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+ ¿Cómo querer que legislen cuando ellos lo niegan?
A la memoria de mi padre,
Ismael Humberto Ortiz Romero.
Es contradictorio —por no decir que un auténtico insulto a la inteligencia— que los profesores de la Sección 22 del SNTE exijan que tanto el Congreso, como el Gobernador del Estado, conozcan y discutan el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), pero que al mismo tiempo mantengan un amague abierto con la movilización y el paro indefinido de labores, e insistan en el cerco que instalaron desde hace varios días en el Recinto Legislativo de San Raymundo Jalpan.
En efecto, esas acciones son contradictorias no sólo desde el punto de vista del pragmatismo, sino incluso de la formalidad que pretenden dar a su Plan como alternativa viable para la educación pública en el Estado. Los profesores de la Sección 22 han manifestado no su ánimo, sino la exigencia, de que el PTEO sea discutido a los más altos niveles del sector público en la entidad.
Pero al mismo tiempo han demostrado, con hechos, no confiar en sus interlocutores. En esas condiciones cualquier diálogo democrático se hace imposible, y todo se intercambia por un grosero intento por doblegar al Gobierno y al Congreso, con tal de ver cumplida —a fuerzas— una pretensión que ni ellos saben si es viable legal, constitucional, económica, política y académicamente, en una entidad como la nuestra.
¿Por qué los maestros exigen diálogo? Porque, en la práctica y en la teoría, no tienen otro camino para conseguir su reforma más que la aparente “civilidad”. Por esa razón, los profesores han llamado al gobierno estatal y al Congreso del Estado para que conozcan a fondo el PTEO, y para que analicen todas las posibilidades de darle el reconocimiento debido en la Constitución, dotarlo con la fuerza de la ley, y finalmente aplicarlo en todo el sector educativo de la entidad.
Sin embargo, en todo esto no sólo cuenta el qué, sino también el cómo. Ahí es donde está el problema. Pues la civilidad que en apariencia han demostrado los trabajadores de la educación al elaborar un proyecto de ley, y presentarlo ante el Poder Legislativo para que sea discutido (recordemos que el artículo 50 de la Constitución local faculta a cualquier ciudadano a presentar iniciativas de ley), no es sino una pose que únicamente ha servido para darle forma legal a sus actos.
Fuera de eso, todo ha sido un abierto amague. ¿Por qué? Porque aparejadamente a su “acto constitucional” de presentar un proyecto de Ley, los señores profesores han amagado al gobierno estatal (y todos sabemos que sí son capaces de hacerlo) con parar labores y llevar a cabo movilizaciones masivas, y tomó unilateralmente la decisión de cercar el Poder Legislativo e impedir todo trabajo en la sede formal del Congreso del Estado.
En esas condiciones, se pierde toda la civilidad y las buenas formas que los profesores oaxaqueños intentan hacer creer que han tenido… y se presentan de cuerpo entero como los totalitarios intolerantes que sólo pretenden hacer valer su verdad negando cualquier posibilidad real de diálogo, y todo intento por generar condiciones democráticas para una reforma educativa de gran calado.
Y si eso es algo ya de sí grave, lo es todavía mucho más que, en su intento, los trabajadores de la educación estén negando toda posibilidad de un gran acuerdo que permita el tránsito de una reforma educativa en la que de verdad estén involucrados los profesores, las autoridades, los padres de familia, los alumnos y la ciudadanía en general.
¿DIALOGANTES O VERDUGOS?
La espada de Damocles pende sobre todos en Oaxaca. En su intento por legitimar el PTEO, los maestros parecen estar dispuestos a generar todas las condiciones que sean necesarias, no para llegar a una conclusión que deje satisfechos a todos los involucrados, sino para demostrar que es únicamente su verdad la que vale en la educación en la entidad.
Quizá en eso se funda su intento por deslegitimar a sus interlocutores. Sólo en un mundo de locos, como Oaxaca, podría pensarse que es posible que un poder fáctico como la Sección 22 exija la realización de un acto constitucional —la legalización y/o constitucionalización de un planteamiento específico a través del proceso legislativo— a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que al mismo tiempo los descalifique sistemáticamente e incluso impida su funcionamiento en las condiciones democráticas mínimas que debían existir para el reconocimiento de un plan educativo, en sus dichos tan bondadoso, como dicen que es el PTEO.
Eso mismo ocurre frente a la sociedad. Pues los profesores oaxaqueños aseguran que la reforma constitucional federal en materia educativa no tomó en consideración a todos los ciudadanos y actores sociales involucrados. Pero ellos están haciendo exactamente lo mismo respecto a su plan. En palabras sencillas, ellos lo único que han dicho es que tal plan es la verdad indiscutible en la entidad. Y que por esa razón debe ser aprobado tal cual, sin ningún tipo de adicionamiento o cuestionamiento por parte de los expertos, de la ciudadanía, de los legisladores, del Gobernador o de los mismos trabajadores de la educación que no necesariamente están de acuerdo con el PTEO.
Por todo eso, cabe la pregunta de si los maestros son de verdad agentes dialogantes o verdugos de la educación y la paz en Oaxaca. ¿Cómo justificar que sus planteamientos y sus decisiones son los más claros, cuando al mismo tiempo asumen el amague como la parte oscura de su negociación? ¿Cómo querer que la ley se consolide, y se cumpla, cuando en el camino que ellos mismos están trazando no hacen otra cosa más que romperla y cuestionar su imperio?
Por eso la espada de Damocles pende sobre todos. Moverse no es opción. No hacerlo, tampoco. Pues aquí las únicas dos opciones son, o reforma a capricho de los profesores, sin que nadie pregunte, y bajo su amague; o un conflicto que sólo afectaría más a la ya muy maltrecha educación pública en el Estado.
ILEGALIDADES
Más allá de los caprichos, en el PRI tienen un gravísimo problema para legalizar sus decisiones: los cambios en su dirigencia anunciados ayer tienen serias dudas sobre su legalidad, si se miran desde la lógica de que el Comité Directivo Estatal no tiene Presidente y Secretario General, sino sendos encargados, y que sus relevos los han hecho con la sola fuerza de los acuerdos políticos, pero sin ninguna forma legal. No aguantarían una impugnación ante los tribunales electorales. Seguro.
