Órganos autónomos: claves para su renovación

+ Principios constitucionales, el eje fundamental

Dentro de unos días, o semanas, ocurrirá la renovación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La elección del nuevo Defensor implica no sólo un paso más en el cumplimiento de la reforma constitucional de abril de 2011, sino que es, además, una prueba fundamental para la democracia, la independencia y la congruencia que, se supone, debe imperar en el Congreso del Estado. Para entender todo este proceso, es necesario tomar en consideración ciertas claves que bajo ninguna circunstancia podemos dejar de lado los oaxaqueños interesados en la vida pública de nuestro estado.

1. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sustituyó a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, a partir de la reforma del 11 de abril de 2011 a la Constitución Política del Estado. El replanteamiento de ese, y todos los demás órganos autónomos, tuvo como punto de partida el ánimo del actual régimen por “borrar” las instituciones de los gobiernos priistas. Desde el primer momento descalificaron, a priori, los órganos autónomos existentes, por tacharlos de antidemocráticos, de simuladores y de encubridores del gobernante en turno, y decretaron reformas a las instituciones, que en realidad enmascaraban la sola determinación de remover a sus titulares.
2. Tanto el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, como la LXI Legislatura, dijeron a los oaxaqueños que la razón de la reforma constitucional era la renovación de las instituciones, para reforzar la vida democrática. En prácticamente todos los casos, las reformas fueron casi demagógicas, pues instituyeron nuevos mecanismos democráticos, de rendición de cuentas y de control en la actuación de las autoridades frente a los gobernados; pero en la mayoría de los casos dejaron en el rango de “casi inalcanzables” —e inaccesibles e inoperantes— la gran mayoría de esos nuevos mecanismos. Uno de los “grandes avances” que la Constitución le dio a la Defensoría, fue el establecimiento de un juicio para la protección de las garantías fundamentales, que judicializa la tutela de las mismas, y que en buena medida menoscaba la finalidad del control político de los órganos defensores de los Derechos Humanos.
3. Una vez realizada la reforma, inició el proceso de renovación de los órganos autónomos, aunque con resultados democráticos bastante cuestionables. Se supone que uno de los grandes fundamentos democráticos de la modificación constitucional, radicó en la necesidad de generar una apertura real a la sociedad en la integración de esas instituciones (los órganos autónomos), que se erigen hoy como el contrapeso y el vigilante de la actuación de los Tres Poderes del Estado. Si la reforma ocurrió porque se consideraba que los titulares de los órganos autónomos eran “orgánicos”, o agentes del Estado incrustados en los espacios de autonomía y control, lo menos que pudo esperarse es una apertura real y total. Eso, sin embargo, no ocurrió.
4. Los antecedentes inmediatos de todo eso, son las respectivas renovaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, del Tribunal Estatal Electoral, y de la Auditoría Superior del Estado. Independientemente del grado de estruendo y polémica que generó la reintegración de esos órganos, en todos los casos quedó siempre bien claro que la razón determinante en todo esto fue el interés oficial, y que en todos —a través del convencimiento, la manipulación o la compra del voto— se eligió a quien fue el favorecido con la “línea gubernamental” y no a quien garantizara las mejores condiciones de funcionamiento, independencia y profesionalismo para esos órganos.

ANTECEDENTES DIRECTOS

La elección del nuevo Defensor ocurre en circunstancias específicas, tanto para el Gobierno del Estado, como para el Congreso, e incluso para quienes se encuentran interesados en la defensa de los derechos fundamentales. En cada uno de esos ámbitos, hay claves específicas que también deben ser atendidas.

1. Respecto al Gobierno del Estado. Éste parece tener cierto “compromiso moral” con algunas organizaciones de lucha social, que por mera coincidencia y accidente, desde hace años acompañaron al actual régimen como grupo opositor, y que paralelamente a ellos llevaron a cabo sus propias acciones para contrarrestar las acciones del gobierno de Ulises Ruiz. La gran mayoría de ellas, fueron organizaciones que participaron, con amplios destellos de radicalismo en el movimiento magisterial de 2006; y son las que ahora reclaman como suya la Defensoría, cuando queda claro que esa institución tiene fines mucho más complejos que la de la sola institucionalización de la lucha social en nombre de los derechos fundamentales.
2. El Congreso también tiene su escenario específico. La LXI Legislatura enfrenta un fuerte descrédito por su proclividad a la simulación democrática, y por ceder siempre a las pretensiones del Ejecutivo. Fue vergonzante la actuación de los diputados, en casos como la renovación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en los que emisarios del gobierno estatal, abiertamente se apersonaron en el Recinto Legislativo para negociar directamente con cada diputado el sentido de su voto, a cambio de fuertes sumas de dinero, de toneladas de cemento o de vehículos de lujo. Queda claro que si la LXI Legislatura de verdad pretende pasar a la historia con antecedentes positivos, debe ser por hechos que apenas están por ocurrir. Antecedentes como esos impiden por completo que, hasta hoy, esa Legislatura se diga democrática y congruente con los principios de la reforma constitucional que ellos mismos realizaron.
3. Incluso, la Defensoría también exige cambios sustanciales. El nuevo Defensor debe ser una persona de verdad comprometida con las mejores causas constitucionales de nuestro estado, y no un auténtico burócrata, tibio, titubeante y orgánico, como es el actual titular de la Defensoría. Queda claro que una Defensoría de membrete, como la que existe actualmente, es lo que no debe replicarse en un escenario estatal en el que han sido los propios ciudadanos los que han empujado y exigido instituciones auténticamente democráticas, aunque sus representantes populares no han estado a la altura de las circunstancias.

LA DEFENSORÍA

El proceso de renovación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene su escenario específico. Ello requiere un análisis más detallado, que abordaremos en nuestra entrega de mañana.