Transporte: claves para entender esta crisis

+ Solución integral: necesaria ¿y lejana?

El del transporte público, es un problema grave que debe ser abordado y resuelto cuanto antes. Para comprender momentos de crisis como el de ayer, y la compleja situación que enfrenta hoy el Gobierno del Estado, es necesario tomar en consideración algunos aspectos de su propio contexto, para después entender qué soluciones debe dar en el corto y mediano plazo para dejar de administrar este asunto, y darle una solución integral y de fondo. Aquí presentamos algunas claves indispensables sobre este tema.

1. Atendiendo a su causa más inmediata, la crisis generada por los taxistas citadinos tiene como origen la disputa que existe entre ellos y grupos de transportistas foráneos agrupados en la Confederación Nacional de la Productividad, que encabeza el impresentable líder Juan Luis Martínez. De entrada, el conflicto es territorial y tiene que ver con la invasión de rutas y ámbitos de trabajo entre los concesionarios de taxis del centro de la capital oaxaqueña, y los grupos de foráneos que, violando la ley, instalaron en sus unidades los llamados “copetes” con la leyenda de “Taxi”, y las diademas, que sólo pueden ser portadas por los autos de alquiler de la capital oaxaqueña. Los foráneos protegidos por la CNP, portando esos objetos en sus unidades, prestan el servicio de taxi en Oaxaca de Juárez y municipios conurbados, cuando ese es territorio exclusivo de los citadinos.
2. Este conflicto, sin embargo, no es sólo territorial, sino también es un problema  de manipulación política y de promesas incumplidas. Ya desde nuestra entrega del pasado miércoles 18 de abril, dábamos cuenta del hecho de que Juan Luis Martínez, líder de la temible CNP, es el nuevo personero, en el rubro del transporte público irregular, del ahora senador electo Benjamín Robles Montoya. Decíamos desde entonces, que ellos están manipulando a tal grado el tema del transporte público, que podrían lograr la regularización de cientos de unidades en fechas próximas. Ciertamente, no lo han logrado (aunque eso no significa que no lo hayan intentado, incluso manipulando las decisiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado), pero lo que sí han conseguido es completa impunidad para que sus unidades irregulares, que con concesión de transporte foráneo, presten el servicio de taxi en la capital oaxaqueña.
3. En esa misma lógica, con toda oportunidad esta columna dio otra clave sobre este asunto el martes 24 de abril, cuando dijimos que “aquí mismo en la capital oaxaqueña los grupos adheridos a Robles Montoya, y secundados por personajes como [Juan Luis] Martínez de la CNP, están tratando de quebrar a la Unión de Taxistas del Estado de Oaxaca, para que un ala de ésta se vaya al nuevo conjunto de organizaciones identificado con Robles, y que a partir de eso puedan generar fuerza capaz de llegar a presionar a la propia autoridad estatal (en manos del grupo que ahora le tiende la mano para crecer políticamente) en cualquier momento, y por cualquier circunstancia que sea conveniente a sus intereses.”
4. Hoy vemos que esos intentos por romper la UTEO ya provocó una primera reacción radicalizada y potencialmente violenta que, por la desatención del gobierno estatal y por la ambición desmedida de Robles y Martínez por convertirse en los nuevos mandamases del transporte en la entidad a partir de la manipulación de la irregularidad, afectó a decenas de miles de oaxaqueños y además evidenció las prácticas políticas más pedestres de la entidad, justo en los tiempos en que Oaxaca se presenta al mundo a través de la festividad de los Lunes del Cerro.
5. El conflicto no es sólo entre la UTEO y la CNP de Martínez y Robles Montoya. De hecho, en el ámbito estricto del transporte citadino existen cuando menos tres frentes distintos que no han sido atendidos debidamente por la autoridad. El primero de esos frentes de discordia es, en efecto, entre la UTEO y los foráneos que indebidamente prestan el servicio de citadinos. El segundo, es entre la UTEO y una segregación de taxistas (fundamentalmente del sitio ADO) que formaron recientemente una coalición de sitios independientes identificada con el PRI. Y el tercero, es esencialmente con la UTEO, que en una actitud clara de doble moral, exige la aplicación del artículo 240 bis del Código Penal local para los irregulares, pero por otro lado respalda a ciertos sitios de taxis foráneos que están en esa misma condición de irregulares. Por eso, en la capital oaxaqueña, este conflicto está de entrada tan revuelto y tiene poco margen de negociación.

REORDENAMIENTO, ¿CÓMO?

Aquel martes 24 de abril rematábamos este espacio señalando que todo esto (el caos total, la impunidad infecciosa, y la corrupción galopante en el sector del transporte público), sin embargo, choca no sólo con el propósito, sino con el apremio que tiene el Gobierno del Estado, por entrar de verdad a fondo al reordenamiento del transporte urbano, colectivo y foráneo. De hecho —decíamos—, parece claro que la administración estatal ahora sí está convencida de que eludir este asunto de nueva cuenta implica no sólo el incremento del caos en el sector, sino también el pago de costos políticos directos para quien ahora es gobierno. Entienden que parte de las facturas que en 2010 el electorado cobró al PRI fue por la corrupción y el caos que promovieron en el sector del transporte. No quieren repetir el escenario. Pero flacos favores reciben del “aliado” Robles Montoya.

¿Cómo dar solución a esto? Es lo que hoy nos preguntamos. En el corto plazo, parece claro que debe agilizarse el establecimiento de orden en el otorgamiento de concesiones. Esto podría comenzar con la creación de un padrón único de concesiones y, en el caso de los taxis citadinos, la creación de un padrón de choferes, para evitar la discrecionalidad con la que se han entregado las concesiones, pero también para frenar los excesos de los sitios de taxis y las organizaciones de ruleteros, que hacen de las suyas cada seis años.

Después tendrían que venir otras medidas de reordenamiento integral del transporte, rutas y, sobre todo, la estipulación de una ley que contemple la problemática actual y delimite también las competencias de las instancias estatales. Pero de eso, hablaremos en próximas entregas.

¿SERÁ?

¿Que los vehículos de motor de algunos de los más altos funcionarios del gobierno estatal, son conducidos por taxistas de sitios como Reforma? ¿Será?