilidad y los derechos de terceros, y no sólo frente a organizaciones representativas y no radicales, como lo son los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.
LEY, ¿COMO TELARAÑA?
La actual administración no se ha caracterizado, precisamente, por tener nociones claras sobre la preservación de la legalidad frente a organizaciones sociales. El primer problema, natural, es que muchas de esas organizaciones rebasan materialmente la fuerza y capacidad de respuesta de las fuerzas estatales.
Y el segundo, no menos importante, radica en que muchas de esas organizaciones son, o fueron a aliadas del gobierno actual cuando éste era opositor al régimen anterior, y por tanto esos grupos de lucha social ahora se sienten con cierto derecho de venir a la capital oaxaqueña a exigir, impunemente, que les sean satisfechas las demandas que realizan, independientemente de que éstas se encuentren o no en el ámbito de competencia del gobierno estatal.
Por eso, es positivo en un primer momento que el gobierno estatal, a través de la SSPE, comience a marcar los límites de lo que pueden y no hacer las organizaciones sociales, y que también establezca hasta dónde éste permitirá que aquellas actúen utilizado en el derecho a la libre manifestación que les concede la ley.
Sin embargo, sería un pésimo antecedente que, ahora que el gobierno refleja sus primeros intentos de poner orden en ese rubro, comenzara a hacerlo de manera selectiva, tanto por las organizaciones a las que les pone los límites, como por el momento y el contexto social en el que lo hace.
Lo peor sería que el gobierno comenzara a permitir que la ciudadanía constatara que para ellos la ley es como una telaraña, en la cual sólo se quedan atrapados los insectos (en este caso grupos sociales) pequeños o de fuerza sólo representativa, pero que los grandes, por su capacidad de reacción, de violencia o de superioridad numérica, simplemente se pusieran en la condición de romperla.
Por eso, si de verdad se pretende hacer de esto una política general del gobierno estatal, el asunto debe tomarse con toda seriedad. Quedó claro que al régimen anterior le importaba poco meter en cintura a aquellos que quebrantaban la ley. Por eso, lo importante sería poder meterlos en cintura a todos —porque seguir dejándolos actuar libremente a todos, no es una opción en estos momentos que vive el Estado—, y no demostrar que sólo se actúa en momentos de ventaja y por conveniencia política, pero no con convicción ni con visión de demostrar que la ley se aplica y se hace valer por igual para todos.
CUOTA DE GÉNERO
Ojalá que ahora que un grupo de mujeres, integrantes de todas las fuerzas políticas en Oaxaca, se han pronunciado por ir juntas a exigir los espacios que les corresponden en las candidaturas a cargos de elección popular para el próximo año, lo hagan de forma organizada y que se decidan a conseguir más de lo que hasta ahora les han dado. Ojalá que abandonaran aquella visión de aceptar las suplencias por llenar las cuotas y conseguir el espacio, y que verdaderamente hicieran algo por obtener lo que proporcionalmente han ganado con su esfuerzo en la política local. Ojalá.
