+ PWF debe responder con eficacia, no con evasivas
Hace meses, cuando se anunció el inicio de los procedimientos judiciales en contra de una treintena de funcionarios de la gestión del gobernador Ulises Ruiz, en este espacio se advirtió sobre el riesgo de que la realización incorrecta de las auditorías y las averiguaciones previas, podría derivar en un efecto boomerang que afectaría gravemente a la imagen y los intereses del gobierno en turno. Hoy, cuando el tema público potencialmente atractivo es el de las campañas proselitistas, este asunto debe ser un dolor de cabeza para aquellos que ya ven, en el fracaso de las acusaciones, una inmejorable bandera del priismo para sus campañas electorales.
En efecto, desde un inicio hubo dudas importantes respecto al trabajo que se realizaba en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal. En primer término, la misma administración estatal había inflado las expectativas de la ciudadanía, respecto del acto de justicia que constituiría la posibilidad de meter en la cárcel a los personajes a quienes, en la efervescencia electoral, se les acusaba de haber saqueado las arcas del Estado. Las dudas, sin embargo, surgían del hecho mismo de que no se advertía un trabajo verdaderamente eficaz para detectar las irregularidades y, en base a ellas, formular correctamente las acusaciones ante los tribunales competentes.
El primer gran error de este asunto consistió justamente en que el gobierno estatal impuso el matiz político, en una cuestión que debía ser estrictamente jurídica. Sólo la Secretaria de la Contraloría supo el nivel de calidad con el que hicieron las auditorías respectivas. Y luego cometió un error fundamental al dar a conocer, casi con vociferaciones, los nombres de los implicados, acusándolos indebidamente por las “confabulaciones” en que, según la Contralora, incurrieron para saquear las arcas estatales.
Esos dos errores podrían ser cruciales. La politización deliberada de un tema jurídico, y la publicación de nombres, fueron los dos factores que desde el inicio enredaron este asunto y que, en combinación con posibles deficiencias, podrían terminar en un desastre.
¿Por qué? Porque la Contralora prefirió exhibir los montos y los posibles responsables como un triunfo anticipado ante la opinión pública, pero sin tener la seguridad plena de que, al final, los proceso administrativos y judiciales terminarían tal y como comenzaron: señalando montos millonarios de dinero, y con una treintena de ex funcionarios inhabilitados administrativamente, sentenciados condenatoriamente por peculado, desvío de recursos, abuso de autoridad y otros delitos que pudieran configurarse por los delitos cometidos en el ejercicio de funciones administrativas.
Hoy la contralora comienza a cambiar el discurso. Sabe que la lluvia de amparos fue consecuencia de su error al dar a conocer anticipadamente los nombres de los señalados —y no del hecho de que los acusados estén recurriendo a juicios de garantías, porque así como ella tiene el derecho de acusar, los otros tienen el mismo derecho a defenderse, aún siendo responsables—; y hoy sabe también que sus ruidosas acusaciones podrían terminar en el bote de la basura, no porque los acusados sean unas blancas palomas, sino porque sus procedimientos podrían no estar tan bien sustentados como ella dice, y por lo tanto no pasar por la prueba de la constitucionalidad, una vez que sean sometidos ante la jurisdicción de los tribunales federales.
Y de nuevo: el asunto no es político, sino de eficacia en los litigios. Y ahí la contralora Woolrich podría perder definitivamente una batalla, que mediáticamente ha ganado (incluso en el ámbito nacional) gracias a la inversión en gacetillas, y al sensacionalismo y atracción que tienen las acusaciones en contra de funcionarios de un gobernador repudiado, como lo es Ulises Ruiz frente a Oaxaca, y al país.
BANDERA POLÍTICA
Lo ideal sería que las auditorías tuvieran la solidez suficiente como para poder sostener, frente a cualquier tribunal, las acusaciones que anticipadamente ha hecho la contralora. Lo ideal habría sido que los señalamientos iniciales (de que el quebranto patrimonial superaba los tres mil 200 millones de pesos) pudieran ser constatados en sentencias firmes, y que entonces sí no sólo los señalados, sino también el gobierno y el grupo de poder para el que sirvieron, pagaran el costo judicial, económico y político del saqueo que perpetraron. El problema es que la historia es distinta.
Hoy la misma contralora Woolrich Fernández reconoce que los montos por los que inicialmente se acusó a los ex funcionarios, ha ido disminuyendo en la medida en que algunos de ellos han comenzado a solventar las observaciones de las auditorías. Varios de ellos, además, tienen como uno de los argumentos para su defensa legal, el hecho de que la dependencia acusadora no les ha permitido acceder a los expedientes de auditoría para solventar las irregularidades.
Y en más de un expediente instaurado por la Contraloría, existe la certeza de que será derrumbado cuando llegue a los tribunales judiciales, por su deficiente integración. Esto, al final, haría un acto de justicia lleno de claroscuros: porque así como la contralora Woolrich acusó sin pruebas y sin fundamentos sólidos, más de un acusado podría ser exonerado no porque no se haya robado un peso de las arcas estatales, sino porque el órgano acusador (la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Estado) no tuvieron la capacidad suficiente para sostener las acusaciones y dar pruebas sólidas de sus señalamientos.
No son aisladas las posibilidades de que esto ocurra. Y si llega a pasar, esta será una bandera inmejorable de victimización para los adversarios políticos del gobierno actual. Ya podemos imaginarlos, no sólo ahora alardeando sobre la fallida persecución en su contra, sino también presumiendo que, en la verdad legal, ellos sí son las blancas palomas que en realidad nadie cree que son, pero en lo que nadie les pudo comprobar lo contrario. Eso sería toda una desgracia.
MAOH, EN CAPILLA
Por cierto, el tema de Miguel Ángel Ortega Habib y las persecuciones que pesan en su contra, son tema aparte. Es un asunto que, en realidad, rebasa al ámbito estatal y podría inscribirse en investigaciones de otra naturaleza que, sin ninguna duda, harán parecer sin mayor importancia a cualquier acusación que le haga el gobierno de Oaxaca. Ya lo veremos.
