+ Dilema: Integrarlos o seguirlos “apapachando”
Los empleados de base de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se niegan a acatar, por obstinados… algo que la ley no los obliga a cumplir. Y es que bien puede resumirse en eso el problema que hoy generan esos trabajadores respecto a la aplicación de los exámenes de control de confianza. El problema, en el fondo, radica en la excesiva tolerancia, y hasta temor, que les profiere el gobierno estatal, junto con la permisividad que éste mismo ha tenido con esos empleados que hoy, lejos de ser el principal motor de la función administrativa estatal, son su principal carga.
En los tiempos actuales, ser trabajador de base del Gobierno del Estado es algo así como tener resuelta una vida cómoda y sencilla. El hecho de contar con la protección y las conquistas sindicales, asegura a esos trabajadores una envidiable estabilidad laboral, incontables garantías por premios y estímulos periódicos, y la seguridad de que el desempeño de esa labor no necesariamente habrá de implicar esfuerzos que deban ser considerados como trabajo, y que difícilmente un superior jerárquico podrá levantarles la voz, exigirles o reprenderlos por su falta de eficiencia, obediencia y resultados.
¿Cómo llegaron esos trabajadores, en general del gobierno estatal, a esa situación? La respuesta, indudablemente, se encuentra en la excesiva tolerancia que ha tenido con ellos la administración estatal, que incluso ha llegado a tomarse tanto como sinónimo de inmunidad laboral, como garantía de cobrar relativamente bien prácticamente desempeñando funciones meramente testimoniales.
Sólo a partir de eso puede comprenderse lo que hoy ocurre en la Secretaría de Seguridad Pública. La nueva Ley que rige esa materia a nivel estatal, dispuso en uno de sus artículos transitorios (el noveno), que sólo a los trabajadores sindicalizados que realizan funciones para las cuales dicha norma pide el cumplimiento de la certificación de confiabilidad, se les deberá hacer exigible la presentación de los exámenes de control de confianza. Pero también establece que dicha adhesión habrá siempre de ser voluntaria, pero que los trabajadores de base que sí realizan funciones que requieren certificación, y decidan no adherirse al programa, habrán de ser reubicados en áreas no estratégicas para la seguridad pública.
Como ya lo habíamos apuntado en una ocasión anterior, queda claro que de ninguna de esas reglas se desprende la exigibilidad de los exámenes de control de confianza a los trabajadores de base de la SSPE. De ahí que si un principio general del derecho establece que donde la ley no distingue, no se debe distinguir, entonces lo que debe considerarse es que si la norma no exige un hacer a los trabajadores de base, éstos no tienen razón de acusar tal exigencia que en realidad no existe.
El problema, sin embargo, no radica en lo que diga la ley, o en la interpretación que de ese precepto en particular hagan los trabajadores de base de la SSPE. No. En realidad, el fondo de este problema radica en el hecho de que hoy la misma administración pública se está enfrentando, sin poder controlar, a los pequeños monstruos que, desde hace años, lentamente creó, y que aún hoy sigue estimulando de la peor manera posible.
Sólo así puede entenderse que éstos exijan, y que sean las más altas esferas oficiales las que respondan, casi con miedo, ante un llamado que debiera ser inexistente por infundado, pero que está ahí generando problemas a una dependencia que presta servicios estratégicos para la paz, la seguridad y la gobernabilidad de los habitantes del Estado.
EXIGENCIAS VACÍAS
En realidad, los trabajadores de base de esa, y de cualquier otra Secretaría, estarían no sólo molestos, sino indignados con el contenido de una norma como la Ley de Seguridad Pública Estatal. La razón de ello, no radica en la exigibilidad de los exámenes de control de confianza, sino en la pretensión del gobierno, visto como patrón, de trastocar el modo de “trabajo” de esos empleados. Ahí está la clave de todo. ¿De qué hablamos?
De que parte del contenido de la norma referida, tiene que ver con la reubicación de los trabajadores que no acepten adherirse al esquema comprendido por la ley, y realizarse con ello los exámenes de control de confianza. Ellos consideran que la garantía de inamovilidad que les brinda la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores del Gobierno del Estado implica que ellos no puedan ser movidos ni siquiera de su escritorio, y que los privilegios que han ganado gracias a sus luchas laborales, y al consentimiento y solapamiento —y hasta inmunidad e impunidad— que les ha permitido el gobierno estatal durante años, hoy pueden hacer libremente lo que les venga en gana sin que existan consecuencias por sus actos.
Y es que las consecuencias, seguro, no llegarán por parte del Gobierno del Estado como deberían. Y no será así porque nadie parece poder meter hoy en cintura a los trabajadores de base. No será así porque, según el gobierno, nadie puede exigirles ni mucho ni poco a cambio del salario que devengan.
No será así porque la Secretaría de Administración sigue esperando no sabemos qué para presentar —o incluso para comenzar a elaborar— un supuesto plan de profesionalización o “incorporación” a la vida administrativa del gobierno estatal, a esos trabajadores que hoy se caracterizan por ser los excluidos, y los auto excluidos, ante su negativa reiterada, y la de sus superiores, a incorporarlos al verdadero trabajo y responsabilidades del Gobierno del Estado.
Por todo eso, es de esperarse no sólo que los trabajadores de base se sigan rebelando, sino también que en otros casos sigan violando otras leyes, y cometan otro tipo de tropelías y desperdicios de capital económico y humano, en aras de la protección que les brinda s sindicato. Del mismo modo, es de esperarse que el gobierno estatal siga cruzado de brazos, sosteniendo a una burocracia costosa e improductiva, que además, a los ojos de todos, hace impune y libremente, todo lo que se le pega la gana.
ELECCIÓN EN SUMA
No sorprende que a la primera asamblea para elegir al nuevo dirigente del Sindicato Universitario de Maestros, en la UABJO, no hayan asistido las tres cuartas partes de todos los afiliados a ese sindicato. Lo interesante será hoy, cuando una segunda asamblea se lleve a cabo con-los-que-lle-guen, y una mayoría simple elija al nuevo Secretario General. ¿Los competidores desplegarán artilugios de “ingeniería electoral”? No, qué va…
