+ Problema, que no hay voluntad ni reformas
Buena parte del problema que enfrenta hoy el Gobierno del Estado en materia de transporte, se debe a dos cuestiones mayores: en primer término, se enfrenta a un gravísimo problema de desorden y predominio de los poderes fácticos del transporte, por encima de la ley; y en segundo, todo se agrava por una discordancia en la propia legislación estatal, que no hace sino alimentar las disputas y las luchas de poder dentro del mismo gabinete estatal. Mientras no haya solución a esos temas, el problema seguirá agravándose indefinidamente. Veamos por qué.
El primero de los puntos es palpable a simple vista. A pesar de que en las dos últimas administraciones (la del gobernador Ulises Ruiz y la actual) se han mandado a hacer sendos estudios sobre la forma en que debe realizarse el reordenamiento integral del transporte público en la capital oaxaqueña y su zona conurbada, no ha habido disposición por parte de todos los actores del sector para de verdad entrarle a una reorganización integral, y eso ha impedido que la autoridad estatal pueda avanzar más allá del simple hecho de saber qué hacer, pero no cómo.
Nadie ha querido acceder a esa posibilidad, porque obviamente cualquier reordenamiento pasa por el fin de innumerables vicios que hoy son cosa común en el transporte público. Y es que, aunque estamos acostumbrados a eso, es evidente que en Oaxaca pasan muchas cosas que no deberían.
Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que no haya una delimitación específica de rutas y tarifas; que no haya una delimitación específica, y que se respete, en el ámbito de trabajo del transporte citadino y foráneo; que, del mismo modo, no haya certeza en la forma de operación de los automóviles de alquiler, las camionetas, los minibuses y las llamadas “suburbans” dentro y alrededor de la ciudad; y, por si fuera poco, que el servicio de transporte urbano sea asimismo anárquico, voraz e ingobernable dentro de la misma capital oaxaqueña.
Queda claro que no hay orden porque el “orden” que hoy existe es el que ha impuesto no la ley sino los grupos más fuertes. El pasado miércoles, por ejemplo, vimos una muestra clara de cómo la Unión de Organizaciones de Taxistas de Oaxaca sitió por completo de la capital oaxaqueña en aras de presionar a la autoridad estatal para ser atendidos en sus demandas.
Ayer, en respuesta a la presión de la UOTEO, los taxistas foráneos —e irregulares— agrupados en la Confederación Nacional de la Productividad, se apostaron en los principales cruceros y accesos a la capital, en una franca señal de desafío a la autoridad, y llevando con ellos el mensaje de que también están presentes, que también son fuertes (porque son muchos) y que, en base a ello, también tenían capacidad de recetar a la autoridad estatal (y a la ciudadanía) otro bloqueo como el del día anterior, si ésta no los tomaba en cuenta y no los llamaba también a negociar sus demandas.
Es evidente que, unos y otros, los que siempre buscan negociar con la autoridad son canonjías, relajamiento en la aplicación de la ley, y permisividad para la continuación de actividades y prácticas que se encuentran prohibidas por el derecho, pero que de hecho son permitidas porque sólo así, aflojando la observancia de la norma, han podido mantener la “gobernabilidad” en el sector, y un orden que les permita aparentar que cumplen con las funciones públicas que les fueron encomendadas.
Al final, el reordenamiento del transporte urbano, foráneo y colectivo ha sido imposible de realizar, porque siempre ha ganado el poder fáctico de cada uno de los grupos, y porque esos grupos —todos— siempre han hecho lo legal y lo ilegal con tal de que no les sea impuesto un auténtico reordenamiento que marque el fin de sus excesos y de las ganancias indebidas que obtienen del caos que prevalece actualmente.
CONFLICTO DE LEYES
Esa permisividad y relajamiento en la aplicación de la ley, se ve aderezada por otro factor que, aunque es poco atendido, sí juega un papel fundamental en la anarquía y la desorganización que existe en la atención y sanción de los temas relacionados con el transporte público. Dos dependencias del Gobierno del Estado, dicen ser autoridades en materia de tránsito. Y como no se ponen de acuerdo ni trabajan coordinadamente, entonces el sector se queda sin vigilancia y esto es aprovechado por quienes, a partir de eso, infringen la ley y obtienen ganancias indebidas. ¿De qué hablamos?
De que tanto la Ley de Tránsito Reformada, como la Ley de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, contemplan la existencia de una Dirección de Tránsito. El problema es, en esencia, un conflicto de leyes (que, con voluntad sería fácilmente subsanable) que, sin embargo provoca confusión, descoordinación y disputas dentro del propio gabinete; y que todo impacta en la situación del transporte, que bien a bien no es regulado por nadie.
Y es que en la Ley de Tránsito Reformada (que es la que formalmente regula todo el sector del transporte público) dispone que “la aplicación de esta Ley y sus Reglamentos, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Transporte y sus correspondientes Direcciones de Tránsito y de Transporte”. Enseguida establece que la Policía Preventiva está obligada a prestar auxilio a las Autoridades de Tránsito, cuando éstas, en el desempeño de sus funciones, lo soliciten. Y dicho ordenamiento, señala expresamente que son autoridades de tránsito en la entidad, entre otros, El Gobernador, el Secretario de Transporte, y el Director de Tránsito.
El problema es que la Ley de Seguridad Pública establece que son autoridades en esa materia el Gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y, entre otros, el Comisionado de la Policía Estatal. Ahí mismo se establece que para la conducción de las operaciones policiales, la Policía Estatal contará con un área de Tránsito y Vialidad.
RAZÓN DE INGOBERNABILIDAD
Eso señala cada una de las normas. Aunque lo real es que sólo existe la Dirección de Tránsito y Vialidad establecida en la Ley de Seguridad Pública, que no tiene competencia en materia de transporte; y que, cuando en los hechos se involucra en estos asuntos, lo hace rebasando sus atribuciones. En buena medida, pues, el problema es jurídico. Pero también es cierto que ese problema jurídico se alimenta de un jaloneo entre la Secretaría de Seguridad Pública y la del Transporte, por Tránsito y sus funciones. Y mientras ellos, los gatos, se pelean… los ratones transportistas siguen en la fiesta.
