Gobierno, por conflictos internos, entra en crisis

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+ Marco Tulio no debe irse; sindicato no debe ceder

 

Es inexplicable la forma en cómo las dependencias encargadas de ver un tema como el de la inconformidad del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, dejaron crecer este problema hasta sus proporciones actuales. El único referente que se tiene de una situación similar ocurrió hace dos sexenios, cuando por unas exigencias más o menos similares a las actuales, los burócratas se sublevaron y llegaron al punto de cerrar las oficinas estatales para tratar de ganar las calles en protestas. Hace diez años que esto no ocurría. Y por eso es inexplicable que por un asunto relativamente menor, hoy todas las dependencias estatales estén tomadas por sus propios trabajadores.

El esquema de la legalidad sostiene que todos están obligados a acatar la ley, o que de lo contrario la autoridad debe actuar para preservar el orden y el funcionamiento de las instituciones. Esta fue la lógica que siguió la Policía Estatal, ante la inconformidad de un grupo de sus mismos trabajadores sindicalizados del gobierno estatal, al hacer una toma pacífica de instalaciones de la misma dependencia. Sólo que los mandos de la corporación, no tomaron en cuenta que Oaxaca presenta ciertas particularidades que, les guste o no, deben ser consideradas, para evitar que conflictos de otra índole se conviertan en temas de riesgo para la gobernabilidad. Y, sobre todo, los mandos de la SSPE debieron tomar en consideración que lo ilegítimo de las exigencias de los burócratas no era justificante, ni atenuante, frente al uso de la fuerza pública.

Y es que queda claro que si algo es rechazado casi de forma unánime por la sociedad oaxaqueña, es el uso de la fuerza en contra de asociaciones gremiales. Eso quedó claro hace seis años, cuando frente a la acción policiaca en contra de los trabajadores de la Sección 22 del SNTE, auténticas masas de población no adherida ni identificada con fuerza política o gremio alguno, salió a las calles a protestar y a exigir la renuncia de los funcionarios directamente involucrados con la decisión, y posteriormente la salida del mismo Titular del Poder Ejecutivo.

Eso también quedó claro cuando, hace diez años, el Gobierno del Estado decidió utilizar la fuerza pública en contra de los mismos trabajadores del Gobierno del Estado, y entonces sembraron una de las primeras semillas de quienes luego se convirtieron en sus más feroces adversarios políticos, y que finalmente terminaron tomando el poder estatal en las elecciones de julio de 2010, a través del gobernador Gabino Cué.

¿Qué pasó entonces? Que la dirigencia del sindicato de burócratas planteó al gobierno una serie de exigencias, que éste se negó a cumplir. Ante la resistencia oficial, los trabajadores decretaron paro de labores y toma de oficinas. La efervescencia lógica entre los trabajadores inconformes, llevó el movimiento a escalas superiores, que finalmente terminaron con irrupciones violentas de la entonces Policía Preventiva para recuperar las instalaciones gubernamentales, y para aprehender a varios dirigentes del movimiento sindical y encarcelarlos por varios años. Entre ellos estaba nada menos que la hoy diputada local por Movimiento Ciudadano, Margarita García García.

El movimiento de aquel entonces no era más legítimo que el de hoy; del mismo modo, las exigencias que entonces hacían los burócratas al gobierno estatal, tampoco eran más elevadas ni más propias que las que hicieron los empleados de la SSPE. De hecho, queda perfectamente claro que desde hace mucho tiempo los trabajadores al servicio del Estado no luchan por causas verdaderamente legítimas, sino simplemente por conseguir mayores prebendas a cambio de trabajar menos. Es lo que, en el terreno estrictamente laboral, ocurría entonces y también pasa ahora.

Sin embargo, nada de eso era justificante para la acción dura de entonces, como tampoco es motivo suficiente para pensar que era disculpable la acción de la fuerza pública en las protestas del pasado lunes. Aunque en 2002 la acción de fuerza del Estado no pasó a mayores, sí contribuyó a gestar la oposición que hoy gobierna. Y quienes creyeron que a los burócratas se les podía echar a la policía sin ninguna consecuencia política, no tomaron en consideración que han pasado 10 años desde entonces, que en medio de ello estuvo la revuelta magisterial de 2006. Y que por esa razón es fundamental actuar con cierto grado de sensibilidad, antes de optar por el uso de la fuerza.

 

¿QUIÉN SE VA?

Queda claro que Marco Tulio López Escamilla tiene algunos adversarios dentro del gobierno estatal, que deliberadamente están dejando crecer el problema para orillar su salida. Él, como lo dijimos en nuestra entrega de ayer, ante esas intenciones, simplemente no se ayuda. Pero el problema de fondo es que si todos finalmente conspiran, o toman medidas que por casualidad abonan a la salida del Secretario de Seguridad Pública, el finalmente derrotado no será nadie más que el Gobierno del Estado.

Hoy, por esa razón, las labores de negociación política de las Secretarías de Gobierno y Administración deben ser con visión de gobierno, y no con visión de grupo. Deben pensar que más allá de los rencores internos de ciertos funcionarios en contra de López Escamilla, lo que en este momento debe prevalecer es el sentido de no permitir el abaratamiento de sus posiciones para la negociación.

El problema es que eso los mete en un auténtico callejón sin salida. Los burócratas han anunciado que no cederán sino hasta que vean la renuncia tanto de López Escamilla como del comisionado de la Policía Estatal, César Alfaro Cruz. El gobierno, hoy, no puede ceder bajo ninguna circunstancia a esa pretensión. Pero en la misma posición están los sindicalizados, que buscan también demostrar fuerza y conseguir el respeto que no tuvieron quienes decidieron el uso de la fuerza.

 

NO HAY PUNTOS MEDIOS

El problema es precisamente ese: que no parece haber, en medio de esas posiciones aparentemente irreductibles, vasos comunicantes que permitan un entendimiento que no lleve a esas posiciones extremas en las que necesariamente uno sea el ganador, y el otro resulte derrotado. ¿De verdad se privilegiará esa visión de gobierno que se necesita en un caso como éste? ¿O podrán más las “flacas ayudas” que le están dando desde dentro a López Escamilla ante sus errores? Por eso el crecimiento de este asunto parece inexplicable. Por eso, quizá también, puede ser llevado hasta niveles insospechados.

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