Municipalizar la educación: ¿Quién sí se atreverá?

+ Solución conocida por todos, menos por autoridad

La educación en Oaxaca está inmersa en un doloroso círculo vicioso del que, al menos en el corto plazo, no tiene posibilidad de salir. Aún cuando en el ámbito federal se vislumbran posibilidades de cambio, lo cierto es que no existen para la entidad alternativas posibles a un problema añejo, complejo y plagado de chantajes, intereses y corrupción. A la vista de todos se encuentra una solución que parecería la idónea. Pero, asimismo, todo el mundo sabe que al menos en Oaxaca esa, la de la municipalización de la educación, es una solución imposible.

En efecto, en Oaxaca se ha discutido hasta el cansancio la propuesta de municipalización e la educación. Se ha dicho que es la alternativa que garantiza de modo más efectivo la correcta administración y vigilancia de los recursos económicos, humanos y materiales que el Estado dedica a la educación. Se ha dicho también que esa es la forma que da mayor certidumbre respecto a la cercanía entre profesor-padre de familia, y entre éstos y la autoridad reguladora, que es también la que funge como pagador de los servicios de los profesores, y que en este caso sería la autoridad municipal. Incluso, se entiende como razón natural que siendo relativamente pocos los centros educativos, y los maestros, habría un mejor control de ellos.

Todo eso, que suena muy bien, tuvo su mayor auge durante el conflicto magisterial y popular de 2006. Cuando el entonces gobernador Ulises Ruiz decidió dar un manotazo a la Sección 22, comenzó a tomar decisiones para desmantelar el poder que ésta tenía, comenzando justamente por eliminar al personal directivo que tenía el magisterio en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A partir de eso, el gobierno estatal anunció que habría una reforma profunda al sistema educativo local. Y una de las propuestas —que fue de las más atendidas por la sociedad oaxaqueña aunque no había sido propuesta oficial— fue la de poner en manos de la autoridad municipal todo lo relativo a los asuntos magisteriales.

Esa propuesta fue aceptada con agrado por diversos sectores, menos por el magisterio democrático. Éste ha tenido claro que cualquier proceso de pulverización de la fuerza magisterial equivaldría a un desmantelamiento de su poderío y capacidad de organización. En particular, entienden que hoy el Gobierno del Estado aparece como un “adversario-patrón” perfectamente visible y ubicado. A partir de eso saben perfectamente con quién ir a negociar en un solo bloque. Y entienden que con un proceso de municipalización de la educación ese “patrón” se pulverizaría en por lo menos 570, con que cada sección municipal tendría que hacer sus propias jornadas de lucha para obtener sus beneficios particulares.

Todo esto, obviamente, hace inviable esta propuesta en lo material. La Sección 22 fue capaz de hacer todo durante 2006 con tal no sólo de obtener beneficios económicos, sino también de no perder su capacidad de organización y de disciplina entre sus agremiados. Esos dos elementos los logran hoy a la perfección, porque cuentan con una estructura dentro del organigrama magisterial, que va desde los estratos más bajos pero que llega hasta los espacios de dirección, en los que se ejerce el último eslabón, el más importante, del control. Por eso, es el mismo IEEPO, a través del personal que la 22 delega ahí, quien sanciona y coacciona de todos los modos posibles, a aquellos que incumplen con sus deberes sindicales o que intentan rebelarse a los dictados verticales de la Sección 22.

MUNICIPALIZACIÓN DE FACTO

Sin embargo, hoy vemos una municipalización clara, y hasta forzada, aunque no formal. Los maestros de la Sección 22 últimamente se han enfrentado a diversos problemas que antes no enfrentaban. Particularmente, la referencia es a los conflictos que han tenido con pobladores de diversos municipios, llegando hasta su punto máximo en el enfrentamiento que hace algunas semanas tuvieron con pobladores de la Villa de Mitla.

¿Qué ha pasado ahí? Que aunque las autoridades municipales no aparecen como “patrones” de los profesores democráticos, y tampoco los padres de familia tienen calidad específica para exigirles cuentas, en varias poblaciones ya ha habido reacciones francas de inconformidad respecto a la actuación de los profesores, e incluso ha habido condicionamientos respecto a su actividad, a sus decisiones y a su actividad sindical. En varios municipios, incluyendo la Villa de Mitla, han sido las propias autoridades, y la población, quienes han exigido a los profesores —bajo la pena de no permitirles el acceso a sus centros de trabajo—, que dejen de suspender labores, que no alteren la paz pública con sus acciones de protesta, e incluso que no involucren sus asuntos sindicales con los temas educativos que involucran a los niños, a sus padres y a la población en general.

Bajo esa misma figura, de la municipalización de facto, se encuentra también anclada la supervivencia de los centros educativos que aún mantiene en su poder la Sección 59. Cada una de las escuelas que están bajo la tutela de lo que antes del 2006 se conocía como Consejo Central de Lucha, tiene vida propia y legitimidad no gracias al Estado o al IEEPO o a la Sección 22, sino a la decidida colaboración de los padres de familia, que en cada una de las comunidades han respaldado a los profesores, a partir de que éstos no realizan actos de agitación, ni paros de labores, ni condicionan su trabajo al hecho de que los padres o las autoridades cumplan sus caprichos, no los cuestionen, o hagan lo que ellos quieren.

Lamentablemente, fuera de eso no existen más visos de la municipalización de la educación, y seguramente en Oaxaca tampoco los habrá en el corto plazo. No parece haber, hoy, poder o gobierno capaz de hacer frente a un conglomerado bien amalgamado como la Sección 22. Así seguirá todo, sólo hasta que los padres de familia dejen de permitir que la educación siga estando supeditada al sindicalismo y la voracidad del magisterio democrático.

AMPARO, DE CORTO PLAZO

El amparo ganado por los maestros oaxaqueños en contra de la Alianza por la Calidad en la Educación, dentro de poco quedará sin efectos cuando se concrete la reforma constitucional en materia educativa, y se haga obligatoria la evaluación para todos los educadores del país. Esta “victoria” de la Sección 22, por tanto, es efímera. No ha habido reforma social de tal calado como la educativa. Ahí no habrá ni amparos —ni protestas, ni resistencias— que puedan cancelar un dictado constitucional.