Disputa por las escuelas: el Estado, ausente

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+ Secciones 22 y 59: la trifulca que no acabará

 

Ayer, hubo otro enfrentamiento, ahora en la Villa de Mitla, derivado de la disputa por centros educativos entre las Secciones 22 y 59 del SNTE. Con este hecho, queda claro no sólo que la disputa entre los dos grupos magisteriales no tiene para cuándo amainarse, sino también que la responsabilidad que tiene el Estado por todo este asunto no ha sido reconocida, y que tampoco existen vías posibles para dar fin a la innecesaria codicia por los centros educativos.

En primer término, es necesario entender que este asunto es político, y no sindical o educativo e incluso laboral. Es político porque prácticamente desde que se pactó la paz entre la Sección 22 y la administración del gobernador Ulises Ruiz, en los primeros meses del 2007, se estableció que el magisterio democrático reasumiría el liderazgo total del sector educativo en Oaxaca, y que por tanto unos y otros, gobierno y 22, repudiaban la existencia de los profesores de la 59, que en apoyo del gobierno, habían servido como reemplazantes y opositores de los profesores democráticos, que un año antes habían encabezado una revuelta social y un paro de labores de más de siete meses.

En ese sentido, cuando en 2007 se acordó la “reconciliación” tácita entre el gobierno y la 22 —porque fue asumida por todos, aunque reconocida por nadie—, existían alrededor de 188 escuelas que se encontraban en poder de la Sección 59. Si tomamos en consideración que en la entidad existen más de 13 mil centros escolares, que menos de 200 estaban en manos de los adversarios de la 22, y que la Sección 59 ha sido un núcleo de resistencia sindical de existencia meramente testimonial, entonces el único interés que prevalece en la exigencia de entrega de escuelas por parte de la 22, es el de consumar el despojo total a sus adversarios, únicamente para generar el efecto político de que su liderazgo político es total entre el magisterio oaxaqueño.

Sólo que en la búsqueda de ese afán, los profesores de la Sección 22 han provocado el derramamiento de sangre. Pues desde septiembre de 2007 hubo enfrentamientos y varios lesionados, cuando en el municipio de Huajuapan de León, unos mil profesores de las dos secciones (800 de la 22 contra 200 de la 59) se enfrentaron violentamente por el control de la primaria Ricardo Flores Magón.

Luego, en agosto de 2009 ocurrió otro enfrentamiento entre profesores de las dos secciones, pero ahora en la comunidad de San Pedro Jicayán, en la región de la Costa oaxaqueña, cuando los de la Sección 22 intentaron recuperar un Jardín de Niños que asimismo se encontraba en manos de profesores de la Sección 59. Sólo que a diferencia del anterior, en el que sólo hubo lesionados, ahí resultaron muertos por arma de fuego Artemio Norberto Camacho Sarabia y Leonila Celia Mejía, que eran integrantes de la 22, y quedaron gravemente lesionados varios profesores de la 59.

Antes ya había ocurrido otro intento de recuperación de escuelas en el conflicto municipio de Santiago Laollaga, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, en el que los profesores de la 22 tampoco lograron su objetivo, pero acusaron que no lo habían logrado debido a que un grupo armado presuntamente bajo el mando del ex dirigente magisterial, Humberto Alcalá Betanzos, se apersonó en el lugar del enfrentamiento y amagó con accionar sus armas los integrantes del magisterio democrático insistían en seguir intentando recuperar los centros escolares.

 

VIOLENCIA TOLERADA

En todos los casos, incluido el enfrentamiento de ayer, el gobierno estatal ha sido sólo un espectador. Ha sido así porque las instancias de gobierno de la administración estatal han evitado todo lo posible involucrarse en esos asuntos, pero también porque lejos de facilitar una solución que evitara el conflicto y el enfrentamiento (independientemente de que beneficiara más a una u otra sección), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se ha dedicado a entrampar la solución de fondo de esa disputa por insistir en seguir ciegamente el dictado y los caprichos de la Sección 22. ¿De qué hablamos?

De que en todos estos años, el IEEPO ha sido el facilitador de la crisis y los riesgos de confrontación, debido a que la solución que ha intentado forzar se torna imposible al corroborar las condiciones en que se pretende. A los profesores de la 59 que aún mantienen en su poder algunos centros educativos, se les ha exigido que para el reconocimiento de éstos, el otorgamiento de claves y la regularización de la instrucción que imparten, es indispensable que entreguen las instalaciones, las plazas y todo a la Sección 22, para después renunciar a su militancia sindical y adherirse a la 22, y esperar a que sea ésta quien les asigne un nuevo centro escolar en donde la necesidad —y el criterio político de los vencedores— lo indique.

Todo esto hace imposible la solución. En la gran mayoría de los centros escolares, los profesores de la 59 han ganado arraigo y aprecio de la población porque no paran labores, porque no intentan ideologizar o infundir rencores políticos a sus alumnos, y porque en varios casos han generado cierta empatía con los pobladores y padres de familia, con las autoridades municipales y con sus alumnos, y han recibido de todos ellos el espaldarazo para continuar su labor independientemente del reconocimiento que les otorgue o no el Instituto Educativo del gobierno estatal.

El problema es que todo eso se topa con un Instituto que sigue echado en los brazos de la Sección, con una instancia de política interna que se exime de toda responsabilidad en el tema educativo —¿alguien ha visto al secretario Jesús Martínez Álvarez, al menos como espectador, en una reunión del gobierno con la Sección 22?—, y en general con un gobierno que a pesar de tener conocimiento de los hechos, y se supone que del pulso político de la entidad en esos temas, se niega por completo a intervenir en estas cuestiones.

 

SÓLO QUEDA LA VIOLENCIA

En apariencia, todos asumen que los problemas entre la Sección 22 y la 59 son de ellos, y que solamente ellos tienen el deber y la responsabilidad de resolverlo. El problema es que eso pone en entredicho todo el Estado de Derecho, y eso se agrava cuando se distingue el hecho de que el mismo gobierno no ha planteado una vía de solución de fondo a este asunto. La 22 quiere aplastar a la 59 a como dé lugar, así cueste violencia y vidas. El problema es que, en el intento, ocurren hechos inadmisibles como los de ayer en la Villa de Mitla.

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