Impunidad: más grave que “crímenes políticos”

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+ No es “inocentada”: en Oaxaca urge seguridad

En menos de una semana, ocurrieron en Oaxaca dos crímenes de personajes representativos de la vida pública de la entidad: el pasado 24 de diciembre por la madrugada, fue asesinado a tiros el ex dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez; y dos días después, fue ultimado de forma similar el ex regidor y ex diputado local suplente por el Partido Revolucionario Institucional, José Luis Reyes Mota. Aunque en ambos casos se han pretendido ver los crímenes desde ópticas cargadas de cuestiones políticas, lo cierto es que las autoridades estatales se encuentran ante un problema mucho más simple, pero también mucho mayor, denominado “impunidad”.
Por un lado, el profesor Rodríguez Enríquez, ex secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, fue asesinado con armas de fuego por sujetos desconocidos en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino. De acuerdo con información difundida los días previos por medios locales, el actual secretario general del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) sufrió el ataque alrededor de las 3:30 horas, cuando se encontraba en las afueras de las oficinas de esa organización, situada en la esquina de las calles Río Chiquito y Sauces, en la colonia del Bosque Sur, después de acudir a la celebración de 15 años de una sobrina, en un salón de fiestas cercano.
Según los reportes, el profesor —que era integrante de la APPO—, fue atacado por sus victimarios mientras esperaba en los alrededores de su vehículo a su hermano y cuñada, quienes se habían introducido a la sede del FACMEO para guardar la comida sobrante del festejo. Fue atacado con dos disparos de arma de fuego en el rostro, y murió mientras era trasladado a un hospital privado por sus mismos familiares.
Ahora bien, ¿qué pasó con el ex regidor Reyes Mota? Él, que era bien conocido en el ámbito de la política local por haber sido un firme activista político del PRI, y eterno aspirante a mejores responsabilidades que la de las suplencias, fue asesinado la tarde de del pasado domingo 25 de diciembre, en su natal San Agustín Amatengo, en Ejutla de Crespo. Según los reportes de prensa, el homicidio ocurrió en medio de una riña personal, en la que también habría resultado herido el hermano de José Luis, Omar Reyes Mota, actual presidente municipal de esa localidad.
Incluso, en este caso, el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, dio a conocer un día después de los hechos, que el presunto asesino está plenamente identificado y responde al nombre de Jaciel Ramírez Juárez quien, según afirmaba, ya era buscado por la policía. En ese sentido, la Procuraduría detallaba que el supuesto homicida llegó hasta donde se encontraban los hermanos Reyes Mota para molestarlos, por lo que Omar se lió a golpes con él, pero éste sacó su pistola e hizo varios disparos sobre José Luis, quien murió en el acto.

POLITIZACIÓN…
¿DE LA IMPUNIDAD?
El profesor Erangelio Mendoza González, compañero de lucha y líder máximo de la Sección 22 en el tiempo en el que el malogrado profesor Rodríguez Enríquez fungió como secretario de Organización del gremio magisterial, no perdió la ocasión para hacer un posicionamiento político relacionado no con el homicidio del mentor, sino con el movimiento magisterial.
Esto porque, ante el féretro de su compañero de lucha y de trabajo, el ex Dirigente de la Sección 22, dijo lo siguiente: “Le exigimos a este movimiento que debemos llegar a acuerdos, debemos llegar a pactos para darle rumbo, está perdida la dirección seccional que me disculpe Chepi (Azael Santiago Chepi, actual secretario general del magisterio oaxaqueño), tenemos que encontrar el rumbo de este movimiento”.
Por otro lado, en las redes sociales hubo un intento claro por asumir que el crimen de Reyes Mota ocurrió por su militancia partidista o por su participación en la política local, antes que por un conflicto de cualquier otro tipo. Y lo cierto es que son muchas más las posibilidades de que ese crimen haya ocurrido por conflictos no relacionados con su actividad política, que con el hecho de que lo hayan ultimado particularmente por ser priista. Y lo mismo ocurre con el caso del profesor Rodríguez Enríquez: es mucho más posible que haya sido un crimen motivado por cualquier otro asunto, que por su pertenencia a la Sección 22 del SNTE.
¿Qué queda en el fondo de todo esto? Que el gobierno estatal se enfrenta a un asunto gravísimo. Porque en este caso no parece ser la política o el sindicalismo el causante de los crímenes, sino la pérdida del sentido y el temor a la autoridad por parte de persones comunes, que por la razón que sea, decidieron tomar un arma para cometer estos delitos, particularmente en contra de personajes sobre los cuales, sabían de antemano que sí pesaba alguna carga o identificación política, y que por tanto había mayores posibilidades de que hubiese una investigación que derivara en su detención.
En este sentido, ¿cómo asegurar que existe autoridad, cuando las personas no le temen ni a la investigación ni al “largo brazo” de la ley? ¿Cómo decir que las cosas caminan en el rumbo correcto en el terreno de la procuración de justicia, cuando cualquiera es capaz de cometer un delito, al tener casi la certeza de que a las autoridades no les alcanzará el tiempo, el talento o los recursos, para tener la seguridad de quién fue el homicida y detenerlo?
El problema, evidentemente, es mucho más grave de lo que parece. Porque es evidente que la impunidad está rebasando de forma abierta a cualquier otro factor para cometer crímenes. Y es claro que eso es mucho más peligroso, porque entonces cualquier persona es susceptible de cometer cualquier delito, siempre que tenga como premisa que la autoridad no podrá identificarla, e incluso si es así, detenerla.

¿”INOCENTADA”?
Y no. Esto no es cosa del día de los inocentes, ni mucho menos. Es un asunto muy serio que hoy deben estar valorando todos aquellos que se asumen como dueños de la verdad en cuanto a los temas de seguridad pública y procuración de justicia. 2011 fue otro año negro —ya llevamos varios al hilo en los que ocurre lo mismo— en cuanto a crímenes coronados por la impunidad. Y el problema no es sólo que haya personas decididas a matar, robar o violar. Lo grave es que eso ocurra y que la autoridad dé excusas en lugar de resultados.

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