+ Debe cambiar prácticas; modificar ley es demagogia
Históricamente, la relación entre el Estado y la jerarquía de la Iglesia Católica no sólo ha sido ríspida, sino que ha sido el punto de partida de más de un conflicto armado. Desde que México es una nación independiente, la gran mayoría de las asonadas, cuartelazos, rebeliones, motines y hasta revoluciones, tuvieron como origen una disputa relacionada con la Iglesia. Ese solo hecho bien puede ser una referencia para entender que cada que se intenta hoy modificar la Constitución de la República en materia de libertad de creencia, cultos religiosos o asociaciones de esa índole, detrás existen innumerables intereses escondidos, pero poderosos, que buscan ser satisfechos.
En efecto, todo aquel que conozca medianamente la historia del país, sabe que desde la Guerra de Independencia, todos los movimientos armados del siglo XIX y XX en nuestro país, en algún modo tuvieron algo que ver con la jerarquía católica —no con el dogma, sino con la institución llamada Iglesia Católica—, y con los intereses económicos y políticos que ellos han tratado de defender a toda costa, incluso aún ante la posibilidad de anteponer su interés particular al general, o de entregar la soberanía nacional a aquellos que les garantizaran la preservación de su dinero, bienes, privilegios o fueros.
En ese sentido, si volteamos a la historia podremos ver que la defensa de esos intereses fue lo que desencadenó varias guerras, y que en buena medida, también la lucha entre el Estado y la Iglesia fue lo que determinó el contenido de nuestras constituciones de tipo liberal, y la amplia distancia que el Estado siempre ha tratado de tener en relación no al dogma religioso, sino a la institución que representa el catolicismo en el país.
Esa amplia distancia se creó a partir de episodios como la misma Guerra de Reforma, de la derrota del conservadurismo por parte del régimen liberal que reinstauró el presidente Benito Juárez, y luego por la consolidación del Estado laico, en el que ya no se permitió la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos del país, ni en lo relativo al control de los actos de la vida civil de las personas, y tampoco en la utilización de los púlpitos como herramientas de manipulación de la conciencia de los feligreses, que a su vez son también votantes y ciudadanos con derecho a voz y voto en los asuntos políticos de nuestro país. Todo eso luego se refrendó con la guerra cristera. Y se consolidó con la ausencia de relaciones diplomáticas entre el Estado Mexicano y El Vaticano, y la negación del reconocimiento a las asociaciones religiosas, y de ciertos derechos políticos a los ministros de culto religioso.
Todo eso siguió la misma lógica hasta inicios de los años 90s, en los que, por otros motivos, el presidente Carlos Salinas de Gortari estaba necesitado de apoyo y legitimación política, y entonces cedió ciertas pretensiones al Partido Acción Nacional a cambio de que éste le apoyara en el endeble proyecto político que entonces trataba de emprender desde la Presidencia de la República. ¿Qué pactaron?
En términos sencillos, pactaron la ratificación del artículo 24 constitucional, en relación a la libertad de creencia religiosa, pero a cambio de ello el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, y el replanteamiento total del artículo 130 constitucional —para quedar en los términos actuales—, para que el Estado reconociera a las asociaciones religiosas la personalidad jurídica respectiva, para que los ministros de culto fueran también reconocidos en ciertos derechos como ciudadanos, y para que pudiera flexibilizarse la legislación en materia de culto público.
Ese fue un controversial paso del Estado Mexicano, que lo mismo fue comprendido en el marco del ensanchamiento de las libertades y la tolerancia que, acorde con los tiempos actuales, debía tener el Estado respecto a los actores influyentes de la vida pública; pero también fue comprendido como una primera traición a los principios liberales del juarismo, que establecieron un muro en el que el Estado asume la preponderancia respecto a la religión, y la pone en un estado de mínima tolerancia y reconocimiento, pero sin darle espacio a que crezca y pueda reasumir algunas de las potestades que le fueron recortadas a partir de las armas o de las estipulaciones constitucionales.
NUEVA POLÉMICA
El pasado jueves, en la Cámara de Diputados se discutió acaloradamente, y finalmente ahí se aprobó, una reforma al artículo 24 constitucional en la cual se estipulan nuevas disposiciones en relación al culto y la libertad de realizar manifestaciones religiosas de las personas. ¿Qué dice, y qué pretenden reformar, de dicho precepto?
Dicho artículo, en su primer párrafo del texto vigente señala que: “todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.
Los diputados aprobaron EL un nuevo primer párrafo del artículo 24 que formula precisiones en amplitud al ejercicio de las libertades religiosas: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público, como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.
Esencialmente, la modificación parece intrascendente. Esto porque el nuevo precepto no dice nada que no esté establecido en la ley. Y más bien, la última parte de la propuesta parece ser la “zanahoria” para que se acepte lo primero. ¿Qué trascendencia tiene todo eso?
MODIFICACIÓN TRASCENDENTAL
El priismo parece impulsar esa reforma para congraciarse con la jerarquía católica, a partir del reconocimiento en la Constitución de las libertades que ellos ya utilizan, pero que hoy la ley les regula, particularmente en materia de culto público. Este parece ser un intercambio, o un coqueteo, eminentemente electoral. Tal y como lo han hecho con otros temas como el del aborto, en el que el PRI se “empaniza” en aras de acercarse a la Iglesia y que ésta le regrese otros apoyos. No existe otra explicación. Y, dicha reforma, no tendría otra utilidad más que esa.
