Transporte: la política impide el reordenamiento

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+ Dejar a salvo temas técnicos, imperativo urgente

 

El transporte público en Oaxaca es un caos por la proclividad que tiene a los temas políticos. Aunque durante sexenios éste rubro fue uno más de los más utilizados para comprar, cooptar o mantener a raya a propios y extraños, es evidente que hoy no aguanta más. La administración estatal se enfrenta, sin embargo, a los afanes electorales y futuristas de algunos personajes, pero también a la necesidad urgente de entrar a resolver los problemas específicos del sector para tratar de dar una nueva perspectiva a ese asunto que es tan caótico, como anárquico y corrupto.

En efecto, hace una semana en este espacio dimos cuenta de un caso específico en el que, por un afán electoral del candidato a senador por los partidos de izquierda, Benjamín Robles Montoya, un sector del grupo gobernante había presionado a los tribunales administrativos de la entidad para que emitieran documentos de certeza jurídica a una organización de concesionarios de la región de la mixteca.

Decíamos entonces que esa decisión implicaba no sólo el establecimiento de un nuevo precedente respecto al reconocimiento de las concesiones emitidas en el periodo del gobernador Ulises Ruiz (y que la presente administración consideraba como ilegales), sino sobre todo una evidente contradicción entre el discurso político, en el que se utilizó justamente el tema del tráfico de concesiones para evidenciar la corrupción del régimen anterior, y que incluso provocó el encarcelamiento del ex titular del ramo, Gonzalo Ruiz Cerón. Apuntamos que esto tenía como telón de fondo el cobijo que Robles Montoya estaba brindando a esos sectores de concesionarios, con tal de ganar adeptos electorales y ensanchar sus redes de influencia en la política estatal.

Pues bien, queda claro que este no es un asunto aislado. Porque según parece, el de los concesionarios de la mixteca fue sólo el primero de varios intentos que comenzarán a hacer para tratar de generar la simpatía con un sector amplio de los transportistas oaxaqueños, y desde ahí construir un grupo paralelo al ya existente, que lo debilite para después generarle un contrapeso al propio gobierno no sólo en lo relativo al transporte, sino en lo concerniente a la gobernabilidad del Estado.

¿Cómo pretenden hacerlo, tanto el candidato a senador Benjamín Robles, como personeros ahora a su servicio, como el impresentable Juan Luis Martínez, líder de la Confederación Nacional de la Productividad? Justamente quebrantando de nuevo el orden jurídico, y manipulando el sector con fines electorales.

Por un lado, están intentando “legalizar” muchos de los actos de gobierno que hizo la anterior administración en el rubro del transporte, y que ya en los tiempos del actual gobierno generaron fuertes inconformidades porque éste se negó a reconocer la validez de los mismos.

Por eso, Robles y sus personeros ahora mismo intentan atraer a esos dueños de taxis, colectivos, foráneos y demás que aún no han podido regularizar el estatus jurídico de sus unidades, para brindarles la “gestoría” e influencias para conseguir sus propósitos, a cambio de que éstos manifiesten incondicionalidad a su causa, repudien a las organizaciones a las que pertenecen, y formen un nuevo grupo a partir del cual hagan presencia en el escenario político estatal. La idea es nada descabellada. Sin embargo, es tan perversa y nociva para la gobernabilidad del estado, como lo ha sido el manejo siempre político, y nunca técnico, que por años se le ha dado a este rubro.

 

MANIPULACIÓN POLÍTICA

Benjamín Robles Montoya quiere ser gobernador del Estado en 2016. Sólo que hoy, aún siendo candidato a senador, está viendo que ni aun ganando la senaduría hay garantías de que conseguirá la candidatura al gobierno estatal por el grupo al que pertenece; y también ha comenzado a comprobar que sus apoyos son al mismo tiempo tan fuertes y tan débiles, como lo son los recursos públicos del gobierno estatal, pero también la inestabilidad en quienes lo tienen bajo su cuidado y manejo.

Robles, pues, sabe que en su tiempo los priistas fueron fuertes no por una aceptación genuina, sino porque el apoyo clientelar implicaba siempre beneficios para quienes estaban dispuestos a intercambiar su voto (o su conciencia) por una dádiva económica o por un favor político.

Para eso está tratando de tener influencia en el transporte. Sabe que, manejando eso, tendrá verdaderamente el peso específico que aún no tiene. Podrá, pues, convertirse en un factor de negociación con el propio gobierno estatal, pero también al interior de los partidos que hoy lo apoyan, ya no para que le otorguen candidaturas o le paguen favores, sino ahora para exigir que sea reconocido como uno más de los factores internos y le sean entregadas más posiciones de las que ahora tiene.

El intento parece perfecto. Hoy, tiene el poder y la influencia suficiente como para generar temores dentro de la administración estatal, y conseguir, alrededor de la recién creada Secretaría del Transporte, las condiciones necesarias para romper las alianzas entre los grupos de transportistas, y generar nuevos equilibrios favorables a sus causas.

De hecho, aquí mismo en la capital oaxaqueña los grupos adheridos a Robles Montoya, y secundados por personajes como Martínez de la CNP, están tratando de quebrar a la Unión de Taxistas del Estado de Oaxaca, para que un ala de ésta se vaya al nuevo conjunto de organizaciones identificado con Robles, y a partir de eso puedan generar fuerza capaz de llegar a presionar a la propia autoridad estatal (en manos del grupo que ahora le tiende la mano para crecer políticamente) en cualquier momento, y por cualquier circunstancia que se conveniente a sus intereses.

 

PONDERAR EL REORDENAMIENTO

Todo esto, sin embargo, choca no sólo con el propósito, sino con el apremio que tiene el Gobierno del Estado, por entrar de verdad a fondo al reordenamiento del transporte urbano, colectivo y foráneo. De hecho, parece claro que la administración estatal ahora sí está convencida de que eludir este asunto de nueva cuenta implica no sólo el incremento del caos en el sector, sino también el pago de costos políticos directos para quien ahora es gobierno. Entienden que parte de las facturas que en 2010 el electorado cobró al PRI fue por la corrupción y el caos que promovieron en el sector del transporte. No quieren repetir el escenario. Pero flacos favores reciben del “aliado” Robles Montoya.

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