+ Prerrogativas y posiciones: ¿Es el botín o la política?
Luego de tres intentos, ayer la organización Shuta Yoma recibió la acreditación como partido político local, con lo que, dice, se convertirá en el segundo partido indígena de Oaxaca. Esto, que podría ser celebrado como un triunfo más de las causas indígenas que siempre han estado marginadas, en realidad se presenta, o debía hacerlo, como un fuerte llamado de atención contra todos aquellos que se han aprovechado de ciertas banderas para obtener beneficios personales o de grupo, pero sin atender las causas por las que se supone que existen.
En efecto, de acuerdo con el doctor Francisco Martínez Sánchez —magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca cuando se le otorgó el registro al Partido Unidad Popular—, la agrupación Popular Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) solicitó en el mes de abril del año 2003 su registro como Partido Político Local, denominado Partido Unidad Popular (PUP) ante el Instituto Estatal Electoral, sin lograr sus pretensiones; acudió en apelación ante el Tribunal Electoral del mismo Estado, órgano jurisdiccional que mediante ejecutoria de 10 de noviembre de 2003 ordenó otorgar el registro como partido político local al Partido de Unidad Popular.
“En la emisión de esta resolución —dice el magistrado Martínez Sánchez—, se aplicó una administración de justicia garantista, y protectora de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, considerando que la organización política MULT, se integraba por grupos étnicos, mismos que reconoce el artículo 16, de la Constitución local, mostrando sus documentos básicos, que ofrecen una plena participación de los grupos indígenas.
Todo esto lo señala el magistrado Martínez en un artículo denominado “El primer partido político indígena en México”, publicado en el número 13 de la revista Derecho y Cultura, en el año 2004. Ahí mismo señala que, hasta entonces, en diversos foros se había planteado la importancia de que las poblaciones indígenas cuenten con presencia en el gobierno, ya que al obtener un proceso de autonomía, autodeterminación y homogeneidad existe una nueva forma de relación y realización ante el Estado, le deberán ser reconocidos (además de sus autoridades tradicionales), representantes políticos legítimos de sus poblaciones ante las legislaturas locales y la federación.
Es evidente que en Oaxaca eso se ha planteado desde hace años y, a pesar de la existencia de un partido político local con casi una década de existencia, eso mismo se sigue haciendo. Pues si bien se recuerda, ante el reconocimiento del PUP como partido indígena local, en Oaxaca hubo importantes manifestaciones de apoyo por parte de grupos de académicos, intelectuales, universitarios y ciudadanos, que públicamente manifestaron su apoyo a esa causa. Varios que hoy tienen cargos importantes en la función pública, en un primer momento se dijeron partidarios de esa nueva organización política, y de la realización de los propósitos de inclusión y apertura del poder público hacia los indígenas.
Lamentablemente, en este caso nada de eso ocurrió. Al año siguiente de su registro como partido, el PUP, con todo y sus raíces e ideales indígenas, ya se había formado en la fila de los intereses por el poder, y sirvió de escalón para que el PRI no perdiera el gobierno y la mayoría legislativa en la entidad. Así sobrevivió los siguientes años, y para la elección estatal de 2010 estableció un conjunto de postulaciones que ya en nada reflejaban sus intenciones iniciales, y que de nuevo resultaron ser un salto a la nada.
El resultado de todo eso, es que el PUP tiene una sola posición en el gobierno estatal (la Vocería del Poder Ejecutivo, que según parece no realiza ninguna función de importancia y que está ocupada por la ex candidata a Gobernadora por ese Partido, María de los Ángeles Abad Santibáñez, que representa cualquier otra cosa menos a la comunidad indígena de los triquis en la entidad), y una diputación en la LXI Legislatura del Congreso del Estado.
El problema es que resulta que el “diputado indígena” de la Cámara de Diputados es Carlos Enrique Hampshire Franco quien, según las propias estadísticas legislativas de la Cámara de Diputados, no tiene una sola participación en tribuna, no tiene propuestas ni puntos de acuerdo presentados, no tiene participación relevante en la Comisión en que participa, y tampoco ha tenido interés en defender la causa indígena por la que se supone que existe el partido al que representa.
¿COMPROMISO O FARSA?
Shuta Yoma viene, como partido político, a seguir el camino que trazó Unidad Popular. Ese camino, se supone, tiene que ver con la defensa de los intereses y los derechos de las comunidades indígenas de Oaxaca. Por eso, en ciertos sectores de la sociedad esa noticia fue relativamente bien recibida. El problema es que, en ciertos momentos, el propio Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana llegó a considerar que esa agrupación utiliza de forma maniquea las banderas indígenas, y dudó que la integración de ese partido fuera todo lo real y verificable que establecen los documentos que presentó para acreditarlo.
¿Cuál es la duda de fondo? Que Shuta Yoma sea sólo un intento más, similar al desaparecido partido político que tuvieron en sus manos Manuel Pérez Morales y Guadalupe González Murillo, del que sólo trataron de sacar provecho para sus causas particulares, pero sin tener la mayor posibilidad de consolidar el proyecto democrático que decían tener.
Además, al alcanzar su registro como partido político local, sobre Shuta Yoma caen los antecedentes del PUP y su invisible representación indígena, así como las dudas naturales sobre el particular interés que representa en muchos la posibilidad de tener un partido político, no para buscar los intereses democráticos y políticos establecidos en sus documentos básicos, sino para conseguir los recursos económicos de las prerrogativas, y los espacios en los órganos del gobierno y el Poder Legislativo, que quedan a disposición cuando se tiene posibilidad de incidir en el resultado de los procesos electorales.
INDÍGENAS, OLVIDADOS
Ciertamente, no existe forma de obligar a que los partidos indígenas locales registren o postulen únicamente a personas que se consideran como integrantes de un pueblo originario. Por eso los intereses de los indígenas están olvidados. ¿A poco no los triquis están peor que nunca? Ojalá que Shuta Yoma no siga esa misma ruta. Aunque quién sabe…
