Magisterio: con el aval del Estado, están muy al margen de la ley

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+ Vicios, de años; solución debe ser conjunta

 

Si una persona de otro país viera el grado de beligerancia del magisterio oaxaqueño, seguramente pensaría que no sólo en Oaxaca, sino en todo el país, se vive una situación de Estado fallido. En los más de 30 años que lleva la lucha magisterial, el Estado en conjunto le ha permitido a los profesores una serie de tropelías que hoy son tomadas como cosa de todos los días. Cualquier arreglo de fondo con el magisterio en Oaxaca tendría que comenzar, necesariamente, por no volver a permitir eso que para nosotros es algo ya casi cotidiano.

En efecto, si hacemos el recuento invariablemente debemos comenzar por los paros de labores a los que recurrentemente acude la Sección 22 para llevar a cabo sus movilizaciones, protestas y plantones. ¿Qué figura legal protege al “paro de labores”? jurídicamente, ninguna. Pues todavía hay quien confunde las acciones magisteriales con lo que conocemos como una huelga.

Y una huelga, según la ley, consiste en la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores que tiene por objeto, entre otros, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción; obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión; obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el período de su vigencia; o exigir la revisión de los salarios contemplados en su contrato de trabajo.

¿Los maestros oaxaqueños caen en alguno de esos supuestos? Evidentemente, no. Ellos decretan sus paros fundados únicamente en su fuerza política y en su capacidad numérica. Nunca han llevado a cabo una sola movilización, ni actividad de presión, ni paro, fundado en el reconocimiento a su derecho de huelga que podría hacer sobre ellos la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, o a la legitimidad de sus demandas fundadas en la ley. Si en algún punto comienzan las torceduras en la relación magisterio-gobierno, esto es en el hecho de que tanto el gobierno federal como el de Oaxaca, históricamente le han reconocido a la Sección 22 un derecho fáctico a la realización de paros (porque no constituyen huelga), y ha tomado esos paros ilegales como punto de partida para negociaciones de todo tipo.

No obstante, junto a los paros hay otros aspectos colaterales. ¿Si los paros son ilegales, y si su lucha es tan democrática como aseguran, entonces los profesores de la Sección 22 corren con la carga de los días de salario que se les descuenta cuando no van a trabajar? La respuesta también es no. Los profesores oaxaqueños reciben su salario anual íntegro, a pesar de que no completan ni las dos terceras partes de los días efectivos de clase que contempla el calendario oficial, y de que no permiten ningún tipo de evaluación que corrobore sus conocimientos.

Ahora bien, vayamos al tema de los plantones y las movilizaciones magisterial que recurrentemente se tornan violentas, pero sobre las cuales exigen respeto fundados en lo que dice la Constitución al respecto. ¿Qué dice la Carta Magna al respecto? En la fracción II del artículo 9 de la Constitución federal, se establece que “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

¿De veras son así las protestas magisteriales? ¿De verdad debe considerarse como legal un conjunto de actos que ciertamente están destinados a realizar una protesta, pero que están hechos sobre la base de la afectación a terceros, y que además de la violencia que se ejerce, tienen como objeto no hacer valer un derecho, sino esencialmente protestar contra la autoridad y presionarla quebrantando el orden, la gobernabilidad y hasta las reglas básicas de la urbanidad?

 

CACHORROS DE LA ILEGALIDAD

La situación de los normalistas es aún más compleja. Pues estos ni siquiera tienen la calidad maestros (es decir, de empleados del gobierno), y ya llevan a cabo protestas tanto o más violentas que los profesores en activo. ¿Por qué lo hacen?

Porque ellos consideran que siendo tanto o más radicales que los profesores, y llevando a cabo acciones “contundentes”, se encuentran en posibilidad de congraciarse con su dirigencia magisterial. Buscan todo eso, porque aunque pareciera contrario a toda lógica, es el sindicato magisterial y no la autoridad educativa, quien tiene en sus manos la posibilidad de otorgar mejoras salariales y de condiciones de trabajo para los nuevos profesores. Los normalistas, por eso, ven en el radicalismo, un “área de oportunidad” a partir de la cual pueden iniciar su vida laboral en mejores condiciones que sus compañeros que no tienen interés en estar bien con la dirigencia magisterial.

¿Y sobre la contratación automática? Ésta podría ser bien recibida, y bien aceptada por la ley y por todos, si ese pase automático fuera el resultado de verdaderos años de preparación y esfuerzo por demostrar disciplina, trabajo y conocimientos. ¿Alguien cuestiona, por ejemplo, que los egresados del Heroico Colegio Militar, del Aire o de la Heroica Escuela Naval, sean contratados automáticamente por las fuerzas armadas, y que incluso se les dote de un grado militar? No. Y es así, porque todos saben que quien egresa de esas instituciones se ganó a pulso el grado y el empleo que el Estado le ofrece. ¿Habría algún punto de comparación entre una contratación automática del Colegio Militar y uno de una escuela normal? No. Y, con el perdón de quien pueda sentirse ofendido, es hasta ridícula la comparación.

Los grandes males de la relación Estado-magisterio debe comenzar a ser resueltos por temas como éstos. No se puede esperar ninguna legalidad ni respeto, cuando lo que se ha promovido durante tres décadas ha sido exactamente lo contrario. El gobierno federal y el del Estado deben entender que el principio de todo está ahí. Para dar soluciones de fondo.

 

EL CARGO Y LA VERGÜENZA

Hay un dicho que recientemente es muy recurrido en la política local. Dicen que hoy, a quienes andan en política, el cargo les puede durar tres años, pero que la vergüenza les va a durar toda la vida. El problema es que nadie lo toma en serio. O nadie tiene vergüenza, o a nadie le importa el grado de devaluación que tiene hoy el ejercicio político en la entidad.

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