Ugartechea olvida escuchar a los ciudadanos

Date:

Miércoles 2 de noviembre de 2011.

Desdén por voluntad popular, mal precedente

 

Pocos reparan en que el conflicto magisterial y popular ocurrido en el año 2006 en Oaxaca, no comenzó cuando la entonces Policía Preventiva del Estado pretendió desalojar, a mediados de junio de ese año, a unos 10 mil profesores de la Sección 22 del SNTE que se encontraban protestando en céntricas calles de la capital oaxaqueña. En realidad, el conflicto inició cuando el Gobierno del Estado comenzó a tomar decisiones sin la inclusión y el consenso de la ciudadanía. Y queda claro que esa lección, aún en estos tiempos de “cambio”, sigue siendo un tema pendiente para los gobernantes actuales en el municipio de Oaxaca de Juárez.

En efecto, si bien es cierto que el conflicto del 2006 tuvo muchísimos rasgos de tener como telón de fondo una fuerte disputa entre grupos de poder, también lo es que el poder de convocatoria que tuvo sobre los ciudadanos comunes fue amplísimo. Ello surgió desde la situación de que no sólo los grupos políticos adversos contaban agravios que luego se resolverían a través del intento de derrocamiento del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, sino también por el hecho de que éste, desde el inicio de su gestión, había tomado decisiones trascendentales para la vida pública del Estado, sin haber consultado ni informado a la ciudadanía, primero para saber si estaban o no de acuerdo con la obra, y después para conocer el proyecto, el costo y los encargados de realizar dichas modificaciones al entorno urbano de la Verde Antequera.

En ese sentido, el primer gran detonador de lo que luego sería una inconformidad social sin precedentes en la entidad, fue la decisión del gobierno estatal de iniciar un proceso de remodelación del zócalo citadino. Desde los primeros meses del año 2005, cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada iniciaron la remoción de las banquetas, adoquines, cantera, bancas y todo lo que había en ese sitio. El gobierno de Ulises Ruiz iniciaba un trabajo de remodelación que prometía ser benéfico para la imagen de la ciudad. Pero nadie conocía ningún detalle sobre los trabajos.

La inconformidad ciudadana no se dejó esperar. Desde personas comunes que espontáneamente manifestaban su rechazo, y hasta vecinos y grupos de profesionistas relacionados con la construcción, alzaron la voz para cuestionar la viabilidad de la remodelación; luego lo hicieron para denunciar la inexistencia de un verdadero proyecto ejecutivo —o al menos una maqueta de cómo quedaría la obra—; la negativa a dar a conocer el monto que se gastaría en la obra, y el tiempo que duraría así como los detalles de construcción. Y luego comenzaron a relucir algunos nombres de personajes íntimamente ligados al poder, que fueron los mismos que curiosamente aparecían como socios de las empresas constructoras que desarrollaban el trabajo.

Todo se terminó de descomponer cuando, en medio de las obras, se vinieron abajo dos ejemplares de Laurel de la India que tenían más de un siglo, plantados en medio de la majestuosa plaza de armas de la capital oaxaqueña, y que habían perdido la firmeza de sus raíces debido a los trabajos que entonces se realizaban en ese sitio.

Ante tal hecho, grupos de ambientalistas, de protectores de la vida cultural y el patrimonio histórico de Oaxaca, además de organizaciones de defensa de los derechos humanos, y las docenas de grupos que se apersonaron, iniciaron un enorme proceso de manifestación de la inconformidad, alegando justamente que el gobierno estatal realizaba la obra con total discrecionalidad y sin haber preguntado a la ciudadanía si estaban o no de acuerdo con las modificaciones que se planteaban.

 

LECCIÓN NO APRENDIDA

No fue una concesión graciosa del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el haber impulsado y ratificado una reforma a la Constitución Política del Estado de Oaxaca, para establecer entre los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos de la vida pública, operaran tanto el plebiscito como el referéndum, y algunas otras figuras que bien impulsadas por la ciudadanía, hoy combinabas con un contexto de inconformidad, bien podrían poner contra la pared a cualquier gobernante en turno.

Ulises Ruiz Ortiz firmó, ratificó y refrendó esas reformas —que eventualmente pudieron haberlo llevado a menoscabar, durante su misma gestión, el poder político que ejercía—, porque sabía que ese era uno de los grandes pendientes por los que la ciudadanía oaxaqueña continuaba inconforme con él, y porque eso lo había manifestado a través de distintas formas de rechazo a las decisiones que se tomaban de manera unilateral e implicaban asuntos públicos.

¿El edil de la capital oaxaqueña, Luis Julián Ugartecha Begué, tendrá en consideración todos esos antecedentes de lo que puede llegar a la provocar una decisión tomada sin el consenso y la participación necesaria de los ciudadanos? Tal parece que no. La insistencia con la que defiende y promueve su plan de iluminación de las principales calles de la capital oaxaqueña, así lo demuestra; y con ello también deja ver que en el fondo su actitud no dista mucho de la de aquellos gobernantes emanados del régimen de partido hegemónico, que gobernaban bajo el lema de que el gobernador no le pregunta a nadie, y que cuando manda y se equivoca, simplemente vuelve a mandar.

Sin embargo, los tiempos son distintos, y no se ven destellos de que las viejas lecciones del pasado hayan sido tomadas en consideración. La elocuencia de la carta enviada por el pintor Francisco Toledo sobre la insensibilidad y la falta de consideración hacia la sociedad, son muestra clara de que algo no camina bien en la forma en cómo se gobierna en la capital oaxaqueña. Y aunque queda claro que el llamado “Plan Luz” no provocará un conflicto violento como el del 2006, ésta insensibilidad sí quedará registrada entre la población, que más temprano que tarde le cobrará al edil Ugartechea, las facturas por no haberlos tomado en cuenta.

 

¿REGIDORA ABUSIVA?

Fue la comidilla. Asistentes al concierto del cantante Chayanne, aseguran que hubo un incidente en la zona de palcos: un grupo de damas, que habían pagado boletos que costaban mil 200 pesos, se metieron arbitrariamente a la zona en la que la admisión era de más de tres mil. El equipo de seguridad las detectó y les pidió que volvieran a su lugar. Sólo una se resistió, y no hubo, dicen, poder humano que la moviera del sitio. Era, aseguran los testigos, una ex Secretaria de Turismo que ahora la hace de Concejal en el Ayuntamiento citadino. Ver para creer.

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