+ Gobierno debe aprender: no reincidir ni ceder
Como en cualquier proceso de aprendizaje, el Gobierno del Estado se encuentra muy a tiempo de tomar en consideración, algunas de las lecciones que deja este episodio de confrontación con sus trabajadores sindicalizados. Si son inteligentes, sensibles y verdaderamente comprometidos con su trabajo, más de un funcionario debiera tomar algunos de estos puntos en consideración, para no caer en errores futuros.
- Hoy más que nunca, el Gobierno del Estado debe asumir que aquí no existen ni los aliados incondicionales, ni los enemigos pequeños. En términos generales, pareciera que la administración estatal tiene una clara proclividad a tasar a los grupos y protestas sociales, para atenderlos o ignorarlos según su propia valoración. Contrario a lo que ocurría en el régimen anterior, en el que se dejaba protestar a todos sin ninguna preocupación (pero también sin ninguna atención real), hoy los funcionarios estatales “tasan” la importancia de los grupos y sólo atienden a los que consideran “peligrosos”. Con este episodio ante los burócratas, queda claro que su tasación ha sido, y fue en este caso, claramente precipitada e incorrecta.
- En esa misma lógica, el Gobierno del Estado debe también asumir un modo distinto de tasación de sobre quiénes utiliza la fuerza pública. Porque es cierto: la ciudadanía ha exigido largamente acciones contundentes en contra de quienes bloquean arterias viales u oficinas públicas, e incluso ha validado que, en casos concretos, se utilice a la fuerza para restituir el orden. El problema es que el Gobierno del Estado sólo asumió un criterio: el distinguir entre los “peligrosos” y los “inofensivos”. A los primeros, así estén manifestándose por un abierto chantaje, o estén alterando el orden público, se les deja protestar. A los segundos, así estén luchando por la causa más legítima (que no era en este caso la que defendían los burócratas) se les retira a palos sin ningún tipo de consideración.
- El gobierno debe asumir que las decisiones que implican la fuerza, siempre deben ser tomadas con perspectiva de gobierno, y no sólo como meros temas de seguridad. Es obvia la distinción que deben tener tanto los encargados de la política como de los asuntos de seguridad pública, entre delincuencia y contención de manifestaciones u alborotos populares. pero el entendimiento de esa diferencia debe traducirse en el momento de la toma de las decisiones.
- ¿Qué hacer en otros casos? Porque no se trata de que el Gobierno del Estado, a partir de ahora, actúe con miedo, como tampoco se trata de que éste homogenice sus decisiones a favor del uso total de la fuerza, y mucho menos que se rinda ante cualquier tipo de alboroto o inconformidad de grupos sociales. No. Se trata de que entienda y diferencie bien cada momento, cada circunstancia y cada actor, y que tenga la posibilidad de tomar decisiones luego de una valoración integral. Debieran comenzar a dejar atrás aquella idea de las organizaciones “grandes y pequeñas”, “radicales y orgánicas”, “aliadas o priistas”, y comenzar a considerar la importancia de los temas y los efectos que puede tener el desdeñar a la persona, a la causa en un momento determinado.
- El Gobierno debe aprender a valorar el costo real de cada conflicto, y asumir, a partir de eso, si es conveniente la intervención de fuerza o la facilitación del diálogo. En 2006, por ejemplo, el gobierno entendió tarde que habría sido más fácil, y menos costoso, negociar en paz con la Sección 22 del SNTE, que permitir el crecimiento del movimiento magisterial. Del mismo modo, hoy cualquier solución que tenga el conflicto entre los trabajadores sindicalizados y el Gobierno del Estado, será mucho más costosa (en recursos, en imagen para el gobierno, e incluso en aliados), que si se hubiera tenido la sensibilidad para darle cauce a las exigencias de los trabajadores, y evitar que esto terminara en una acción de fuerza.
- Ni el sindicato más orgánico está dispuesto a no defender su dignidad como gremio. Quizá alguien consideró que como el sindicato de burócratas ha sido tradicionalmente “cercano” y “colaboracionista” con el Gobierno del Estado, entonces no habría problemas si se hacía una “pequeña” demostración de fuerza, ante una manifestación derivada de unas exigencias que son a todas luces ilegítimas. Si alguien en el Gobierno del Estado supuso lo anterior, es claro que estaba equivocado: los sindicatos verticales o corporativos se acabaron hace años. Y por eso hoy, orillado por sus agremiados —que, efectivamente, sienten herido el orgullo y el respeto, independientemente de que puedan ser corresponsables por los hechos—, el secretario General del Sindicato de Burócratas, Juan Rosas, está encabezando las acciones de inconformidad, seguramente más por compromiso que por convicción de que ese debiera ser el camino.
LECCIONES CLARAS
Esas, y algunas otras lecciones, están ahí a la vista a partir de este episodio. Es buen momento para que el Gobierno del Estado comience a considerar esos y otros puntos, porque si bien no se trata de que, por este trago amargo, ahora el gobierno deje libremente protestar a todos, por todo, sin ninguna consideración (como era en el pasado), tampoco se trata de que vaya por la vida tropezándose recurrentemente con las mismas piedras.
Se trata de entender en específico lo que ocurre, y tomar lo que sirve para no volver a incurrir en las mismas prácticas. Se trata, además, de que la sensibilidad pueda más que la inmediatez, y que a partir de ello puedan haber mejores elementos para tomar decisiones en casos equiparables. No es algo del otro mundo. Es simplemente que estos deben ser episodios únicos, y no el punto de partida para situaciones recurrentes. El problema es que, según lo visto, no hay garantía de que los funcionarios estatales puedan o quieran aprender de sus propios errores.
SILENCIO TOTAL
Qué raro que hasta el momento, la diputada Margarita García García, que proviene de las bases sindicales del Gobierno del Estado, que fue víctima directa de hechos como el del pasado lunes, que hasta fue encarcelada por sus decisiones e ideas sobre la forma en que debiera llevarse a cabo la lucha sindical, que dijo defender las causas de los trabajadores, y que hasta trató de incidir en las decisiones sobre el sindicato de burócratas, ahora simplemente no diga nada. ¿Apoco los toletazos entienden de partidos o de grupos gobernantes?
