Órganos autónomos: la “democracia” invisible en Oaxaca

 

+ Es la burocracia cara, mórbida e inoperante

 

Según los diputados de la LXI Legislatura, la reforma constitucional que aprobaron en abril de 2011 daba a Oaxaca un marco democrático de gran calado, al establecer nuevos mecanismos de control e instituciones que controlaran y equilibraran el poder de mejor modo. Ese, que fue su principal argumento, hoy se encuentra totalmente desarmado ante la pesadez, onerosidad e inoperancia de cada uno de esos órganos. Con ello, la “reforma histórica” no ha sido sino un mero maniqueísmo, que en realidad espera mejores tiempos para ser algo más que una pose.

En efecto, hoy tanto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información son todo, menos posibles ejemplos de lo que debieran ser los órganos autónomos. Los diputados les profirieron golpes tan bajos a las instituciones democráticas que establece la Constitución, que no obstante su alto costo —económico, social, político— para los oaxaqueños, las dejaron postradas y, deliberadamente, las hicieron casi invisibles. Veamos si no.

En primer término, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), el Poder Legislativo le asignó un presupuesto de 332 millones 617 mil 597 pesos con 97 centavos, que son tanto para su funcionamiento ordinario, como para la organización del proceso electoral intermedio que se llevará a cabo este año en Oaxaca. ¿Esta suma millonaria, sin embargo, es producto del cálculo, de la concesión graciosa, o de la evaluación de los resultados de ese organismo?

Posiblemente sea consecuencia del cálculo numérico como también de la concesión graciosa. Porque si se trata de hablar de operatividad y de eficacia en la resolución de problemas, lo cierto es que el IEEPC está lejos de tener el nivel que debiera esperarse para una institución de avanzada. La “gran reforma” que, en dos vertientes, le hicieron los diputados hace casi dos años al Instituto, sirvió estrictamente para nada.

Fue así porque, en la primera de las vertientes, la reintegración del órgano no fue ejemplo de democracia y de inclusión sino un mero reparto de botín entre grupos de poder y partidos políticos. Por eso, con su integración actual, el IEEPC ha provocado y profundizado más problemas de los que ha resuelto. Por eso mismo, el IEEPC es un órgano sin visibilidad, sin liderazgo, que no es referencia o autoridad ni siquiera en los asuntos que son de su estricta incumbencia.

Y además, porque si de “participación ciudadana” se trata, ésta es tan inaccesible e inalcanzable para los ciudadanos, que la nueva denominación consecuencia de la supuesta “gran reforma”, no es sino un ardid para engañar a quienes no conocen la ley, y para justificar la pose de quienes, con eso, pretenden decir que “Oaxaca avanzó” —como si ello ocurriera en automático— con una “reforma histórica”.

 

ÓRGANOS SEPULTADOS

Algo similar ocurre con la Comisión de Transparencia y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ambos órganos, que cuestan asimismo sumas millonarias al presupuesto estatal, y que se valen de una burocracia abultada, inmóvil y cargada de cuestionamientos, hoy tienen más sombras que luces respecto a su funcionamiento y a la justificación de que con su reconfeccionamiento Oaxaca avanzó en cuanto a su democracia, en cuanto a los equilibrios en la contención del poder y en lo referente a la respuesta a los ciudadanos.

Los montos de sus respectivos presupuestos, reflejan a organismos que son a todas luces onerosos. En ese sentido, información oficial establece que la LXI Legislatura del Estado aprobó una partida presupuestal de 41 millones 41 mil pesos para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que preside Arturo Peimbert Calvo; y que a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, —que preside un individuo de nombre Esteban López José, que carga con el cuestionamiento de origen por sus ligas partidistas con el PAN, y cuyo único mérito es ser esposo de una ex diputada federal de ese partido— le fue autorizado un presupuesto de 33 millones 357 mil 187 pesos con 21 centavos.

De nuevo: ¿esos montos son reflejo de eficacia o, cuando menos, de cierta presunción de que esa inversión tendrá como resultado una mejor defensa de los derechos humanos para toda la ciudadanía, o una mejor transparencia y tutela del derecho a saber de los oaxaqueños? Lo cierto es que, en el caso de la Comisión, no hay indicios de que eso ocurra, como tampoco existen resultados tangibles en el caso de la Defensoría de los Derechos Humanos.

La integración de uno y otro órgano, son sendas desgracias. Esto es así en el caso de la Defensoría, porque su titular es un individuo sin legitimidad y sin ascendencia en el ámbito de la auténtica defensa de las garantías fundamentales (quizá en el activismo sí tenga cierta estatura, gracias a sus “socios” de lucha social como el Padre Uvi o el diputado Flavio Sosa), que ha demostrado una actuación obtusa y sectaria, y que sólo ha procurado el descrédito y el cuestionamiento a una Defensoría, que en realidad necesitaba legitimidad y credibilidad frente a la ciudadanía.

Algo similar ocurre con la Comisión de Transparencia. La integración de éste órgano fue una demostración del feroz partidismo que se vive en la endeble democracia oaxaqueña, y de la colocación de un conjunto de individuos que reflejan sus respectivos sellos y cuotas partidistas, pero no de verdaderos expertos en la materia, que pudieran dar certeza de que por lo menos su actuación será más eficiente y puntual que los antiguos integrantes de ese órgano.

Al final el resultado es lamentable. Los órganos que debían ser de avanzada, hoy representan una carga enorme para el Estado, que además no se compensa con actuación. Pareciera —y existen indicios de sobra para suponerlo con fundamentos— que la intención de la LXI Legislatura fue la de crear instituciones aparentemente fuertes, pero con integraciones excepcionalmente débiles. Esto cancela toda trascendencia histórica de la gran reforma. Y sólo nos deja una carga pesadísima de la que quién sabe cuándo podamos librarnos los oaxaqueños.

 

CONDOLENCIAS

El autor de este espacio envía abrazos solidarios a sus amigos Rebeca Romero Pérez y Martín Mathus Alonso, por la sensible pérdida de sus respectivas madres. Descansen en paz doña Guadalupe Pérez Limón y doña Alicia Alonso viuda de Mathus. Respetuosamente.