Eperristas desaparecidos: el gobierno sí debería estar preocupado por ellos

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+ Crímenes de lesa humanidad los implican a todos

El delito de desaparición forzada de personas, además de estar tipificado en la legislación penal internacional, es considerado como un crimen contra la humanidad por los distintos sistemas de justicia internacional de los que México es parte. A partir de ello, temas como el de la desaparición de los dos integrantes del EPR, presuntamente ocurrida en mayo de 2007 en la capital oaxaqueña, debieran dejar de verse como asuntos de un régimen y un gobernante en específico, para preocupar, y mover a la obtención de avances y resultados concretos, a los depositarios actuales del poder del Estado. Las razones para ello son abundantes y apremiantes.
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Albero Cruz Sánchez, según denuncias públicas del propio EPR desde junio de 2007, desaparecieron en la capital oaxaqueña la noche del 24 de mayo de 2007, presuntamente a manos de elementos de cuerpos de seguridad del Gobierno del Estado de Oaxaca, quienes posteriormente podrían haberlos entregado a fuerzas federales o al propio Ejército.
Dentro de sus denuncias, el grupo armado reconoció expresamente que esos dos integrantes, y varios más de sus milicianos, habían participado en el conflicto magisterial ocurrido el año previo (2006) en su calidad de luchadores sociales, y establecieron que esa pudo haber sido la vertiente a partir de la cual se dio su identificación, seguimiento, detención, entrega a fuerzas federales para su posterior detención.
A lo largo de los últimos años, el EPR ha reiterado su denuncia —señalando a los gobiernos del presidente Felipe Calderón, y de Ulises Ruiz—, al grado tal de conseguir la conformación de una Comisión de Mediación, reconocida por el gobierno federal como gestora e interlocutora para las tareas relacionadas con la búsqueda y localización de los eperristas. En esa misma lógica, el EPR ha conseguido la legitimación tanto de la existencia del hecho como de sus exigencias, a partir de las manifestaciones hechas por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo respecto a su preocupación y disposición a participar en el esclarecimiento del hecho.
No obstante, lo que es visible hoy en día es que las acciones tanto del gobierno federal, como de la administración anterior y actual en el Gobierno de Oaxaca, no han pasado de las manifestaciones de disposición y preocupación por el hecho. Y eso es grave no sólo por el riesgo inminente de violencia, o de nuevas acciones militares o de sabotaje por parte del EPR como respuesta y presión a la inacción oficial, sino porque el continuar dando largas al asunto, sólo abona a la posibilidad de que, dentro de un tiempo, el Estado Mexicano —las instituciones, independientemente de las personas que en esos momentos sean depositarias del poder público— deba responder a la comunidad nacional e internacional por las decisiones irresponsables, y carentes de visión de Estado, de los funcionarios directamente responsables del hecho, y de los actuales, que prometen lo que no están dispuestos ni preocupados por cumplir.
Al final, lo que se vislumbra en el mediano o largo plazo, son procedimientos ante la justicia internacional en materia de derechos humanos, investigaciones de verdad serias, imparciales e incluyentes, y juicios en los que se ponga en entredicho no sólo a un gobernante o una administración, sino a todo un Estado. Y México no se merece continuar en ese escenario, en el que es condenado por permitir y fomentar, con la impunidad y la irresponsabilidad de sus representantes, la violación a los derechos fundamentales de las personas.

EXIGENCIAS SIN RESPUESTA
El EPR ha demandado una investigación seria sobre el paradero de sus dos integrantes. Abonando a esa posibilidad, incluso dispuso un cese unilateral de toda acción de sabotaje, como señal de disposición a arreglar este asunto dentro del marco institucional. Y, en su momento, el gobierno respondió positivamente aceptando la conformación de una Comisión de Mediación e iniciando una Averiguación Previa para aclarar los hechos y tener certeza sobre el destino de los desaparecidos.
En esa misma lógica, e instalados en el discurso del gobierno democrático y justo, el gobierno de Gabino Cué hizo lo mismo, manifestando una voluntad distinta a la de sus antecesores (porque el gobierno de Ruiz nunca aceptó la responsabilidad ni tomó acciones concretas para investigar lo relativo a los eperristas), y prometiendo contribuir con las investigaciones. El problema es que, hoy, ni el gobierno federal ni el de Oaxaca ha entregado avances concretos sobre el tema. Y, de hecho, todo ha continuado en la sola emisión de discursos que no vienen acompañados de acciones específicas, incluso para —en una posibilidad remota— desmentir la existencia de la detención, y la desaparición de los dos guerrilleros.
En el corto plazo, el riesgo radica en que el EPR reinicie acciones militares. Pero, en el mediano plazo, todo este caso buscará llegar a las instancias internacionales (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hasta la Corte Penal Internacional) en las que finalmente podría investigarse objetivamente el hecho para llegar a la conclusión de que las denuncias son ciertas, y que por tanto el Estado Mexicano —no sólo los funcionarios directamente involucrados y sus sucesores— es responsable por este hecho que constituye un delito de lesa humanidad.
Todo eso podría ocurrir no sólo por la proclividad a la intolerancia y el autoritarismo de los funcionarios directamente responsables del hecho, sino también por la inacción de quienes los sucedieron, para procurar e impartir la justicia debida respecto a la comisión de los delitos. Y es que, entendámoslo, un hecho como este rebasa la aversión a un gobernante como Ulises Ruiz, o a un discurso “democrático” y “políticamente correcto” como el de los gobiernos de alternancia. Esto podría envolver al Estado en su conjunto. Y México entero estaría en vilo por responsabilidad de funcionarios que no estuvieron dispuestos a cumplir con las responsabilidades y deberes que les correspondían.

SUELDAZOS
No es sólo el tema del escándalo: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y el Instituto Federal Electoral, están obligados a indagar minuciosamente cómo reparte la dirigencia estatal del PRI las prerrogativas que recibe. Porque no es capaz de proteger y dar lo mínimo a sus trabajadores, pero, según datos del Frente Renovador, su Presidente gana más de 130 mil pesos mensuales. Eso es inadmisible.

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