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+ Senado, Gobierno y Congreso deben buscar arreglo
Un asunto como el que hoy enfrenta nuestro estado por la invasión del gobierno de Chiapas en el territorio oaxaqueño de los Chimalapas, no debe quedar como un mero asunto judicial, sino que debe ser el motivo para que todos manifiesten justo lo que no han hecho: voluntad para arreglar las cosas.
Es lamentable que mientras todos los involucrados en Oaxaca se dicen preocupados por esta situación, en realidad se estén dando pocos y descoordinados intentos por hallar nuevas rutas de solución a este conflicto, en el que ya no queda claro si es por límites o por el acto de invasión del territorio; es asimismo lamentable que el Senado de la República se lave las manos respecto a una posible intervención; y lo es tanto más, que ahora, en el Congreso del Estado, todos digan que advirtieron de las fallas que tenía la argumentación de la Controversia Constitucional, pero que nadie haya tenido la capacidad para incidir en un arreglo previo a la presentación del escrito.
Hay varios aspectos que deben ser considerados con seriedad. En primer término, porque este ya no es momento de buscar culpables. O bien, sí se deben ajustar las cuentas con los responsables de la pifia cometida, pero a la par de buscar soluciones y nuevos caminos posibles para darle cauce a este asunto. Y, fundamentalmente, se debe establecer que la siguiente ruta posible es la de la búsqueda de una solución a través de todas las vías políticas posibles. Para ello, debe haber mucho más que deslindes y acusaciones por parte de las instancias involucradas.
En ese sentido, la vía más idónea para resolver un asunto como éste, debe ser, sin duda, la política. ¿De qué hablamos? De que, en el fondo, no es del todo permisible —ni deseable— que asuntos torales de la convivencia entre estados partes integrantes de la Federación (como lo es el respeto a los límites establecidos entre ellos), quede únicamente en manos de las instancias jurisdiccionales (así sea del más alto tribunal jurisdiccional del país, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Esa fue la lógica en la que, en 2005, ocurrió la reforma al artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer justamente que los asuntos de límites entre entidades federativas fueran dirimidos por la instancia política que justamente ostenta la representación de éstas ante la Federación. Hablamos, naturalmente, del Senado de la República.
¿Por qué el Senado se hace a un lado del problema? En lo inmediato, porque parece que en la agenda política de los senadores, primero se encuentra la resolución de todo el conflicto electoral que significarán los comicios federales, antes que involucrarse en asuntos que verdaderamente les permiten tener la calidad de representantes de las entidades federativas ante el pacto federal.
En lo mediato, queda claro que también los senadores se niegan a asumir la falta de responsabilidad que implica para su legislatura, el hecho de que cuando en 2005 se realizó la reforma constitucional, también se estableció en uno de los artículos transitorios, que el Senado tenía la responsabilidad de crear una comisión ex profeso de legisladores, que se encargara de asumir todos esos asuntos, para contribuir en la búsqueda de arreglos amistosos entre los varios estados que tienen conflictos limítrofes que, por su propia naturaleza, eran imposibles de resolver por las instancias jurisdiccionales que estaban constitucionalmente encargadas de resolverlos.
Todo eso debiera ser un acicate para que el Senado se involucrara en un asunto como este. Queda claro que el Senado no tiene ninguna calidad moral, ni justificación jurídica o constitucional, e incluso material, para apartarse de una posible solución. Esa debiera ser la instancia política idónea. Qué lamentable es, además, que los más importantes representantes del federalismo en México, sean los primeros en abonar a la posibilidad de que los asuntos políticos terminaran innecesariamente en manos de tribunales jurisdiccionales.
CONGRESO PARTICIPATIVO
Ahora bien, el Congreso del Estado también debe participar, desde sus propias vías, en este asunto. Queda claro que la tarea hoy no es sólo la de echar culpas o la de buscar responsables. Sí debe hacerse eso, por la naturaleza deliberativa y plural del órgano legislativo. Pero además éste debiera ser un momento para que también el Poder Legislativo del Estado hiciera una demostración de estatura y capacidad de acción a favor de Oaxaca.
En ese sentido, los diputados oaxaqueños debieran también buscar las vías políticas idóneas, independientemente de que hubiera o no facultad expresa de las constituciones federal o local, para poder resolver este asunto. Es claro que si Chiapas no tiene voluntad de arreglo, ni de respetar los límites que históricamente están establecidos entre ambas entidades federativas, y si el Senado tiene similares actitudes de rechazo frente al problema, entonces los Poderes del estado de Oaxaca deben ser los más proactivos y deben ser quienes planteen las soluciones que nadie pretende tomar.
¿Cuál debiera ser la vía de trabajo? Que junto con los “regaños” y exhortos que pretenden hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también, o en lugar de ello, excitaran al Senado y al gobierno federal para que insistieran en la búsqueda de arreglo entre ambas entidades federativas. No debieran perder tiempo en extrañamientos que no tienen ninguna razón de ser, y que tampoco cambiarán el estado de cosas frente a una Corte que sí se puede sentir “agraviada”, y más bien debieran ocuparse en insistir en que el gobierno federal tome también cartas en el asunto, y no lo deje en las dos reuniones, prácticamente testimoniales, a las que hace unas semanas convocó el Secretario de Gobernación a los dos gobernantes, para arreglar el conflicto.
No es momento sólo de culpas y tampoco de acciones que tengan tanta fuerza como los llamados a misa. Debe haber claridad y manifestaciones claras de voluntad a favor de Oaxaca. Eso debe quedar claro.
OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA
Una de las vertientes que buscaba explorar la Controversia Constitucional, es la relacionada al derecho a la consulta que tienen los pueblos y comunidades indígenas frente a un asunto como éste que involucra actos de autoridad que podrían violar su derecho a la autodeterminación. Ésta, independientemente del caso, es una vertiente extraordinaria, de la que hablaremos en una próxima entrega.
