Complejos administrativos. ¿Qué justicia es posible?

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+ Gobierno está hecho bolas; bandazos lo demuestran

 

Ya no le queda a la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, el papel de “fiscal de hierro”. Hasta ahora no ha podido honrar su supuesta imagen de dura persecutora de los corruptos y rateros tanto del gobierno actual como del anterior. Y si pretende que abordando el tema de los complejos administrativos puede sacar algún dividendo positivo, lo único que revela con sus declaraciones es que, para variar, también desconoce el fondo real de ese gran fraude para Oaxaca y que, como opción, prefiere la vía demagógica.

Y es que, en efecto, el temblor del pasado 20 de marzo reveló que los complejos denominados Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, no son tan resistentes y modernos como aseguraron sus constructores. Edificios que realmente cuentan con esas características, no crujirían con un sismo de magnitudes previsibles (pues todos sabemos que un temblor de 7.8 grados en la Escala de Richter, aquí no es raro) en una zona sísmica como la nuestra. Sin embargo, este motivo es perfecto para un verdadero acto de justicia y transparencia, y no para que unos cuántos traten de sacar ventaja política de un asunto que en realidad desconocen.

Primero veamos por qué este puede ser, si no un acto de justicia resarcitorio, al menos sí reconstituyente en el ámbito moral. La respuesta a esto es bastante sencilla: lo primero que los oaxaqueños queremos saber —incluso antes de enterarnos de los ruidosos nombres de los ex funcionarios involucrados— es cómo ocurrió la contratación del crédito; qué empresa fue la verdaderamente encargada de la construcción; quiénes fueron los beneficiarios de las ganancias económicas, y cuánto costará no sólo tomando los montos financiables, sino las cantidades reales que pagarán las arcas oaxaqueñas con todo e intereses a lo largo de los 15 años que tienen vigencia los respectivos Contratos de Prestación de Servicios a través de los cuales se construyeron Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

Ese sería un primer acto de justicia, porque independientemente de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de ello, los oaxaqueños al menos estaríamos en posibilidades de saber quién fue “el padre” de esas dos creaturas que hoy sangran la economía pública de la entidad.

El primer problema al que nos enfrentamos todos los oaxaqueños —no sólo los funcionarios, que parecen poco interesados en saber, o en dar a conocer esa historia—, es que ni siquiera sabemos cómo ocurrió todo. Por eso mismo, no estamos en condiciones de al menos sospechar de las responsabilidades. Y mucho menos de señalar, con bases irrefutables, a los posibles autores de tan infame negocio a costa de todo.

Ahora bien, el segundo problema es no menos importante: El Gobierno del Estado debiera estar preocupado por clarificar perfectamente todo ese asunto, para primero ir por lo urgente, sin dejar de atender lo importante. Es decir, que primero deben conocer todos los entresijos de la transacción, para saber a quién cobrarle los daños ocasionados por el sismo en los complejos administrativos, y después determinar si hubo una responsabilidad en algún sector del funcionariado del gobierno anterior, e ir tras de ellos.

El problema es que, en realidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de la Contraloría, optan por la vía demagógica y prometen lo que no van a cumplir. No lo harán porque no saben la vía. Porque pretenden cobrar una afrenta política, cuando en realidad este es un asunto que presenta aristas de responsabilidad por otras vías. ¿Serán capaces de culpar a los ex funcionarios de Obras, por un asunto que en realidad está relacionado con otras instancias? Según lo visto, sí son capaces…

 

¿QUIÉN CONSTRUYÓ?

Los gobiernos implementan los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, cuando necesitan hacer inversiones en infraestructura de grandes magnitudes y no disponen de todos los recursos económicos para hacer la inversión total en un periodo relativamente corto de tiempo.

A través de ese esquema comparten responsabilidades con un particular dispuesto a invertir. Éste último es quien pone la inversión y el desarrollo del proyecto, y después el gobierno le paga una especie de “arrendamiento” de la obra construida por un periodo determinado de tiempo, para que el particular recupere su inversión y obtenga sus ganancias. Pero durante el tiempo que dura la prestación del servicio por parte del particular, éste es responsable del funcionamiento y operación de lo desarrollado, y sólo cuando termina el contrato éste transmite toda la responsabilidad y la propiedad del mismo al gobierno.

Eso fue lo que pasó con el Gobierno de Oaxaca y las empresas que invirtieron en la construcción y administración de Ciudad Administrativa y Judicial. Por eso mismo, si hoy el gobierno de Gabino Cué Monteagudo tiene intención de ir contra algún ex funcionario, a los primeros que deben voltear a ver son a aquellos que contrataron la obra y la recibieron en las evidentes condiciones de riesgo que demostraron tener en el reciente movimiento sísmico.

Para desgracia de quienes ven todo con ojos de afrenta política, la obra no fue construida, ni autorizada ni nada por ex funcionarios como Eviel Pérez Magaña. A él deben esculcarlo, si es que de verdad quieren perseguirlo, por otros temas. Pero en el caso de Ciudad Administrativa, en realidad, a quienes tienen que voltear a ver es a todos los involucrados en los esquemas financieros y quienes, en nombre del gobierno, contrataron responsabilidades que, además de ser excesivas, generaron ganancias a mismos ex funcionarios que ahora mismo gozan de cabal impunidad.

Finalmente, lo primero que deben considerar es la clarificación total de qué pasó con los complejos, para luego buscar la forma de hacer justicia con sus intereses políticos. No hay otro modo de abordar este asunto.

 

OPACIDAD

Clarificando totalmente este asunto, también honrarían la “transparencia gubernamental”, que al menos en este caso no ha operado. A ese principio, el Gobierno del Estado tampoco le ha hecho mucho caso. Haría mucho más la secretaria Woolrich asumiendo esta promesa de campaña, que lanzando advertencias que, más que temor, revelan su grado de fanfarronería. Y sus resultados, hasta hoy, no le ayudan.

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