Impuestos vehiculares: ubiquemos el gravamen

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+ Gobierno erró estrategia apelando a la piedad

Ayer, mediante un comunicado, finalmente el Gobierno del Estado de Oaxaca rechazó cualquier intento de llevar a cabo operativos para detener vehículos que ostenten placas emitidas por otras entidades federativas. La negación de de ese tipo de actos de molestia, constituye a todas luces un triunfo de la ciudadanía, que a mediano plazo también contribuirá a que el gobierno estatal centre bien su relación con los contribuyentes y permita establecer una dimensión justa a este debate que, por distintas razones, se ha llevado innecesariamente a los extremos.
Ayer, al filo de las tres de la tarde, la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, emitió un escueto comunicado de cuatro pequeños párrafos, en el que, textualmente, asentaba lo siguiente: “El Gobierno del Estado informa que no realiza ni llevará a cabo ningún operativo en contra de vehículos con placas de circulación foráneas.
“Luego que en los diferentes medios de comunicación se difundiera que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSP), encabezaba este operativo, esta dependencia aclara que no se tiene previsto acciones de esta naturaleza.
“La dependencia señala que no existe ninguna ley que obligue a los ciudadanos en portar placas exclusivamente del estado, lo único que establece el reglamento es portar placas vigentes, por lo que la SSP solo ha buscado concientizar a la gente, con el fin de que los recursos que se cobren por derechos de emplacamiento sirvan para apuntalar el desarrollo de Oaxaca.
“En ese sentido, el personal que integra a la Secretaría de Seguridad Pública está comprometido a preservar la legalidad y seguir el ejemplo del Gobernador Gabino Cué Monteagudo en el sentido de conducirnos dentro el  orden institucional.”
¿Qué se desprende de todo esto? Son varios aspectos, de entre los cuales se destacan dos para estos efectos. El primero de ellos, es que como finalmente lo acepta la administración estatal, no existe fundamento jurídico alguno para sostener la ilegalidad de los emplacamientos en otras entidades federativas, pues tal y como se encuentra asentado en los reglamentos que al efecto ha emitido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal —que es la legalmente encargada de normar la emisión de estas medidas de identificación en todas las entidades del país—, lo único que se exige es que la portación sea de placas vigentes en la entidad federativa en la que fueron emitidas.
Esto significa, también, que como se veía desde el principio, la ciudadanía no estaba tan equivocada como lo trataban de hacer ver las Secretarías de Finanzas y Seguridad Pública Estatal; y que la ciudadanía tampoco estaba tratando de defender una ilegalidad, como también intentaron señalarlo ambas dependencias.
Y el segundo de los aspectos, tiene que ver con la escasa sensibilización que hasta el momento ha podido hacer el gobierno estatal de las necesidades económicas del estado, frente a la ciudadanía. ¿De qué hablamos?
De que, como lo señala en el comunicado, el gobierno de Oaxaca intenta por todas las vías recaudar más impuestos. Para ello ha aplicado una serie de medidas impopulares, justamente como el negarse a derogar la tenencia vehicular y, como en este caso en particular, ha buscado “concientizar” a los oaxaqueños sobre la importancia que tiene el pago de impuestos como detonante del desarrollo estatal.

CENTRAR LAS SOLUCIONES
El problema, es que el gobierno estatal no termina de entender que la ciudadanía no piensa, ni tiene por qué pensar, como si fuera parte del gobierno, o como si tuviera la responsabilidad en el manejo de éste; pero también queda claro que el gobierno tampoco ha estado dispuesto a ponerse en los zapatos de los oaxaqueños, porque tampoco tiene el deber de hacerlo.
¿De qué se trata todo esto? Que independientemente de las necesidades del sector público, es claro que el ciudadano siempre optará por acudir a donde pague menos. Eso es lo lógico, es justamente lo que está sucediendo; y es la razón por la que desde hace meses se ha conminado al gobierno estatal a promover incentivos reales a la ciudadanía —y no los “mejoralitos” que hasta ahora ha tratado de dar— para que ésta decida seguir emplacando sus autos en Oaxaca, y no busque ir a otros donde dicho impuesto se encuentra derogado.
Y lo que ya debiera entender el gobierno, es que apelando fallidamente a la piedad (por lo pobres que somos, y por lo benéfico que sería que todos pagaran sus impuestos), aquí se siga generando un desgaste de la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Es evidente que ésta tiene que pagar lo justo. Pero es también claro que, en las condiciones actuales, será muy difícil que se logre obligar a pagar aquí por lo que ya no se paga, y también es legal, en otras entidades federativas.
¿Para qué creemos que servirá todo esto? Primero, para que el gobierno no intente de nuevo tomar medidas ilegales para cobrar. Pero, en segundo término, también servirá para que el gobierno ahora sí cobre con toda legitimidad los impuestos que están autorizados por la ley. Esta discusión, en el fondo, no versó sobre si se debe seguir o no pagando la tenencia —cuestión que sería muy benéfico someter a consideración colectiva, pero que de antemano se sabe que el gobierno no lo permitirá por lo previsible de su resultado—, sino los límites que debe haber en el cobro de ésta.
A partir de ahora, lo que debe ocurrir es —ahora sí— un ejercicio creativo en el planteamiento de alternativas para mejorar la recaudación, incluso a costa de los derechos vehiculares. Pues queda claro que siguiendo la ruta que lleva hasta ahora esta discusión, lo único que ocurrirá es que los extremos se acentuarán, y será más difícil encontrar soluciones efectivas y posibles para un asunto tan importante como este.

TRAGEDIA EN EL CIVIL
El pasado 13 de enero, falleció un bebé de siete días de nacido, en un accidente automovilístico ocurrido en la calle doctor Mario Pérez Ramírez, justo a unos metros de donde se realiza la obra de ampliación de la Sala de Espera para familiares de internos en el Hospital General “doctor Aurelio Valdivieso”. Esto, a decir de los vecinos, nunca había ocurrido. ¿Esto fue consecuencia indirecta de la obra, o una desafortunada casualidad? Lo cierto es que hechos como esos, sólo contribuyen a cuestionar una obra de por sí polémica. Por eso, pronto abundaremos en el tema.

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