Gobernabilidad: ir de un extremo al otro

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+ Visión de gobierno: reprimir o abandonar

 

En Oaxaca no se han ensayado los pactos de gobernabilidad. Las herramientas a la mano siempre han sido las de la represión, o la del total abandono de los asuntos públicos relacionados con la actuación de los actores políticos. Si hoy se duda de la eficacia de un auténtico gran acuerdo político, es porque el pasado nos dicta que siempre las decisiones han girado en torno a otras prioridades.

El gobierno de Ulises Ruiz es el ejemplo perfecto de cómo se puede gobernar sin pactos públicos con los adversarios, y siempre cayendo en los extremos nocivos para cualquier democracia. En efecto, aquella administración estuvo marcada tanto por la mano dura, como por el abandono de las responsabilidades; y siempre estuvo aderezada por su proclividad a los acuerdos bajo la mesa, a la cooptación y al juego sucio, como alternativa a los posibles acuerdos de gobernabilidad. Al dar un vistazo a ese pasado reciente podremos entender mucho de nuestro presente (y nuestro caos).

Ulises Ruiz prometió en campaña acabar con las marchas y las manifestaciones que ahogaban a la capital oaxaqueña. Fue, de hecho, uno de sus principales ofrecimientos como candidato priista a la gubernatura del Estado. Y aunque la oferta era atractiva, nadie tuvo la ocurrencia (o el valor) para preguntarle cómo lo haría. Al nadie tener la duda, éste tampoco explicó previamente cuál sería su método. Pero ya en el gobierno nos demostró que éste no era precisamente el de la concertación o el pacto con todos los grupos, para terminar así con los actos de protesta.

A los pocos meses de haber iniciado su gestión, el gobernador Ruiz metió a la cárcel a varios líderes sociales y de comunidades indígenas tradicionalmente álgidas. A otros los amenazó. Unos más se dejaron cooptar (atraídos por una dirigencia priista que en los dos primeros años de esa administración se dedicó casi exclusivamente a ello). Y a todos los líderes partidistas de la oposición los “ablandó” a través de acuerdos privados no confesables, a partir de los cuales fueran una oposición retórica y de pantalla, pero oficialistas y replegadas en el momento de la toma de las decisiones.

Sin duda, aquella administración aplicó un grado particularmente alto de dureza con las organizaciones sociales tradicionalmente acostumbradas a la connivencia con el gobierno. A la gran mayoría de las que recibían recursos del erario estatal, les cortó el subsidio negándoles cualquier alternativa de financiamiento. A todas las tildó de lastre para las arcas públicas, y de dadoras de engañoso apoyo a las comunidades indígenas; y lo que provocó es que el enojo colectivo comenzara a presionar hasta desembocar en el conflicto político del 2006.

¿Qué ocurrió aquel año? Que la inconformidad de más de 300 organizaciones de lucha social, combinadas con el programa de acción de la Sección 22 del SNTE, e incluso con el enojo de varias de las fuerzas políticas que luego apoyarían al ahora Gobernador del Estado en su segundo proyecto político rumbo a la gubernatura, dieron origen a un conflicto de magnitudes nunca vistas en la entidad, en el que la inconformidad ciudadana emergió espontáneamente, para luego ser estimulada por quienes tenían cierto interés en mantener el descrédito a la administración estatal.

Así, luego de varios meses de conflicto, el gobierno estatal recuperó el control de la capital oaxaqueña —con la ayuda de las fuerzas federales—, pero nunca más tuvo la posibilidad de recobrar la autoridad moral para aplicar la ley como debiera hacerlo cualquier gobierno dispuesto a no permitir la ingobernabilidad o el desorden.

 

CAOS: EL OTRO EXTREMO

A finales de 2006, el gobierno federal le entregó a Ulises Ruiz un estado con todas sus condiciones mínimas de gobierno, colgadas y sostenidas sólo con alfileres. En las calles había orden sólo por los rondines policiacos constantes; las organizaciones de lucha social que habían protagonizado la revuelta magisterial, se encontraban no desmanteladas sino en una fase de repliegue táctico ante la acción policiaca. Los partidos de oposición habían lanzado ofensivas desde la capital del país, y las representaciones partidarias estatales de la oposición se habían achicado ante su evidente afinidad a la repudiada e impresentable administración estatal.

Todo eso dejaba ver que las condiciones de gobernabilidad eran sólo aparentes. En realidad, el gobierno estatal no tenía el control de nada, y el estado de cosas se contenía únicamente porque el gobierno de Ulises Ruiz continuaba ejerciendo los recursos públicos que se le transferían desde la Federación. ´

Pronto, todos, se dieron cuenta que a partir de entonces había una especie de “punto sin retorno” en la relación del régimen estatal con sus adversarios. El gobierno no podía entablar diálogo público con sus adversarios porque éstos lo repudiaban; y éstos, por una actitud de cálculo y “corrección” política se negaban —incluso sí teniendo interés sobre el tema—, a reunirse y pactar públicamente con la administración a la que antes querían ver caer. Nadie quería, pues, legitimar a nadie.

Cuando eso ocurrió el régimen se dio cuenta que la única salida era el pacto bajo la mesa, y el abandono de los temas de la gobernabilidad. A partir de entonces, se dejó hacer todo a todos, y nunca más se volvió a utilizar ningún recurso efectivo para tratar de contener a los grupos, a través de las herramientas y los métodos visibles —y legítimos— de la gobernabilidad.

Así, los pactos siempre fueron inconfesables. Ya no hubo necesidad de relegitimarse con los ciudadanos, porque a la luz de éstos, el régimen estaba de antemano deslegitimado; pero el gobernante asumió que su legitimidad se fundaba únicamente en la Constitución y en los resultados electorales. Y entonces pasaron el tiempo alejados, prácticamente divorciados, y únicamente esperando el momento de que entregaran la administración a cualquiera que los sucediera.

 

RAZONES DE SOBRA

Quién sabe cuál pudiera ser el resultado del pacto de gobernabilidad que propone (quién sabe con qué eco real) el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez. Sin embargo, lo que queda claro es que tanto los grupos políticos que ahora “acompañan” al gobierno, como los que se dedican a la lucha social, no tienen ni la cultura, ni la experiencia, ni (aparentemente) la disposición para entablar una relación distinta. Ojalá estuvieran dispuestas. Pero tampoco debemos ser tan soñadores.

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