Desalojo: sólo ganamos “gobernabilidad”

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+ Las causas continúan sin respuestas claras

 

Hoy se cumplen seis años del intento de desalojo de que fueron objeto los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE, del plantón que en 2006 mantenían en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Desde entonces, han corrido ríos de dinero y acuerdos entre las partes en conflicto, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha pasado por una verdadera democratización de las causas sociales más importantes de la entidad, que entonces se pusieron en la mesa de las inconformidades.

Haciendo un ejercicio rápido de memoria, debemos preguntarnos qué ocurrió hace cinco años. Pues bien, la madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía. Tanto la Sección 22, como la APPO, establecieron, en abstracto, todo ese conjunto de demandas, que además fueron su parapeto y justificación durante el tiempo que duró el conflicto y en los años posteriores.

Sólo que hoy, seis años después, debíamos preguntarnos en qué estado se encuentran ya no esas reformas en abstracto, sino en específico, que se demandaban y que se supone que fueron cumplidas con la reforma constitucional y con el cambio de régimen gobernante en la entidad; pero sobre todo, debíamos preguntarnos en dónde se encuentran hoy aquellos actores y causas fundamentales del movimiento que dieron legitimidad, fuerza y motivos al grupo político que hoy gobierna Oaxaca.

 

SÓLO GOBERNABILIDAD

En este punto debiéramos preguntarnos qué ganamos los oaxaqueños en estos seis años. En el recuento, necesariamente debieran entrar un cambio de grupo gobernante; también debiera abarcar la materialización de una reforma constitucional que, según se plantea, pretende democratizar la vida pública de la entidad; pero más allá de eso, debiera también abarcar si hemos ganado algo los oaxaqueños en los aspectos que directamente nos atañen a nosotros y que se reflejan en nuestro día a día.

Haciendo el recuento, el cambio de régimen ha provocado un cambio, aunque no necesariamente un cambio con todas las aristas positivas. Hasta hoy, el grupo gobernante no ha terminado de afianzarse en la posibilidad de tomar todas las riendas el Estado. Inicialmente se pensó que la pluralidad de fuerzas que integra al sector gobernante sería un elemento de contribución a una mejor gobernabilidad.

Hoy, sin embargo, puede verse que el resultado ha sido contrario no sólo para la sociedad, sino para el mismo Gobernador del Estado, que hoy paga las consecuencias de las aldeas de poder que se crearon al interior mismo del gobierno, y que no todas están encaminadas al logro del bien común y de los objetivos de este régimen.

La reforma constitucional, por su parte, no ha logrado generar más cambios que los meros declarativos. La gran mayoría de los mecanismos de democracia directa incluidas en el nuevo Texto Constitucional, hoy están enunciados pero no existe posibilidad positiva de hacerlos valer. No hay certeza, además, de que, tal y como están, esos mecanismos puedan ser verdaderamente funcionales y útiles para la sociedad.

Al final, lo que parece es que lo único que —medio— nos ha quedado a los ciudadanos es el control de la gobernabilidad. Con todos sus asegunes, hoy la gobernabilidad de la entidad parece mucho más controlada que en los años previos. Eso, sin embargo, no es suficiente ante una sociedad que cada vez está más cansada de la falta de orden, y que tiene menos tolerancia a las formas de lucha que ejercen los mismos grupos que protagonizaron el conflicto magisterial, y que hoy mismo continúan teniendo actividad de presión al gobierno en turno.

Eso, al final, debiera quedarnos como un precedente grave de insuficiencia. Resulta, pues, que los oaxaqueños no hemos entendido las lecciones y los imperativos del conflicto magisterial y popular que inició hace exactamente seis años, y que a pesar de sus altos costos no ha sido lo que la mayoría quiso, ni ha cumplido con los propósitos para los que se supone que fue generado.

 

LUCHA ¿SÓLO POR PODER?

No debiéramos comprender este conjunto de episodios como parte de la lucha por el poder. Aunque esa es la lectura que le dan todos los grupos políticos de la entidad, lo cierto es que este conflicto tuvo una base social más amplia que no ha sido satisfecha ni retribuida por su participación y sus anhelos. Reducir todo a una mera trifulca explica sólo una parte de la crisis. Lamentablemente esa es la visión predominante porque entre nosotros no ha habido posibilidad de pasar a fases superiores, que la de la convivencia mínima y el control básico de la gobernabilidad.

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