Caso Cassez: a rescatar su trascendencia

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+ Claroscuros, para mejorar nuestra justicia

 

Más allá del enojo colectivo que fundadamente generó la concesión del amparo que el miércoles decretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la francesa Florence Cassez por los vicios habidos en el proceso judicial seguido en su contra, quedan algunas notas relevantes que deben ser tomadas en consideración, en el mediano y largo plazo, sobre lo que nos queda a los mexicanos por hacer para evitar otro caso como éste. Hagamos un recuento somero de esas reflexiones sueltas que giran alrededor de este asunto.

  1. En primer término, es imposible no tomar en consideración que este fallo representa el más duro golpe al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta ahora todos los cuestionamientos han girado alrededor de la guerra contra el crimen organizado, este fallo en realidad lo que hace es centrar la atención ya no sobre lo fallido de esa guerra, sino sobre lo descompuesto que se encuentra todo el sistema penal mexicano. Y es que si las cifras de impunidad son de por sí alarmantes —se considera que sólo uno o dos de cada 100 delitos que se cometen en México, tienen la posibilidad de llegar a una sentencia condenatoria— todo se agrava con esta corroboración de que las sentencias condenatorias no son suficientes, porque éstas, como en el caso Cassez, fueron conseguidas por la fuerza y por la presión de ciertos medios, pero no por la eficacia intachable de funcionarios e instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. De eso es responsable Calderón, que no sólo no compuso el sistema, sino que se encargó de consolidar su descomposición.
  2. Se debe atender a la necesidad no de componer, sino de rehacer completo, el sistema penal mexicano. Este es un momento crítico, en el que las instituciones actuales están dando señales claras de agotamiento. Porque si bien el caso Cassez puso en evidencia las torceduras de un gobierno que quiso aplicar la justicia según la conveniencia o el momento político, en general este asunto también demuestra que todas las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia deben mejorar integralmente. Las Procuradurías no pueden continuar en la misma dinámica actual, de exigir condenas fabricando delitos y forzando la justicia, ante la imposibilidad de hacer un trabajo profesional y capaz de pasar por la revisión de los tribunales a cualquier nivel. Si esto es así, también es claro que los jueces que condenan, en los ámbitos estatal y federal, deben hacer pulcramente su trabajo y dejar de optar porque sea el tribunal de alzada quien finalmente determine las cuestiones polémicas de un asunto.
  3. En ese sentido, es imposible desprenderse del hecho de que aún cuando la Corte hizo un llamado mayor a la recomposición del sistema de justicia, también dejó maltrechos los parámetros sobre lo que es el debido proceso. Ante la resolución del caso Cassez, el Poder Judicial de la Federación debe establecer con toda precisión los parámetros que utilizará para enjuiciar correctamente a los señalados por cometer delitos, pero también, y sobre todo, para evitar que esto se convierta en una puerta de salida, a las calles y la impunidad, para quienes cometieron delitos. Esta cuestión es muy delicada, y sobre ella deberán de trabajar, con todo detalle, aquellos que tendrán la responsabilidad de conducir la justicia a partir de esta decisión histórica.

 

¿Y LOS RESPONSABLES?

  1. En todo esto, es evidente que la responsabilidad por la decisión de la Corte, y por los efectos de ésta, no pueden recaer sólo sobre el Estado. Es cierto que éste, en conjunto, es el responsable de fondo por las violaciones a derechos humanos que cometen funcionarios en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aún cuando la Corte no se pronunció respecto a quién es el responsable por la violación a los derechos de Cassez —que, en el fondo, derivaron en su liberación—, sí es indispensable que a partir de ahora se haga un pronunciamiento serio, de Estado, y es que exigido y que merece la sociedad mexicana, sobre quién fue, cómo, por qué, en qué momento, y con qué objeto, se violentaron los derechos de la francesa para forzar un juicio condenatorio. También debe haber justicia en eso, sobre lo que hasta ahora se ha guardado silencio. Es claro que los mexicanos, y más las víctimas directas de la banda de secuestradores a la que pertenecía Cassez, tiene el derecho pleno no sólo de saber que el Estado es responsable por esto, sino también de quiénes en específico fueron los responsables de que, al final, la presunta secuestradora esté de regreso en Francia gozando de una libertad plena.
  2. A partir de ahora, también será necesario puntualizar qué situación jurídica tendrá Cassez. Porque no es menor el hecho de que la Corte se haya pronunciado por dejarla en libertad en virtud de los derechos que le fueron violados mientras estuvo en calidad de procesada, sin entrar nunca a la discusión de fondo relativa a si estaba probada o no su responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. A muchos mexicanos ofendió gravemente el hecho de que Cassez fuera recibida en Francia como una auténtica heroína, inocente, cuando en  realidad la Corte nunca discutió ese tema y tampoco se pronunció al respecto en ningún momento. Finalmente, si los franceses quieren venerar a una secuestradora, ese es problema de ellos y su moral y su política. Pero en México es indispensable que esa cuestión se puntualice lo más posible.
  3. Al final, todo esto debe llevarnos a un nuevo momento fundacional. El sistema electoral sólo comenzó a funcionar cuando tocó fondo, y todos coincidieron en que era prioridad reformarlo a fondo para hacerlo confiable y garante de los derechos políticos de la ciudadanía. Eso mismo debe pasar con las instituciones de justicia. El mensaje de “nunca más otro caso así” por el que el miércoles se pronunció la Corte debe ser una oportunidad para el replanteamiento total, y no para que se termine de perder la confianza en las instituciones.

 

¿Y LAS VÍCTIMAS?

Un lugar preponderante deben tener las víctimas, que fueron revictimizadas con este caso. ¿Las revictimizó la Corte? No. Lo hicieron quienes, desde la PGR, llevaron tan mal el proceso contra la francesa, que ahora, por esos errores, ella alcanzó su libertad. Son dobles víctimas. Por el secuestro, y por la impunidad. Por eso no es la Corte, sino el sistema de justicia, sobre quien debe pesar la condena generalizada de los mexicanos.

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