+ Fracciones legislativas: nulidad en “democracia”
El año pasado, el Presupuesto de Egresos del Estado fue aprobado en el Congreso del Estado por una mayoría conformada por los partidos de coalición, pero no contó ni con la aprobación, ni con el aval, ni con la participación de la fracción parlamentaria del PRI. Un año después, quedó claro que en el manejo de los recursos el gobierno estatal asumió plenamente —y a veces hasta con excesos— las facultades que le confiere la ley. Pero también quedó claro que, en eso, no hubo consideraciones de ningún tipo ni para quienes avalaron la ley con su voto, y mucho menos para quienes la convalidaron con su ausencia. ¿Ocurrirá algo parecido para 2012?
El año pasado, la recurrente ausencia priista del salón de plenos del Poder Legislativo, y su resistencia a participar de la discusión y aprobación de innumerables temas vitales para la vida pública de la entidad, de algún modo podía comprenderse en las inestabilidades propias de una fracción que pasó, sin escalas intermedias, del total control por parte del líder hegemónico, a una completa soltura y autonomía de sus integrantes. De ser tradicionalmente “homogéneos” —por deberle todos la curul a una sola persona— y disciplinados, pasaron a ser representantes de distintos intereses y grupos que confluyen al interior de la fuerza partidista a la que todos pertenecen.
Aparentemente, la razón por la que el PRI no asistió a sesiones tan trascendentales para sus intereses, como la de la discusión del gasto público para 2011, se debió a la falta de acuerdos internos en su fracción parlamentaria, aunque en el fondo siempre quedó la idea de que esa ausencia había sido una forma decorosa y “políticamente correcta” de convalidación del proyecto de gobierno que entonces iniciaba, aparentemente sin meter las manos.
En medio de todo esto se encontraba un factor fundamental de inestabilidad: el líder moral de su grupo (el ex gobernador Ulises Ruiz) tenía una confrontación total con el nuevo gobierno; pero a la vez había una percepción generalizada de que los diputados locales priistas de la LXI Legislatura, no querían ni comprar ese lío ni padecer las consecuencias de una confrontación directa con el nuevo gobierno.
Por eso, en esa y otras decisiones optaron por el colaboracionismo en diferentes formas. En unas ocasiones optaron por no aparecer en las sesiones; en otras adujeron acuerdos con las otras fracciones parlamentarias. Y en otras más no dieron una sola explicación, sino que de forma individual o colectiva acordaron el sentido de su voto, la conveniencia que éste implicaba, y lo hicieron.
Eso era exactamente lo mismo que ocurría con las otras fracciones parlamentarias. Argumentando la coalición legislativa que anunciaron al inicio de la Legislatura, éstos decidieron votar en el sentido de apoyar las propuestas del Gobernador del Estado. Ello quedó de manifiesto en votaciones directas como la que ocurrió justamente cuando aprobaron el proyecto de presupuesto para 2011.
Los diputados aseguraron haber discutido y analizado individualmente la propuesta, y la sometieron a votación sin necesidad por el proceso deliberativo que, se supone, debía haber para participar en la orientación del gasto, y para garantizar que los intereses sociales defendidos por su partido quedaran también incluidos en el ejercicio presupuestal para el siguiente año.
¿VOTAR SIN ANALIZAR?
Nadie duda que la dependencia que encabeza el secretario Gerardo Cajiga Estrada sepa hacer proyecciones presupuestales. Incluso, nadie duda que lo que él quiere, en nombre del Gobierno del Estado, es el mejor aprovechamiento de los recursos económicos con los que cuenta la entidad, y que esa sea la lógica y motivación del paquete económico que ayer presentó al Congreso.
Sin embargo, ¿esas presunciones —fundadas, sin duda— son suficientes para que los representantes del pueblo oaxaqueño en el poder público, omitan discutir, analizar e incluso incidir públicamente en el presupuesto que se proyecta para Oaxaca? Aún tomando en gran consideración la buena fe del gobierno estatal, y la posible prestancia del secretario Cajiga Estrada, la respuesta a todo esto debe ser “no”.
Esto porque, en principio, no es saludable que la fracción parlamentaria del PRI siga siendo, como lo fue el año pasado, una comparsa silenciosa de los intereses gubernamentales. Porque, además, no es propio ni correcto de una democracia en construcción, que la representación popular decida aprobar de antemano un tema que, como el económico, es fundamental no sólo para el proyecto político o el gobernante, sino fundamentalmente para la gobernabilidad democrática y para la atención de la desigualdad y los problemas sociales más sentidos que tiene la entidad. Esto no es correcto, ni siquiera en un “gobierno de coalición” como el que se jactan de haber conseguido el titular del Poder Ejecutivo y los partidos que hacen mayoría en el Congreso del Estado.
El tema económico, en esta lógica, debiera motivar una discusión intensa, cargada de propuestas alternativas e incluso de exigencias para que el gobierno estatal tuviese una mejor atención a las necesidades y desequilibrios entre las regiones, entre los municipios, y entre los problemas que enfrenta la ciudadanía que habita en los distintos puntos de la entidad oaxaqueña.
¿Podemos esperar eso? Pareciera que no. Pareciera que, de nuevo, lo que se espera es una discusión de baja intensidad; de un convencimiento (por convicción o por conveniencia) generado de antemano, que sigue la lógica de que lo que dice el gobierno es lo correcto y es lo conveniente, y que por esa razón debe ser aprobado para seguir alimentando el “gobierno de coalición” y la “transición democrática” en la que dicen que vivimos los oaxaqueños.
¿Debemos esperar eso de una fracción opositora como la priista, que dice tener un compromiso firme con la ciudadanía, y un convencimiento claro de su calidad de opositores? Evidentemente no. ¿Y debemos esperar de antemano una aprobación unánime por parte de la coalición legislativa? Podemos esperarla, sí. Pero no debería ocurrir así.
¿EVIEL PEÑA NIETO?
No cabe duda que el grado académico no es garantía de nada. En las campañas para gobernador, eso fue motivo para un linchamiento permanente en contra de Eviel Pérez Magaña —que es cualquier otra cosa, menos un tarugo—. ¿Y Enrique Peña Nieto? A él ni el título de abogado que le expidió la Universidad Panamericana lo salvó del mal paso.
almargen@tiempoenlinea.com.mx
