Decisiones legislativas, ¿de un régimen democrático?

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+ Democracia con ciudadanos: Hacer exigibles pactos

 

La forma en cómo fue presentada, procesada y aprobada la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado, es la propia de un régimen no democrático. Si el gobierno estatal, y la Legislatura local, pretenden instaurar nuevas formas de hacer política, debieran comenzar por abandonar ese tipo de prácticas que los colocan justo en el lugar cuestionable y antidemocrático en el que, dicen, no quieren estar.

La actividad legislativa en Oaxaca es altamente contrastante. Pues hoy en día es claro que la eficiencia en la aprobación de nuevas disposiciones jurídicas, se determina únicamente por el interés especifico que tienen los legisladores, o el Gobierno del Estado, en leyes particulares, pero ese interés no es producto de las convicciones y tampoco consecuencia de una verdadera vocación por atender las propuestas de la ciudadanía para reformar y mejorar el marco legal de la entidad.

De hecho, el contraste se marca en dos cuestiones en específico: La primera, es la relativa a que la Legislatura del Estado ni siquiera tiene la disposición para informar a la ciudadanía cuántas iniciativas de reforma se encuentran en estudio en las 36 comisiones permanentes que contempla la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Al no tener disponible públicamente esa información, ni siquiera es posible saber el grado de eficiencia real que tiene el Congreso del Estado, y tampoco es posible determinar hasta qué punto actúa y legisla por consigna o por disposición directa, y en qué medida lo hace con el ánimo de desahogar la abultada agenda de temas pendientes propuestos por la ciudadanía.

Empero, la segunda de las cuestiones tiene que ver con su actuación eficientísima en temas en específico. Y para eso, pongamos un par de ejemplos: ¿En cuánto tiempo la Legislatura local conoció, analizó, discutió y aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? La respuesta llana, podría llevarnos a considerar que, en efecto, esa fue una demostración de eficiencia.

Pues todo ese proceso se llevó a cabo en menos de 30 días. Sin embargo, habría también que tomar en consideración el “interés” particular que tenía el Titular del Poder Ejecutivo en esa norma, y la sospechosa “disposición” que tuvieron los legisladores por aprobar esa auténtica “cirugía mayor” que le hicieron los diputados a la ley respectiva.

Algo más o menos similar ha ocurrido con otras normas. La más emblemática de ellas, es la reforma constitucional de abril del año pasado, la cual también fue consecuencia de esa contradictoria eficiencia legislativa, que permite aprobar disposiciones prácticamente sin conocerlas.

Y es que, dígase lo que se diga, lo cierto es que la reforma más reciente a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca fue consecuencia de un mandato directo, y de un texto previamente elaborado por un despacho privado de abogados contratado por la administración estatal, que sólo fue ratificado por el Legislativo, aunque sin modificaciones o aportaciones verdaderamente sustanciales.

A todo esto se le pueden encontrar explicaciones abundantes. Porque siguiendo la lógica del poder (no la jurídica), queda claro que no vale lo mismo el interés del Gobernador del Estado, que el de un ciudadano común que elabora y presenta una iniciativa de reforma al Poder Legislativo.

A partir de eso se puede entender esa eficiencia sólo selectiva de los diputados, y la abundante ineficiencia que profesan cuando no son temas susceptibles de interés o negociación política. Pero es evidente que tal actuación e intereses no debieran ser los predominantes en regímenes que, como se supone que el nuestro, se encuentran en el proceso de construcción de normas y formas más democráticas que las existentes.

 

TRABAJAR PAREJO

La posibilidad de que una iniciativa de reforma que sea presentada por un ciudadano oaxaqueño común, culmine el proceso legislativo y se convierta en Ley, es —por decirlo decorosamente— remota. Para que dicha propuesta tenga al menos la posibilidad de avanzar, debe ser “hecha suya” por algún diputado, y éste a su vez debe demostrar dotes importantes de negociación y cabildeo entre los demás legisladores, para que éstos conozcan el contenido de la propuesta y decidan someterla al proceso de estudio y dictaminación por la comisión respectiva.

Una vez que eso ocurriere, y que se dictaminase favorablemente, se sometería al conocimiento del pleno legislativo para ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada o devuelta a comisiones para ser modificada y de nueva cuenta dictaminada. Una cuestión de ese tipo, aún con el impulso de un diputado o una fracción parlamentaria, podría tardar en concluir ese proceso, una o dos legislaturas. Es decir, entre tres y seis años.

Y esto, de entrada, contrasta con la eficiencia que se demuestra en casos en específico, en los que, en menos de un mes, una iniciativa presentada por el Ejecutivo es analizada y dictaminada en comisiones. Después es presentada al Pleno, que decide obviar la fase de discusión, y se dispone a aprobarla sin mayor dilación para convertirla en norma con fuerza coercitiva.

No debería ocurrir ni una cosa ni la otra. Por eso, los diputados debieran tener mejores parámetros para demostrar a la ciudadanía su eficiencia. Es decir, debieran dejar de “medir” su eficiencia por la cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo que presentan, y la cantidad de reuniones, mesas de trabajo y sesiones en que participan, y debieran comenzar a pensar en dejar constancia de su compromiso democrático a través de la demostración de su eficacia real, y de su disposición a atender no sólo el llamado del gobernante o del poderoso para agilizar la discusión de una propuesta, sino el de cualquier ciudadano cuando sus planteamientos sean de interés para toda la ciudadanía.

 

¿ACTUACIÓN INDEPENDIENTE?

Lo que hacen hoy, sólo demuestra que la de la democracia es una casaca que les queda grande, y que sólo utilizan cuando se quieren dar baños de pureza para mostrarse a los ciudadanos como lo que aún no consiguen ser. Los hechos demuestran que siguen condicionando su interés y sus potestades superiores, al interés o la conveniencia del poder, y que cuando a éste le conviene, son todo lo eficientes y pulcros que no son en condiciones normales. Por eso, sin ninguna duda, hoy mismo seguirían reprobando cualquier examen relacionado con la constatación de un desempeño verdaderamente democrático e independiente.

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