+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Congreso de Oaxaca: sólo demagogia en el tema del transporte

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+ Comisiones: farsa para ocultar las complicidades

 

Qué forma la del Congreso del Estado, de hacerse públicamente ajeno a un tema tan delicado como el del transporte público, y propinarle, como siempre, la dosis de demagogia que justamente esperan los concesionarios del transporte para consolidar sus incrementos a la tarifa, sus incumplimientos, y el golpe económico que de forma continuada propinan a la ciudadanía. El establecimiento de “mesas de trabajo” o “comisiones” legislativas para atender el tema, constituyen un insulto para quienes sí conocen el tema y desean una solución integral, y un cheque en blanco para quienes quieren cerrar este capítulo sin atender el sentir de la ciudadanía.

En efecto, ayer el coordinador de los diputados perredistas, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alejandro López Jarquín, presentó ante el pleno de la LXI Legislatura un punto de acuerdo “para que se instale una mesa de trabajo para analizar las tarifas del transporte público”. De acuerdo con información difundida por el propio Congreso, López Jarquín dijo que en esta mesa de trabajo debe participar la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte “para determinar compromisos claros sobre las circunstancias aceptables de seguridad, calidad y eficacia a los usuarios, así como de verificación de emisiones, y; que estos compromisos se transparenten y se difundan ampliamente en los medios de comunicación del Estado.”

Esta, que pareciera ser la respuesta puntual (y hasta de “urgente resolución”, como fue presentado el punto ante el pleno) del Congreso a la determinación del incremento en la tarifa del transporte público, en realidad no es sino un abono a la demagogia y a la consolidación de este robo en despoblado a la economía familiar.

Y es que no sólo se trata de la creación de una comisión (o “mesa de trabajo”, como dicen ahora) para enterrar el asunto; y, de hecho, tampoco se trata del solo incremento en el costo del pasaje; más bien, se trata del hecho de que el propio Poder Legislativo ha desatendido gravemente este problema, y sólo presenta soluciones cortas e improvisadas, para un problema que es permanente y de gran profundidad.

En realidad, si nos basamos en los hechos y en los antecedentes inmediatos, entonces la pretendida respuesta del diputado López Jarquín a la ciudadanía no es más que un burdo engaño. Ya en otras Legislaturas, cuando hubo también incrementos a la tarifa del transporte público, y ante esas medidas se conformaron también comisiones especiales. Sobra decir que la comisión ordinaria de transporte, que ya existía, y que entonces encabezaba la ahora regidora de la capital oaxaqueña Guadalupe Rodríguez Ortiz, también prometió defender el interés de los oaxaqueños, sin lograr nunca ser algo más que una comparsa para el gobierno en turno.

De hecho, en aquellos tiempos esa Comisión pretendió tener una participación protagónica en los asuntos que incumbían a la ciudadanía con el transporte público. Y aunque organizaron encuentros con concesionarios, verificación física de unidades, discordancias con la autoridad, y todo lo que podamos imaginar, al final de todos modos no fueron capaces ni de frenar los incrementos, y mucho menos de oponerse de forma inteligente y auténtica al atropello permanente que profieren los transportistas a los ciudadanos, al darles un servicio de pésima calidad, riesgoso, ajeno a toda responsabilidad y regulación y, por si fuera poco, impune.

Además, el problema que de entrada tienen las comisiones legislativas actuales en temas como éste, es que en las condiciones actuales, ni ellas ni la misma autoridad ejecutiva, tienen el poder pleno para oponerse a los concesionarios, para frenar los abusos o para reprender, con base legal, a quien incumpla los compromisos pactados, así se acuerden a la vista de toda la ciudadanía y sean publicitados incluso en medios del Estado y de circulación nacional.

Por eso, independientemente de las aparentes posiciones de fuerza que asume el Legislativo para tratar de presionar a los concesionarios, y de aparentar ante la ciudadanía de que hacen lo que en realidad no tienen posibilidad —ni ganas— de hacer, en realidad no tienen elementos jurídicos para llegar a hacerlo.

Eso, ciertamente, es responsabilidad inicial del Gobierno del Estado. Pero en un segundo plano, no menos importante, también es de la LXI Legislatura, que como las dos anteriores, ha pospuesto sin razón válida alguna la discusión y aprobación de una ley de transporte que es urgente para la anarquía que se vive en este sector en Oaxaca.

 

NO SE HAGAN PATOS…

Si los diputados están tan preocupados por la situación que priva en Oaxaca por el tema del transporte, ¿por qué no en lugar de crear comisiones que no hacen sino aparentar lo que en realidad no pueden ni quieren hacer, se abocan a darle cauce a la discusión y trabajo que requiere la ley del transporte? Eso sí debía ser de obvia y urgente resolución, y no las medidas que simplemente parecen “curitas” a un problema que ya se encuentra en situación de gangrena.

En el fondo, los diputados de la LXI Legislatura se han convertido en cómplices de todos aquellos que se resisten a una solución integral al asunto. De nada sirve que el secretario José Antonio Estefan Garfias comparezca una o mil veces ante el Congreso, si aquel no tiene los elementos jurídicos necesarios para reforzar esta tarea, y si los diputados siguen empeñados en perder el tiempo en soluciones impropias y continúan defendiendo y preservando, silenciosamente, los intereses de los concesionarios que quieren incrementos a la tarifa, pero no compromisos ni leyes que los sujeten a cumplimientos obligados.

 

COMPLICIDADES OCULTAS

El tema, lamentablemente, continuará siendo un asunto sin cauces firmes. Las respuestas legislativas de hoy no son más que párvulos para ocultar las complicidades y las incapacidades de quienes quieren hacer todo, para que nada cambie en el asunto del transporte… y para que, mientras, los concesionarios sigan haciendo a la ciudadanía usuaria, blanco de todo tipo de excesos e incumplimientos a través de un servicio caro, deficiente, contaminante, peligroso y al margen de todo tipo de regulación. Señores diputados, con López Jarquín a la cabeza: sigan con sus comisiones y sus mesas de trabajo. Van a todo dar, en la intención por no solucionar este asunto.

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