México ante la Corte Penal Internacional, ¿para qué?

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+ Contrasentido, que FCH amenace a quienes demandan

Qué decisión más ilógica y visceral, fue la del presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando decidió anunciar públicamente, a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, de la que él es titular, que exploraban todas las posibilidades de proceder judicialmente en contra de las de las de 28 mil personas que habían firmado la demanda presentada por el abogado mexicano Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional, para que investigara los posibles crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante los últimos cinco años de “guerra contra el crimen organizado” que encabeza el gobierno federal en contra de grupos criminales.
La gravedad de las amenazas no resulta específicamente de lo que se demandó ante la Corte Penal Internacional, sino de los efectos que esto tiene tanto en el corto, como en el mediano plazo, en nuestro país. Y es que, en efecto, la Corte Penal Internacional está facultada por el Estatuto de Roma para conocer de hechos en los que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y esa fue la razón por la que el personaje antes mencionado acudió ante ese tribunal para que iniciara una indagación al respecto.
Sin embargo, en ese punto inicial deben quedar varias cuestiones perfectamente claras. La primera de ellas, es que el hecho de que se haya presentado la denuncia ante la CPI, no necesariamente hace por sí mismo responsable al gobierno federal, o al Presidente de la República, de los hechos que se denuncian y de los delitos que se asegura que se han cometido.
La segunda cuestión, es que la demanda presentada también señala como posibles responsables a los presuntos líderes de varios grupos criminales que, al igual que el gobierno federal a través de sus agentes, también han contribuido al clima de violencia y muerte que impera en nuestro país.
Un tercer aspecto que debe considerarse, es que todo el escándalo surgió de la sola presentación de la demanda. De hecho, la CPI ni siquiera ha anunciado si admitió o no la demanda para darle la tramitación correspondiente; y bien a bien, no está claro que si los hechos que se describen en la demanda, en el contexto en el que vive nuestro país, sean necesariamente constitutivos de los delitos que el Estatuto de Roma faculta para conocer a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, sin tomar en consideración todo eso, el gobierno federal decidió amagar con “contrademandas” a todos los que se habían atrevido a señalarlo. Esto, desde todos los ángulos se presenta como un contrasentido. Esto porque su enojo equivale a negar lo que, en efecto, es público, y en lo que, también en efecto, todos los mexicanos conocen, padecen, y están por ello facultados para exigir explicaciones e incluso que tribunales establezcan si, a la luz del derecho, son legales las acciones del gobierno federal, o estas deben ser censuradas y castigadas con apego a la ley.
El asunto, contrario a lo que parece, no debiera ser visto sólo como una treta de los enemigos del Presidente o del partido al que él pertenece. En el fondo, todo esto debiera ser visto como una enorme oportunidad de poder conocer, en el mediano o largo plazo, qué es lo que hoy ocurre en nuestro país, y que por la razón que sea, no está siendo correctamente relatado o reseñado por quienes deben hacerlo.

VERDAD HISTÓRICA
Esto no debiera ser visto, pues, como una simple artimaña, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Fundamentalmente, de conocer qué ocurre hoy, frente a los diversos tipos de mordazas que privan sobre ciertos sectores de la población en nuestro país, justamente frente a la guerra contra el crimen organizado. Veamos si no.
La prensa, por ejemplo, está en buena medida, impedida hoy para relatar todo lo que ocurre respecto a la violencia y el accionar del crimen organizado. En amplias regiones del país, los periódicos, la prensa electrónica, radio y televisión, han sido brutalmente intimidadas y amordazadas —tanto por criminales, pero también por autoridades y poderes fácticos—para evitar que participen plenamente de la incidencia de hechos en los lugares en que desarrollan sus actividades.
Del mismo modo, en amplias regiones del país, las autoridades municipales y estatales han sido fuertemente reprimidas por bandas criminales, narcotraficantes, tratantes de personas, extorsionadores y secuestradores, para que éstas no actúen como deben, para que no den parte a otras autoridades sobre hechos que ocurren, o simplemente para que omitan “ver” hechos abominables que sí ven, pero que son realizados por poderes que rebasan sus capacidades de actuación.
Ante todo esto, ¿cómo entenderemos, en el mediano o largo plazo, la verdad histórica de este tiempo? ¿Dejaremos que sean los vencedores quienes escriban la historia de este tiempo? ¿O nos limitaremos, como hasta ahora, a levantar los hombros en señal de resignación, y haremos sólo el recuento de lo que sabemos, pero no de todo lo que verdaderamente ocurrió?
Para eso justamente podría servir esa demanda ante la Corte Penal Internacional, o ante otros tribunales. Esto podría servir para realizar investigaciones verdaderamente exhaustivas que pudieran darnos cuenta de lo que verdaderamente ocurrió, y de los alcances que todo eso tiene para nuestro contexto nacional. Además de la justicia dada a sus familiares directos, el resultado de una investigación como la de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, nos sirve a todos los mexicanos para constatar que, en efecto, el Estado sí cometió esos delitos, y no fueron sólo denuncias “de oídas” como habían sido hasta ahora.
Es inadmisible que finalmente, por la sinrazón de un personaje, los mexicanos nos quedemos sin la posibilidad de conocer esta parte de nuestra historia, y sin poder entender lo que somos, y producto de qué es esa realidad que nos tocará vivir en el futuro, a nosotros y a nuestros hijos.

DERECHO AL VOTO
El consejero Electoral Suplente, Salvador Avendaño, señala a esta columna que más de 2 mil vecinos de fraccionamientos pertenecientes a San Pablo Etla, no tendrán la oportunidad de votar, toda vez que la cabecera municipal se encuentra a más de 10 kilómetros de distancia. Por ello, señala, solicitarán al Consejo Local del IFE, que preside Roberto Cardiel Soto, que instale una casilla extraordinaria que sea accesible a todos los ciudadanos el próximo 1 de julio de 2012.

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