+ Ley de Pensiones, un yerro por cómo es planteada
A estas alturas, dos cosas son perfectamente visibles: primera, que el Gobierno del Estado no tiene delineada una agenda específica de temas prioritarios, a través de la cual pudieran trabajar uniformemente para dar cauce y solución a los mismos; y segunda, que todo el ánimo democrático, la determinación y la sensibilidad que prometieron tener para tratar los asuntos complejos, en realidad no ha sido más que un discurso que hasta raya en los demagógico. El problema innecesario provocado por la forma en que fue presentada la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones, da cuenta precisa de ello.
Si algo saben, desde hace años, todos los involucrados en la relación del gobierno estatal y su burocracia, es la urgencia de una reforma profunda a la ley de pensiones, y el establecimiento de nuevos esquemas en la relación del gobierno, en su calidad de patrón, con todos los trabajadores con los que tiene responsabilidad por los servicios y prestaciones sociales que está obligado a proporcionarles. Esto es casi tan claro, justamente como las razones que tuvieron las administraciones anteriores (todas, ampliamente discutibles y hasta condenables) para no entrar cuando menos al intento de llevar a cabo esas reformas. ¿Por qué no lo hicieron?
Primero, porque difícilmente un gobierno está dispuesto a pagar el costo político de decisiones de esa magnitud. Segundo, porque, además de eso, no tenían la disposición para entrar en un proceso fino de consenso, explicación y negociación de una reforma que, aunque con innumerables riesgos, todavía podía ser momentáneamente aplazable. Y tercero, porque al no hacer las reformas, todos apostaban a heredar el problema a sus sucesores, y al mismo tiempo a mantenerse en el cómodo y ventajoso estado de cosas actual.
De hecho, la administración anterior trató en algún momento de llevar a cabo la reforma. Y no lo hizo, aún teniendo una buena relación con la dirigencia del sindicato de burócratas. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya tenían suficientes problemas políticos, de gobernabilidad, y hasta de grupos que cuestionaban la legitimidad del régimen, como para que ellos voluntariamente decidieran tener más enemigos. Decidieron postergar la solución al tema de las pensiones, pero también la implementación de nuevos esquemas en la relación laboral de los trabajadores frente al gobierno.
Es decir, que además del tema de la forma en cómo el gobierno financiará el derecho a la jubilación de los trabajadores, nadie le quiso entrar a la revisión de la necesidad de implementar un servicio civil de carrera que le diera no sólo cheques en blanco a perpetuidad a los trabajadores sindicalizados, sino también ciertas garantías a los miles de empleados del gobierno estatal que como no tienen esa calidad, tampoco tienen derecho a la estabilidad laboral, a la jubilación, y a las prestaciones sociales mínimas que también merecen por ser empleados al servicio del Estado, independientemente de que sean considerados como trabajadores de confianza.
Nadie lo hizo por comodidad: porque en el esquema actual, los empleados de base son invisibles; porque en esas condiciones, existe un acuerdo tácito entre los mandos superiores y los sindicalizados, de no exigirse nada mutuamente, a cambio de no molestarse; y porque ni a unos ni a otros les interesa la productividad o el servicio a favor no del régimen, del partido o del grupo gobernante, sino de la sociedad oaxaqueña.
Pero también, porque en esas condiciones, los empleados de confianza son fácilmente explotables; porque éstos no tienen ninguna garantía sobre su empleo; porque el empleador tiene un absoluto control discrecional sobre su permanencia (porque no debe dar cuentas a nadie sobre las buenas o malas razones del despido, contratación o permanencia de su personal de confianza); y porque esos empleados sin garantías, con salarios bajos, con responsabilidades mayores, y prestaciones económicas de vergüenza, son los que (medio) sostienen el funcionamiento del gobierno estatal.
PÉSIMA ESTRATEGIA
Sería ridículo e irresponsable decir que es erróneo que el gobierno estatal se preocupe por replantear el esquema de pensiones de los trabajadores sindicalizados, y que tome medidas al respecto. Sin embargo, si algo más ha quedado también demostrado, es que el gobierno no ha entendido ni los valores democráticos que dice tener, ni tampoco ha entendido lo que implica una verdadera operación política que permita conseguir las metas propuestas, sin provocar más conflictos de los ya existentes.
¿Por qué es evidente lo anterior? Porque, al menos, el manejo político indispensable frente a la posibilidad de presentar una ley como esta, ha sido desastroso. Ni en el mismo gobierno han comprendido que acciones como éstas deben ser homogéneas, informadas al interior, y llevadas a cabo con el conocimiento, el acuerdo y la concordancia de todos los involucrados, para que las reacciones puedan ser afrontadas con uniformidad y eficacia.
Sin embargo, no hubo nada de eso. Esta iniciativa fue presentada por el sector económico y administrativo del gobierno estatal, sin siquiera informar o acordar acciones conjuntas con las demás instancias públicas. Lo hizo sin hacer previamente del conocimiento de todos los involucrados los beneficios de la ley. Y todo se intentó controlar a través de un simple comunicado de prensa que, en los hechos, no resuelve ninguno de los problemas que generó este asunto.
Y es que a la par de su presentación, debían haberse tomado una serie de medidas de sensibilidad política para evitar reacciones de la burocracia estatal motivadas por la desinformación y la manipulación de que pudieran ser objeto. Debió haberse hecho, por ende, un trabajo de información y sensibilización a los trabajadores. Pero también, ante todo esto, se debió haber establecido una estrategia específica para poder afrontar en conjunto un asunto de importancia mayor no sólo para este gobierno, sino para las administraciones de las próximas décadas.
COSTO INNECESARIO
Las protestas iniciadas ayer, dan cuenta precisa de la falta de previsión de un gobierno, en el que no se toman medidas uniformes y con sentido de la previsión. Lo dicho por el subsecretario de Administración, Hugo Félix, es insuficiente ante la falta de preparación de acciones reales para evitar las protestas. El intento es positivo. Pero la forma en cómo fue ejecutado es, por decir lo menos, penosa.
