+ Marco Tulio confirma su vocación como policía
Marco Tulio López Escamilla, secretario de Seguridad Pública del Estado, nunca ha mentido: públicamente ha dicho que él es un policía, y que todos lo consideren como tal, y no como un político. Como no ha engañado nunca a nadie, y menos a su jefe, el Gobernador del Estado, entonces tampoco debieran dejar en sus manos asuntos que deben resolver no policías, sino personas con capacidad y conocimiento político de las particularidades del entorno oaxaqueño. Sólo así podría haberse evitado un problema, tan innecesario y riesgoso, como el que ocurrió ayer con los nada pudorosos empleados sindicalizados del Gobierno del Estado.
En efecto, este asunto no podría entenderse sin tomar en cuenta sus particularidades. Porque si bien lo que ocurrió ayer fue una pequeña trifulca entre trabajadores que bloqueaban instalaciones estratégicas para la seguridad pública, lo cierto es que ni la protesta debió llegar hasta el punto del bloqueo a oficinas públicas, como tampoco debió actuar la fuerza pública como si no hubieran otros cauces a través de los cuales poder solucionar este asunto tan poco trascendente (ahora magnificado) tanto para el gobierno estatal como para el sindicato de burócratas.
¿Por qué calificar este asunto como “poco trascendente”? Porque, en realidad, las demandas que hacían a la dependencia los trabajadores sindicalizados de la Policía Estatal, no son nuevas ni imposibles de cumplir, pero además son tan frívolas y cínicas como siempre han sido.
De acuerdo con su propio pliego petitorio, éstos pedían cosas tan inverosímiles como “la autorización de 15 plazas, para los compañeros de Base que tengan la necesidad de ingresar a trabajar a un familiar a las Oficinas Administrativas como (Policía Comisionado). A propuesta de la Delegación Sindical.”.
Exigían, además, sendas ayudas económicas y en especie para los días de: La Samaritana, del Niño, de la Madre, del Padre, de la Secretaria, de Fin de Año y del Empleado. Asimismo reconocimiento para los trabajadores caídos y jubilados, Ayuda de Transporte, Estacionamientos, Insumos de Oficina, Semáforos y una serie de cuestiones que siempre se escuchan, en todas las oficinas estatales, pero que difícilmente son cumplidas.
En ese sentido, queda claro que la voracidad para exigir, que siempre demuestran los trabajadores de base es explicable —mas no justificable— a partir de las mismas prácticas de connivencia que se fomentaron entre trabajadores y autoridades para evitar cualquier tipo de perturbación al estado de cosas que prevalecían.
Los privilegios desmedidos otorgados y tolerados recurrentemente a los empleados públicos menos productivos, sólo tiene su explicación en intentos por controlar relaciones políticas pero no en el marco aceptable, sino en una especie de mutuo “pacto de no agresión”, en el que todos se daban todo, a cambio de que nadie desatara la perturbación. Para variar, siempre se privilegió la estrategia de dar todo a los trabajadores para que éstos no hicieran bronca al jefe en turno, y éste cedía en una especie de “hipoteca” a largo plazo, que hoy, cuando se pretende que ciertas reglas cambien, está a punto de estallar.
ERRORES OFICIALES
Comenzábamos esta entrega recordando la vocación de policía del secretario López Escamilla. Esa vocación, y formación, hace a quienes son entrenados para ello, personas con capacidad de asumir y obedecer el mandato legal, y a sus superiores, con prestancia y disciplina, e incluso más allá de las posibles objeciones morales o de conciencia (y no sabemos si también las éticas).
Eso es muy benéfico para resolver problemas de seguridad o para mantener disciplina entre las fuerzas policiacas, pero evidentemente no tanto para abordar temas plagados de matices políticos, y menos en una entidad con tantos antecedentes de la mala relación entre cualquier tipo de protesta social, con la acción de la fuerza pública para disuadirlas.
Esto, explicado de otro modo, sería más o menos así: mientras el funcionario encargado de temas políticos busca resolver un asunto como este a través de la concertación urgente con los grupos inconformes, el policía pretende disuadir la manifestación para restituir el orden, y una vez logrado esto tratar de que los inconformes hagan valer sus pretensiones a través de los cauces institucionales.
La segunda de las vías no es incorrecta, pero simplemente no funciona en un entorno político como el nuestro. Toda la población, y no sólo los maestros, tienen aún fresco el recuerdo del 2006, y los efectos de una imprudente acción policiaca cuando lo que era verdaderamente necesario era continuar por la vía política.
Este planteamiento, que es inadmisible para quien tiene un tajante sentido de la legalidad, sí lo es para quien entiende que muchas veces la gobernabilidad y la estabilidad pasan por una tolerancia mayor a la debida, o por la búsqueda de alternativas que no siempre tienen un respaldo legal pleno, pero que son necesarias para no hacer contraproducente la solución que se le da a un problema en específico.
El problema es que el secretario López Escamilla tiene una visión estrictamente de policía, que no sirve para abordar problemas que rebasan la simple esfera policiaca. Es cierto que no se puede tolerar todo; pero también lo es, que no se puede andar por la vida echando a la fuerza pública a quienes, por intransigentes que sean, representan un potencial riesgo para la estabilidad de la misma institución.
Todo eso deja un saldo altamente negativo. Un problema sindical simple (sí, cargado con ciertas “jiribillas” de detractores internos del secretario López Escamilla), fue magnificado por el poco tacto con el que fue tratado por el Comisionado de la Policía Estatal, que también demostró ser un policía sin disposición ni visión para resolver, o al menos encausar, este tipo de problemas por otras vías que no sean las del uso de la fuerza pública. Y, al final, ese tema simple trascendió en un conflicto de gobernabilidad para la propia administración estatal que, mientras tanto, ya tiene cerradas todas las oficinas públicas estatales, por tiempo indefinido.
UN BUEN PLEITO…
Dice el refranero que muchas veces es preferible un mal arreglo que un buen pleito. ¿Tendrán esto claro, todos los que llevaron este problema a su situación actual? ¿Si el secretario López intuye que este conflicto laboral es una especie de “fuego amigo”, para qué les dio más motivos? Son preguntas.
UPS