Tenencia y emplacamiento: la ciudadanía despierta

+ Urge discusión serios, sin ataques ni enojos oficiales

Qué lamentable que el sector oficial asuma como “chismes de las redes sociales” un intento genuino de la ciudadanía, por inconformarse en contra de una potencial medida de cobro de impuestos en contra de los automovilistas. Qué lamentable, también, que la autoridad tenga una visión tan reducida de lo que significa la ciudadanía, y asuma como ataques las reacciones que ésta tiene ante ciertas disposiciones que son consideradas como ilegítimas e ilegales. Esto es lo que ocurre, hoy en Oaxaca, alrededor del cobro de la tenencia vehicular, y de la actitud frente a los automotores que ostentan placas de otra entidad federativa.
Desde mediados de la semana pasada, en algunos espacios periodísticos, y en redes sociales como Twitter, se comenzó a insistir en el hecho de que tanto la Secretaría de Finanzas, como la de Seguridad Pública Estatal, preparaban operativos para detener a todos los vehículos que circularan por calles y carreteras estatales, y que portaran placas de otras entidades federativas.
Se decía que el intento iba encaminado a confrontar el domicilio del emplacamiento, con el domicilio proporcionado por el dueño del vehículo en sus demás documentos vehiculares. Si se corroboraba que en el emplacamiento había un domicilio foráneo, y que en los documentos había otro de la misma persona pero en la entidad oaxaqueña, entonces podrían configurar un supuesto jurídico de evasión fiscal, y que a través de ello podrían inmovilizar el vehículo y llevarlo a un encierro, y obligar al propietario a pagar aquí su tenencia para recuperar la unidad de motor.
El intento no parecía del todo lógico, a la luz del derecho. Todo aquel que tiene medianos conocimientos jurídicos, sabe que si bien existe cierta irregularidad en el emplacamiento de un vehículo en una entidad federativa a sabiendas de que se habita en otra, también es cierto que los supuestos (prácticos, económicos, fiscales, o por evitar actos de molestia, etcétera) por los que una persona decide emplacar su auto en uno u otro estado de la República, son simplemente infinitos.
En ese sentido, coincidió el señalamiento, con el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sí inició operativos “de concientización” a la ciudadanía sobre los supuestos beneficios del emplacamiento en el estado; pero aunque la autoridad se negó a reconocerlo públicamente, aquellos que fueron objeto de los operativos señalan que los agentes de la Policía Estatal que los detuvieron, les dijeron que la “concientización” sería sólo pasajera, y que después se tomarían otro tipo de medidas (coercitivas) para conseguir que esos ciudadanos emplacaran sus unidades en el estado de Oaxaca.
Todo eso despertó una importante reacción ciudadana en contra de la medida. Al menos en las redes sociales, la espontaneidad demostrada frente a los cuestionamientos hechos por algunas personas, fue inmediata y contundente.
Por eso, el mismo jueves por la tarde el secretario de Finanzas se dio a la tarea de desmentir los rumores, asegurando (en el caso particular, al autor de este espacio, quien así lo dejó asentado en su cuenta de Twitter) que si bien estaban en contra de los emplacamientos que él calificó como “ilegales”, también dijo que buscarían algunas otras medidas para conseguir que más oaxaqueños emplaquen sus vehículos en la entidad, y por consiguiente disminuyera el número de vehículos que circulan en la entidad con placas de otras entidades federativas.

NO SE AYUDAN
Parecía que el mismo jueves el tema había quedado agotado. Habiendo escuchado las precisiones del secretario Cajiga, muchos confiaron en que los operativos no se llevarían a cabo. Sin embargo, al día siguiente el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, insistió en el tema, y tanto en declaraciones a la prensa, como en su cuenta personal de Twitter, confirmó la medida.
Por ejemplo, a través de su cuenta @jaimeguerrero08, el reportero Jaime Guerrero preguntó directamente al secretario López Escamilla (quien responde personalmente en la cuenta @sriosegoax), el pasado 13 de enero, si “@GobOax [haciendo referencia al Gobierno del Estado] pretende detener vehículos con placas d otros Estados x supuesta evasión fiscal…”// será así @SrioSegOax, confirmado?” A lo que Lopez Escamilla (@SrioSegOax) respondió tajante: “si”.
Con esta posición, que luego trató de ser fallidamente matizada en algunos medios locales, era el propio secretario López Escamilla quien reabría un debate, que ya no sólo versaba sobre el emplacamiento, sino también la visión que tienen de cómo la ciudadanía debe responder ante las disposiciones de la autoridad.
Quedó claro que para él, y para todo el gobierno, la ciudadanía tiene negado el derecho a inconformarse con una medida que considera injusta, y que tampoco tiene derecho a expresarlo. Así quedó claro cuando ambos funcionarios, López y Cajiga, decidieron reducir todo a un “chisme de las redes sociales” y hasta se mostraron sarcásticos frente al genuino derecho de ciudadanos de expresarse en contra de algo que, según ellos, no estaba en los planes hacer, pero que de algún modo sí estaban ejecutando.
La respuesta ciudadana a todo esto, fue excepcional. Porque aunque ésta no gustó a los funcionarios, y trataron fallidamente de llevar a cabo un “control de daños” también pésimamente planeado, lo cierto es que los oaxaqueños que se expresaron (nos expresamos) lo hicieron como debieran ser todas las protestas: inundadas de ideas y argumentos sobre el tema; porque de inmediato quedaron excluidos los ataques personales; porque en la expresión de la inconformidad nadie violó la ley (como sí lo hacen las organizaciones de lucha social, que cierran calles o toman oficinas públicas, y que lejos de ser fustigadas, son protegidas por la autoridad); y porque finalmente la ciudadanía dio muestras claras de estar despierta y pendiente para hacer frente a medidas que, con todo derecho, considera impropias y violatorias de sus derechos fundamentales.

OPORTUNISTAS
Qué mal se ven aquellos que, ante la reacción ciudadana, pretenden montarse en el asunto sólo para enrarecerlo. Ahí está, por ejemplo, el dirigente estatal de la CNOP del PRI, Jorge Toledo Luis, tratando de adherirse a este intento. Si de verdad quiere ayudar, mejor que no se meta. Él viene de un gobierno que, le guste o no, lo acepte o no, es corresponsable de esto. Y su cuchara partidista sólo abona a enrarecer las acciones que pretenden llevar a cabo ciudadanos, no priistas. También, qué lamentable.